El ministro de Defensa, Diego Molano, habló este miércoles sobre las declaraciones del sargento retirado del Ejército, Sandro Mauricio Pérez, por los casos de falsos positivos ante la JEP.

Durante su pronunciamiento en Neiva, el jefe de la cartera lamentó los hechos ocurridos contra la población civil y dejó claro que los involucrados deben responder por sus crímenes.

“Son unos individuos que pertenecieron al Ejército Nacional que mancharon el honor del uniforme y deberán asumir la responsabilidad”, dijo Molano.

Agregó que “el Ejercito Nacional siempre ha respetado la constitución y cuando han sucedió actos contrarios a la  ley y la doctrina, deben ser asumidas las responsabilidades de manera  individual”.

También dijo Molano que "hemos adoptados todas las medidas para que todos los solados, policías reciban capacitación en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

"Hemos hecho parte del  informe de aporte a la verdad en donde están los más de 50 años del ejercicio de operaciones y cómo hacemos parte de la democracia, asimismo, hemos presentado como son las Farc las que han cometido delitos de lesa humanidad, generado más de 403.000 víctimas de la fuerza pública", finalizó.

General acepta falsos positivos

Por primera vez, un general del ejército se inculpó como máximo responsable del asesinato de más de 100 civiles a manos de militares a su mando que presentaron a las víctimas como guerrilleros caídos en combate.

Pese a haber actuado "por omisión, asumo esta responsabilidad jurídica (...) en procura de que el pueblo colombiano nunca jamás, ¡nunca jamás!, vuelva a vivir estos abominables momentos", dijo este miércoles el oficial en retiro Paulino Coronado al término de una histórica audiencia cargada de simbolismo.

Ante un tribunal de paz y las víctimas en la ciudad de Ocaña, fronteriza con Venezuela, Coronado aceptó "no haber actuado diligentemente" en la vigilancia de los soldados que arrastraron a la muerte a campesinos o desempleados a punta de engaños.

Por su inculpación, Coronel quedó expuesto a las llamadas "penas restaurativas", como, por ejemplo, restricciones de movilidad o tareas comunitarias, que serán establecidas por juzgados de paz.

Coronado, de 65 años y retirado desde 2008, es el oficial de más alto rango del grupo de diez uniformados que desde el martes cuentan la verdad y piden perdón por las ejecuciones de civiles en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Desde 2006 hasta su jubilación comandó a diez cuerpos militares de la Brigada 30 del ejército, que opera en el departamento de Norte de Santander, donde se encuentra Ocaña.

Según las conclusiones de la JEP, el tribunal nacido del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla FARC, los soldados del Batallón de Infantería XV asesinaron a decenas de civiles para presentarlos como rebeldes abatidos en enfrentamientos, en un escándalo conocido como "falsos positivos". 

Coronado negó frente a los magistrados de la JEP haber ordenado los asesinatos. Asumí "como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales cuando en realidad no lo fueron", sostuvo el general antes declararse arrepentido.

El descuido no lo exime de la responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP le imputó en 2021, admitió el general a la AFP horas antes de pasar al estrado. 

La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas con tiros de gracia. Como premio por las supuestas bajas, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, según la JEP. 

• Le puede interesar:10 exmilitares reconocen en JEP falsos positivos en Catatumbo

Alrededor de 6.400 víctimas

Al auditorio universitario que acogió las audiencias arribaron con globos blancos las llamadas "Madres de Soacha", familiares de los jóvenes reclutados en ese municipio próximo a Bogotá, para luego ser asesinados a 630 kilómetros de sus hogares.  

"¿Cómo puede decir que su responsabilidad es (por) omisión si usted le dio la orden a sus soldados (...) y todo el ejército estaba enterado de lo que estaban haciendo?", cuestionó Zoraida Muñoz. 

Madre de Jonny Soto, un joven de 22 años que soñaba con ser militar antes de que lo secuestraran para "vendérselo al ejército", Muñoz habló en nombre de las 120 víctimas que según la JEP fueron asesinadas en esta región cocalera entre 2007 y 2008.   

Coronado tuvo responsabilidad "a través del incumplimiento de sus deberes de garante ante el surgimiento y desarrollo del fenómeno criminal", expuso la magistrada Catalina Díaz. 

Según cálculos del tribunal, que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, al menos 6.402 civiles fueron asesinados bajo esa práctica en Colombia.

Los magistrados fijarán en un plazo de tres meses las penas para los exmilitares, luego de analizar sus testimonios y contrastarlos con los comentarios de las víctimas. 

"Faltó verdad"

Otras víctimas también reclamaron justicia.  Les pido a Coronado y a los otros militares que se "pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente ustedes sino (también) al que dio la orden", les reclamó Carmenza Gómez, mamá del asesinado Víctor Gómez.

Con severidad, las Madres de Soacha cuestionan el rol del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), su ministro de Defensa, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, y el comandante del ejército, Mario Montoya.

Coronado llegó a comparar las audiencias de Ocaña con los juicios de Núremberg y Tokio- tribunales que procesaron a los responsables de crímenes en la Segunda Guerra Mundial. 

Otros cuatro coroneles y cinco mandos que operaban en Norte de Santander contaron desde el martes los detalles del sombrío plan. 

Según sus relatos, alteraban documentos para legalizar las operaciones irregulares y en reuniones de la cúpula comparaban a modo de competencia el número de bajas. 

En 2021, Santos pidió perdón por no escuchar a tiempo las denuncias, mientras Montoya se somete a la JEP sin aceptar responsabilidades. 

Al terminar su declaración, los magistrada Díaz acusó a Coronado de no escuchar a campesinos que denunciaban violaciones a los derechos humanos en 2007 y, al contrario, burlarse de ellos. 

Al ver a su cliente descompuesto, la abogada pidió un receso mientras las víctimas levantaban carteles con mensajes como "aquí faltó verdad". La diligencia no se reanudó.