Las disidencias de las Farc y el Eln establecieron ‘escuelas’ para ‘formar’ a los menores de edad que reclutan a través de redes sociales o mediante constreñimiento en los planteles educativos y a quienes les ofrecen pagarles $2 millones.

De acuerdo con el jefe nacional del Servicio de Policía, general José Luis Ramírez, los niños y adolescentes son entrenados para que sirvan de campaneros o trabajen en los campamentos.

“La Dirección de Protección y Servicios Especiales, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro Decau, está llevando a cabo tres procesos por la conducta de reclutamiento ilícito en el norte del Cauca, específicamente contra el Eln y el frente 'Dagoberto Ramos', a partir de las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento. En el caso de las Farc, se tiene conocimiento de que fueron entrenados en el sector conocido como Huisito, dentro de la jurisdicción del municipio del El Tambo, Cauca”, dice el general Ramírez.

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Señala que “según la información proporcionada por la Unidad Básica de Investigación Criminal, el reclutamiento se está realizando a través de la difusión en redes sociales, como Facebook, ofreciendo pagos de hasta $2 millones, así como mediante el constreñimiento en planteles educativos por parte de adolescentes ya vinculados a estos grupos armados”.

Explica el oficial que “dentro de las entrevistas realizadas a las víctimas, refieren que una vez reciben entrenamiento por estas estructuras en la ‘Escuela La Guayacana, jurisdicción de Llorente Nariño’, algunos son dejados en este departamento y otros son destinados al Huila y Cauca, a la estructura 'Dagoberto Ramos Ortiz'”.

“Las víctimas indican que se les asignan funciones relacionadas con el servicio de guardia y de campaneros, mientras se supervisa su desempeño en estas actividades, con el fin de generar confianza dentro de la organización y así asignarles roles más importantes”, añade el general Ramírez.

Recordó el oficial que “el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados plantea una seria preocupación en términos de derechos humanos. Esta práctica flagrante constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe explícitamente la participación de menores en el conflicto armado. Una sentencia clave de la Corte Constitucional (la C-240/09) valida la importancia de penalizar este reclutamiento, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, subrayando la necesidad de proteger a los menores de edad en situaciones de conflicto”.

Agregó que “además de las normativas internacionales, la legislación nacional colombiana también aborda esta problemática en el Código Penal, estableciendo sanciones severas para quienes perpetren actos de terrorismo contra la población civil y/o recluten ilícitamente a menores en conflictos armados. Las penalizaciones asociadas a estas conductas resaltan la gravedad de los crímenes cometidos y la determinación del Estado para proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas. En resumen, el reclutamiento forzado de menores en conflictos armados constituye una violación tanto al DIH como a la legislación penal nacional e internacional, y es crucial mantener un enfoque firme en la protección de los derechos de la infancia en todo momento”.

Denuncias

En relación con las denuncias de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en el sentido de que en los últimos cuatro años el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc ha reclutado a 817 menores de edad, dijo que “es importante señalar que la Defensoría del Pueblo Regional Cauca está actualmente llevando a cabo un proceso de consolidación de datos sobre los casos de reclutamiento forzado. El propósito de esta iniciativa es identificar la cantidad de casos que han sido abordados por la Jurisdicción Especial Indígena y cuántos han sido conocidos por la justicia ordinaria”.

Asimismo, frente a las denuncias de que las disidencias de las Farc EMC y Segunda Marquetalia han convertido algunos municipios del Cauca en su centro de operaciones al margen de la ley y financieras, señaló que “después de una exhaustiva verificación de los sistemas de información de la Policía Nacional, no se han encontrado denuncias que indiquen la presencia de centros de operaciones de actividades ilícitas y financieras de los grupos GAO en el departamento del Cauca”.

Con respecto a la presunta existencia de una pugna entre las disidencias de ‘Iván Márquez’ y de ‘Iván Mordisco’ por el control de los llamados corredores de movilidad para el narcotráfico y otras actividades criminales, aseveró el general Ramírez que “de acuerdo con los resultados de investigaciones y fuentes abiertas, se ha constatado que en el departamento del Cauca los grupos al margen de la ley se encuentran inmersos en una disputa territorial. Esta disputa tiene como objetivo el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. Es relevante destacar que esta información ha sido ampliamente difundida a través de diversos medios de comunicación y redes sociales de las estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’ de la Segunda Marquetalia y alias ‘Iván Mordisco’ del EMC”.

Explicó que “de acuerdo con la Apreciación Crítica de las Capacidades de la Amenaza (Accam), a la fecha no se cuenta con influencia de las estructuras del ‘Clan del Golfo’ en el departamento del Cauca”.

Imposición de normas

También dijo que “a la fecha y tras consultar los sistemas de información pertinentes, no se ha registrado ninguna denuncia relacionada con la imposición de normas y la aplicación de la pena de muerte por parte de grupos al margen de la ley. Sin embargo, durante los procesos investigativos llevados a cabo por el Cuerpo Élite y el grupo de Homicidios, se ha identificado una de las principales hipótesis y motivaciones detrás de los ajusticiamientos: las discrepancias con las reglas establecidas de convivencia, el control social y las aspiraciones de los integrantes de los grupos armados organizados (GAO)”.

Explicó que “por parte del Departamento de Policía Cauca, se informa que, una vez verificada la base de datos, se registran 71 hechos denunciados, así:

• 38 casos extorsión modalidad digital, donde se están llevando procesos investigativos para determinar si son llamadas originadas desde centros carcelarios o desde otros departamentos.

• 33 casos extorsión modalidad clásica, donde se llevan procesos investigativos aperturados por la Fiscalía 04 Especializada, para determinar la procedencia de los mismos y lograr el esclarecimiento de los hechos presentados, con el fin de impactar de manera positiva en el departamento del Cauca, generando con ello la reducción del flagelo de la extorsión. Así mismo, por parte de la Fuerza Pública se adelantan labores preventivas y de verificación de posibles cargas explosivas, sobre las pancartas alusivas a los grupos armados instaladas sobre las vías públicas, conforme al protocolo establecido; de igual manera, ante la circulación de panfletos o escritos físicos, se activa la ruta para determinar la veracidad o falsedad de los mismos, que permita enrutar las investigaciones correspondientes o toma de decisiones del mando”.

Finalmente, el general Ramírez indicó, en relación con las denuncias de algunos campesinos de que los integrantes del EMC de las disidencias de las Farc deambulan libremente e incluso vigilan la presencia de policías y militares con drones, que “lo primero que cabe señalar es que dentro de los estatutos guerrilleros se incluyen acciones de inteligencia dirigidas a integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, las cuales son llevadas a cabo por los llamados milicianos, quienes forman parte de la red de apoyo a estructuras residuales, y son consideradas como acciones propias de la guerrilla. Además, se cuenta con información proporcionada por la comunidad, redes sociales y fuentes humanas que relaciona la presencia y las actividades de inteligencia realizadas por estos grupos armados al margen de la ley”.