Son 104 casos de lavado de activos del narcotráfico, el contrabando o la corrupción, con un valor de 18 billones de pesos, los que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) le entregó a la Fiscalía en 2017.

Las cifras están contenidas en un informe dado a conocer ayer, en el que la UIAF también reveló que recibe mensualmente unos mil reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y que para contrarrestar el tema han hecho alianza que aportan en estas denuncias.

El director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, aseguró que “nosotros recibimos un volumen de reportes de operaciones sospechosas cercano a los mil por cada mes, a través de nuestros once sectores reportantes. Contamos con una activa participación del sector financiero y del sector real que permanentemente nos está vinculando operaciones sospechosas asociadas a este delito”.

Consultado sobre las zonas del país en el que más se han hecho estas denuncias detalló que las regiones con más problemas de este flagelo son el Pacífico y el Eje Cafetero.

Sector financiero

A su turno el presidente de la Asociación bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Santiago Castro, dijo que en el Índice de Percepción de Corrupción de 2017, Colombia cayó cinco puestos, respecto a la medición anterior, ubicando al país, en esta ocasión, en el puesto 96 entre las 180 economías que fueron evaluadas.

Algunos de los factores que incidieron en este resultado fueron: las graves acusaciones de corrupción en relación con el denominado Cartel de la Toga; la baja rigurosidad de las sanciones impuestas por la Corte Suprema de Justicia, el caso Odebrecht; el escándalo de los denominados Panamá Papers; y los escándalos de corrupción de funcionarios públicos; entre otros.

Sostuvo Castro que los diferentes sectores económicos han implementado y ajustado sus políticas internas en cumplimiento con los lineamientos del estatuto anticorrupción, así como de otros estándares internacionales establecidos en la Convención de Mérida y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de prevenir y mitigar los riesgos reputacional, legal y de contagio, derivados de los casos contra la administración privada.

El dirigente gremial dijo que en 2017, de acuerdo con la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), a la región ingresaron mercancías de manera irregular que superaron los 85.000 millones de dólares.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), indicó que, en 2017, el contrabando representó aproximadamente 1 por ciento del PIB colombiano, lo que le constituye una pérdida equivalente al 10 por ciento del total de las importaciones legales del país, impactando con ello el crecimiento agregado de la industria en 14 puntos porcentuales y costándole al estado 1 billón de pesos en impuestos que no se recaudaron.

Las cifras anteriores propiciaron que la ALAC, realizara una serie de recomendaciones para combatir este flagelo en la región: educar al consumidor e incentivar la cultura de la legalidad a través de los impactos económicos y sociales que tiene el contrabando en nuestros países, promover campañas pedagógicas que alerten y concienticen a los consumidores sobre los riesgos adversos para la salud humana, la seguridad e integridad al adquirir y consumir bienes de contrabando, y la necesidad de instaurar un observatorio regional que analice y administre la información sobre prácticas anti contrabando.