Por presuntamente influir en el manejo de personal y de contratos de prestación de servicios en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Procuraduría abrió este martes indagación preliminar a diez parlamentarios y exparlamentarios.

Se conoció que en los próximos días podrían ser vinculados más legisladores de acuerdo con el desarrollo de la investigación que se adelanta.

Los actuales parlamentarios a quienes el Ministerio Público les abrió investigación preliminar son los senadores Julián Bedoya (Partido Liberal), Maritza Martínez y Miguel Amín (Partido Social de Unidad Nacional, La U), así como los representantes Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador), Sara Elena Piedrahita (La U) y Eloy Quintero (Cambio Radical).

También la Procuraduría General de la Nación les abrió indagación preliminar por estos hechos al exsenador Manuel Guillermo Mora (La U) y los exrepresentantes Elda Lucy Contento, Hernán Penagos (La U) y Argenis Velásquez (Partido Liberal).

Desde febrero del presente año, la Procuraduría General de la Nación adelanta estas investigaciones en el SENA ante las denuncias que se han presentado por las presuntas irregularidades en las últimas administraciones en materia de contratación, manejo de personal y de contratos de prestación de servicios.

Precisamente por esos días el Ministerio Público hizo la mención a la existencia de una nómina paralela que se habría creado con fines electorales en el SENA. Se trata de unas denuncias por una contratación “de una típica nómina paralela en el SENA”, explicó en esa oportunidad el procurador Fernando Carrillo, quien señaló que por estos hechos se abrieron diecisiete investigaciones disciplinarias en diez departamentos del país.

En esa ocasión el Procurador General de la Nación anunció que los contratos de prestación de servicios que estaban en entredicho serían suspendidos en doce departamentos. “Vamos a proceder cuando ello sea necesario a la suspensión de los directores regionales del SENA que se prestaron para esta nómina paralela”, precisó.

Asimismo añadió que “no es tanto el monto (de los contratos), es lo que representa la contratación de una persona para que cumpla una función electoral con fines partidistas, con patrimonio público”.

De igual forma, el Grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación encontró evidencia de que la contratación por prestación de servicios personales en el SENA, pasó de los 20.000 contratos antes del inicio de la restricción de contratación directa por la Ley de Garantías Electorales, previa a los comicios legislativos y presidenciales de este año.

Dentro de la información que se encuentra en manos de la Procuraduría General de la Nación está una auditoría de la Contraloría General de la República que estableció 161 hallazgos administrativos en el SENA, de los cuales cinco tienen alcance fiscal por 804.997 millones de pesos, uno con solicitud de indagación preliminar, 75 hallazgos con posibles alcances disciplinarios, tres con presunto alcance penal, y nueve con otra incidencia.

Participación en política

En febrero pasado el Procurador General de la Nación abrió una indagación por la indebida participación en política en nueve regionales del SENA. En esa ocasión se ordenó trasladar copias de lo actuado con destino a la Procuraduría Auxiliar en Asuntos Disciplinarios para evaluar la conducta a los entonces congresistas: Argenis Velásquez, representante a la Cámara por Putumayo; Liliana Benavides, representante a la Cámara por Nariño; Julián Bedoya, representante a la Cámara por Antioquia; Hernán Penagos, representante a la Cámara por Caldas; y los senadores Myriam Paredes (Partido Conservador) y Manuel Guillermo Mora.