Lo que está en el fondo de las protestas, más allá de las agendas específicas de las asociaciones que llamaron al paro, es la defensa de esas instituciones democráticas. Nueva entrega de alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General 

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Esta semana ha pasado algo que no había ocurrido antes en Colombia. Lo que empezó como un día de paro nacional común y corriente se convirtió de repente en una semana de manifestaciones de ciudadanos indignados, protestando principalmente por el propio derecho a protestar en libertad y en paz. Esta expresión espontánea de defensa de la democracia, en los barrios de varias ciudades del país, con cacerolas, con música, bailes y arte, está motivada por las mismas ideas liberales que las revoluciones francesa y estadounidense y que la primavera árabe, entre otras movilizaciones. Ideas básicas que están en el origen de la democracia y del Estado constitucional: libertad de opinión, expresión y reunión,  manifestación pacífica, resistencia y llamado de atención cuando el Estado se excede en el uso del poder o sus agentes se salen de línea.

Sin embargo, en esos ejemplos históricos se trataba de regímenes autoritarios que estaban pidiendo un giro hacia la democracia. En Colombia ya tenemos, al menos en el papel, una democracia y una Constitución; lo que está en el fondo de las protestas, más allá de las agendas específicas de las asociaciones que llamaron al paro, es la defensa de esas instituciones democráticas que fueron escogidas como el parámetro de bien común en la Asamblea Constituyente de 1991. Por tanto, el asunto no es el cambio de esas reglas de juego. A diferencia de otros países de América Latina, en Colombia no se trata de que estas hayan fallado y por eso no tiene sentido hablar de cambiar la Constitución, simplemente, se la quiere hacer respetar. Esta manifestación, en el fondo, se trata de una defensa de la ética pública por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con diversos teóricos políticos, la ética pública es la definición de aquello que se considera bueno para la sociedad y que se plasma en reglas de juego democráticamente construidas y en el contrato social, que en el siglo XX se vuelve un contrato universalizable alrededor de los derechos humanos como ideal de justicia y bondad expresado en las constituciones democráticas.

Así, los servidores públicos actúan de acuerdo con la ética pública cuando respetan la Constitución. También hay una ética cívica que conlleva las responsabilidades de ser ciudadano; no solamente las obligaciones consignadas en la ley, sino aquellas que garantizan que los actos no solo no hagan daño a los demás, sino que, en lo posible, ayuden a los menos favorecidos. Respetar las reglas, mostrar consideración, crear espacios de debate democrático en los que todos puedan expresar sus opiniones sin censura, defender las libertades y defender el patrimonio común son expresiones de esta ética en la esfera pública. No encerrarse en la esfera privada y amurallarse para disfrutar de privilegios que otros no tienen, también.

Estado de derecho

De acuerdo con el politólogo Guillermo O’Donnell, el estado de derecho es un pilar básico de la democracia. Este incluye derechos políticos, libertades civiles y mecanismos para enfrentar y corregir los abusos de poder por parte del Estado. Este estado de derecho debe estar defendido por una rama judicial fuerte e independiente que tenga la capacidad de juzgar y sancionar a quienes cometieron esos desmanes. Uno de los derechos constitucionales reconocidos en Colombia y refrendados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia es el de la protesta. Reprimir la protesta es anticonstitucional y antidemocrático, pero de acuerdo con esta argumentación es también antiético.

El pluralismo democrático significa que los ciudadanos en una democracia deben poder estar en desacuerdo unos con otros y con el gobierno, deben poder opinar y expresar su descontento de manera pacífica, deben poder criticar al poder. Eso es lo que fundamentalmente diferencia a una democracia de un régimen autoritario, más allá de las elecciones periódicas, libres y competitivas.

En la historia de la democracia, la protesta social fue fundamental para ganar los derechos y garantías que ahora damos todos por sentados; no se puede desconocer el papel de la movilización social y la ciudadanía activa en este proceso. El común denominador de las protestas en las democracias contemporáneas es, en palabras de la teórica política Chantal Mouffe, la democracia misma y las instituciones políticas liberales. Una ciudadanía activa a la que se le permite expresarse es una señal de buena calidad de la democracia. Un gobierno que respeta las reglas del juego y permite el disenso demuestra fortaleza y confianza en las instituciones.

Las cacerolas piden que no se pase por encima de las instituciones políticas que forman un consenso social sobre lo bueno. Piden que, si el Estado se excedió en el uso de la fuerza, se acuda a las instituciones judiciales para identificar a los responsables y se los separe de su cargo, por no haber respetado las reglas del juego. También que se juzgue a los particulares que hayan transgredido normas. La ética exige que todos los usos de la violencia por fuera de la ley sean sancionados y tratados con la misma seriedad, sin importar de dónde vengan. Cuando el Estado asume que está por encima de la ley, la democracia peligra y la ética pública colapsa.

En la teoría del Estado, este tiene el monopolio de la violencia legítima, pero definitivamente no es legítima la violencia arbitraria contra manifestantes pacíficos que ejercen su derecho político a tener voz. Si no se entiende este punto fundamental, no se entiende el ámbito de lo político.

Lo nuevo, lo refrescante, lo admirable este noviembre, es que los ciudadanos de todas las clases salgan en multitud a la calle a recordar estos principios del sistema político, que vuelvan a salir día tras día o agiten sus cacerolas desde sus ventanas y que pidan una y otra vez una respuesta de defensa de la democracia y de la Constitución, que exijan justicia por los abusos cometidos, y de paso, que expongan sus otros reclamos sociales, económicos y ambientales. Esa ciudadanía plural y que no se amedrenta ni siquiera con el primer toque de queda en cuarenta años, da una lección de ética pública en todo el sentido de público, comprendido como lo que es de todos, lo que es visible para todos y lo que afecta a todos. 

* Doctora en Gobierno y Administración Pública, Politóloga. Docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia.