Sin acuerdo culminó la reunión de hoy entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg por el millonario contrato de expedición de pasaportes.

A pesar de que ambas partes estuvieron por alrededor de dos horas, no se logró llegar a un acuerdo por el contrato de estos importantes documentos.

Por otro lado, la Procuraduría pidió que la próxima semana se deje por escrito los puntos que quiere resaltar la empresa y que el Ministerio de relaciones exteriores determine cuales se van a aceptar y cuales no, con el fin de agilizar dicho trámite.

La licitación

El 24 de mayo pasado, el secretario general del Ministerio de Relaciones, José Salazar, en calidad de representante legal del Fondo Rotatorio de esta cartera, profirió el acto administrativo mediante el cual ordenó la apertura del proceso de licitación pública No. LP-0001-2023 para “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.

La Procuraduría le puso la lupa a esta licitación debido a los reclamos de algunas de las empresas que participaban, de Colombia, México, Portugal, Francia y Alemania, por supuestas falencias en el proceso para favorecer supuestamente a Thomas Greg & Sons, que ha tenido este contrato en los últimos 16 años.

En mayo pasado, el procurador Delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, advirtió que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores “no ha dado respuesta a una serie de observaciones hechas por el Ministerio Público y que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación”.

Indicó, además, el órgano de control que la Cancillería tampoco ha dado respuesta a las empresas participantes que también hicieron observaciones relacionadas con criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones.

Como consecuencia de las observaciones del órgano de control, la Cancillería en junio pasado suspendió esta licitación, “con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas”, explicó dicho Ministerio.

Posteriormente, el 31 de julio, por segunda vez la Cancillería suspendió la licitación, días después de que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca radicaran una acción popular porque para la persona que la presentó, los términos que se exigían a los proponentes vulneraban la libre competencia.

El pasado 17 de agosto, la Contraloría General también llamó la atención sobre este asunto, pues tras hacer un seguimiento alertó que “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

Dijo que entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

El pasado 13 de septiembre, la Cancillería decidió declarar desierta esta licitación y abrir un nuevo proceso; al tiempo que declaró la urgencia manifiesta con el fin de poder hacer un contrato de manera directa por un año y, así, evitar una parálisis en el servicio de pasaportes.