Por presuntas irregularidades contractuales en la construcción del Megacolegio Mía Fase II, la Procuraduría General de la Nación les formuló pliego de cargos a Zulia Mena, exalcaldesa de Quibdó, y a Andrés Samir Bejarano, exsecretario de Infraestructura de la capital chociana.

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público, el contrato número 369 del 30 de diciembre de 2013, suscrito con el Consorcio INCO, tenía por objeto “realizar a precio global fijo, la construcción del Megacolegio Mía del Municipio de Quibdó Fase II”, en un plazo de ejecución de 14 meses.

La Procuraduría le reprocha a Mena y a Bejarano el haber desconocido los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública, al celebrar el convenio, al parecer, sin estudios previos completos.

La obra fue suspendida 540 días ante la necesidad de un rediseño estructural en el edificio de servicios, porque los primeros estudios no determinaron la estabilidad del terreno ni la profundidad de excavación necesaria para evitar problemas con la estructura, por las fuertes y frecuentes precipitaciones ante el aumento del nivel del río Atrato; no se contaba con planos completos, y se reajustaron los diseños de las instalaciones hidrosanitarias, todo durante la ejecución de la obra y no antes de esta.

Señala el ente de control que la obra tuvo un valor inicial de 13.296.351.233 pesos, pero que al parecer, la planeación insuficiente adelantada por Mena conllevó a que la administración actual, durante la vigencia 2017, adelantara una nueva contratación por más de 6.000 millones de pesos para adecuar y mejorar la Fase II del megacolegio.

La Procuraduría busca establecer la presunta responsabilidad de los servidores públicos quienes posiblemente, omitieron sus deberes y funciones, al no contar con estudios previos serios, adecuados y completos para celebrar el contrato. La falta fue calificada provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Ese colegio fue inaugurado el 28 de noviembre por la entonces ministra de Educación, Gina Parody. En ese momento se dijo la primera fase que se inauguró beneficiaba a 1.200 niños, niñas y jóvenes que estudiarían en tres jornadas y al finalizar la segunda etapa el megacolegio atendería 4.500 estudiantes en las tres jornadas.

Otras determinaciones

De otra parte, la Procuraduría también informó sobre la citación a audiencia pública por las presuntas irregularidades que en la inscripción de la renovación de la junta directiva del Consejo Comunitario Mayor de Comunidades Negras de Certegui (Cocomacer) habrían incurrido la alcaldesa de ese municipio Lina Patricia Moreno y su secretario de Gobierno, Sigfrido Waldo Londoño.

La Procuraduría Regional del Chocó encontró que Moreno y Londoño, al parecer de manera injustificada, no tramitaron el acta de la Asamblea General de Consejos Comunitarios Locales, realizada el 11 de diciembre de 2016 y presentada el 16 del mismo para la renovación de Cocomacer.

El ente de control calificó provisionalmente la falta de los disciplinados Moreno y Londoño como grave a título de culpa grave, porque probablemente trasgredieron sus deberes funcionales, y porque presuntamente vulneraron los derechos étnicos y territoriales de estas comunidades.