Un cúmulo de denuncias sobre las anomalías que se han  registrado durante lo transcurrido de la emergencia. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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En esta preocupante situación de pandemia mundial, Colombia sobrepasó los siete mil infectados, con más de 300 muertes registradas hasta el momento. Es por ello que se han implementado algunas medidas de prevención: lavado frecuente de manos, la desinfección de lugares públicos y la identificación del origen de infección.

En esta etapa la desinformación, la irresponsabilidad de muchos funcionarios, así como la contradicción entre las medidas locales y nacionales fue la regla. Después, vino la fase de contención, con medidas importantes: la declaración de emergencia en todo el territorio nacional; el cierre de fronteras terrestres y aéreas; el cierre de escuelas y universidades públicas y privadas; el toque de queda para personas mayores de 70 años y menores de edad; y un número importante de medidas sanitarias de desinfección de lugares públicos.

A diferencia de lo que ha pasado en otros países, en donde se respetan los protocolos de emergencia sanitaria y se toman medidas financieras de soporte a la crisis, en nuestro país las cosas no marcharon como debieran: falta de ética importante de parte de muchos funcionarios públicos que se han aprovechado de los recursos de la crisis; muchos no han sabido reaccionar frente al hacinamiento; falta de control en lugares públicos, control de playas y establecimientos públicos; poco control de los infectados en cuarentena; falta de camas de cuidados intensivos, medicamentos y respiradores; escasez de tapabocas y guantes en látex; y pruebas de infección escasas. Todas ellas han sido  denuncias constantes. Las medidas económicas de protección a los más vulnerables apenas llegan.

Después llegó la etapa de mitigación, que pretende ocuparse de las personas infectadas que no tienen relación con los casos iniciales de contagio. Una vez más se presentan problemas con la compra masiva de kits para realizar pruebas, que en muchos países no han servido de mucho por ser de mala calidad o inocuas. Del mismo modo, la demora en la implementación de hospitales de emergencia, la contradicción en las estadísticas y la falta de pruebas masivas son denuncias que ha venido haciendo constantemente el Ministerio Público y el resto de entes de control. Las contradicciones entre las medidas locales y nacionales siguen al orden del día.

Denuncias

En este complejo panorama, el Procurador General de la Nación ha denunciado en diferentes medios de comunicación que no se cumplieron adecuadamente los protocolos de control sanitario en algunos aeropuertos del país y en pasos de frontera terrestre; que las estadísticas no son sino de personas contagiadas que deciden buscar ayuda y no de los portadores, que son la mayoría.

En la misma dirección, desde el principio de la crisis, el Contralor General de la República denunció que 93% de los aeropuertos de país tuvieron deficiencias de control para evitar el masivo coronavirus. Ello, aunado a la falta de control de los turistas, frustró una gran oportunidad de contención del virus. Lo que generó una petición al Gobierno nacional por parte de un grupo importante de parlamentarios (70) para el cierre de los aeropuertos internacionales del territorio nacional y una medida de emergencia en todo el territorio nacional. Recientemente se denunció que pruebas realizadas en todo el territorio nacional tienen graves deficiencias de registro, así como las pruebas masivas de control del contagio, lo que pone en el ojo del huracán a muchas autoridades tanto locales como nacionales.

Estas múltiples denuncias han sido registradas por la prensa nacional y por los entes de control, mostrando una falta de ética pública, así como un grave irrespeto de los derechos de las personas sospechosas de portar el virus: anuncios gubernamentales de prohibición de ingreso de extranjeros, cuando muchos de ellos se encontraban en pleno vuelo; cierre de fronteras terrestres de un día para otro sin darles tiempo de reaccionar a los ciudadanos extranjeros o colombianos que venían en camino de lejanas ciudades en otros países, o se encontraron atrapados en otras naciones; hacinamientos de extranjeros en el aeropuerto internacional El Dorado para la toma de temperatura o el registro de su ingreso; falta de control de muchos extranjeros que provienen de países en alto riesgo de contagio; falta de atención en las fronteras por parte de las autoridades locales para socorrer a niños, ancianos y mujeres embarazadas, que buscan las fronteras tras días enteros de camino sin comer, sin asearse y empapados por la lluvia o por el agua de  los ríos o empinadas montañas, en noches de intenso frio o sofocante calor.

En la actualidad el hacinamiento y contagio en centros hospitalarios y de reclusión no permiten un adecuado control y seguimiento. Además, la falta de organización para la distribución de alimentos a los beneficiarios del PAE y las denuncias por la desordenada información para los beneficiarios de ayudas económicas para los estratos uno, dos y tres, son el pan de cada día. Es como si muchos funcionarios públicos se hubieran puesto de acuerdo para aprovecharse de los recursos de los más desfavorecidos en la actual situación de desorden institucional y caos normativo.

El llamado

Ante este angustioso panorama de desorden e improvisación, el procurador general Fernando Carrillo Flórez ha reiterado que las medidas de control adoptadas por el Gobierno nacional son bienvenidas pero que hace falta una mejor planeación y organización para que las autoridades administrativas asuman sus responsabilidades en época de emergencia sanitaria.

Al respecto, el Procurador trata de dar ejemplo ético para que sus funcionarios se movilicen y contrarrestar la grave crisis derivada de la pandemia. Bajo sus órdenes, el personal del Ministerio Público ha sido desplegado por todo el país, verificando y exigiendo que los protocolos se cumplan para respetar los derechos de los ciudadanos. Pero también se han adoptado en la institución de control otras medidas que servirán de muralla para contener un mayor contagio: abriendo líneas telefónicas de atención prioritaria de atención al ciudadano; adoptando medidas especiales de atención virtual a los afectados por la desatención de la emergencia sanitaria; poniendo a disposición de los municipios más alejados el PGN Móvil para atender las denuncias de las personas interesadas en la protección de sus derechos; denunciando a los establecimientos públicos de salud que abusen del precio de los medicamentos o la venta de elementos necesarios para contrarrestar el virus; además de un instructivo de trabajo en casa para que sus funcionarios disciplinarios puedan realizar mejor y más rápido posible sus diligencias de intervención judicial, conciliación prejudicial, audiencias de arbitraje y controles disciplinarios.

Por último, el director del Ministerio Público lidera con los otros entes de control una histórica cruzada contra la corrupción en el manejo de los recursos destinados a los más desfavorecidos y afectados por la pandemia del coronavirus… Porque, como dice el Procurador, “tres gatos cazan más que uno”. Todo ello con la intención de imponer al fin la cultura de la ética pública en todo el territorio nacional.

* Procurador Judicial II para Asuntos Administrativos.

Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia