El conflicto armado que declararon la guerrilla del Eln y la Bacrim de ‘Los Pelusos’ por el control de la región del Catatumbo, en el Norte de Santander, ha causado  afectaciones humanitarias a más de 154.000 personas pertenecientes a once municipios de la subregión, reportó ayer en un informe la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

OCHA explicó que estas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario de los habitantes del Catatumbo fueron registradas en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril de este año.

Explicó el organismo dependiente de Naciones Unidas que “las limitaciones en la movilidad y restricciones de acceso a derechos fundamentales, bienes básicos y asistencia, afectaron a cerca de 120.000 personas”.

En tanto que la economía campesina ha tenido pérdidas superiores a 4.432 toneladas de alimentos y más de 302.200 animales, afectando a cerca de 33.296 personas (6.902 familias).

Añadió que desde el 2 de mayo, más de 12.000 niños, niñas y adolescentes continúan con restricciones de acceso a la educación, debido a la ocupación de los establecimientos educativos por la población desplazada.

De igual forma aproximadamente 8.820 personas (2.283 familias) se han desplazado en eventos masivos y concentrado en 34 Espacios de Protección Humanitaria, en los municipios de Hacarí, San Calixto, Tibú, Teorama, La Playa de Belén, Ábrego y Ocaña. “Se registra un número indeterminado de desplazamientos individuales”, anota OCHA.

Indica también que aproximadamente 4.000 indígenas Barí siguen en riesgo de confinamiento por la persistencia de los enfrentamientos entre los grupos armados en cercanía de los resguardos,  y por la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

Además persiste alto riesgo de protección para líderes sociales, comunitarios, mujeres, niños, adultos mayores y comunidades indígenas, quienes han recibido el mayor impacto. Pese al levantamiento del paro armado, aún no hay garantías de seguridad para el retorno de las comunidades afectadas.

El pasado 14 de abril se conoció un panfleto, firmado supuestamente por ‘Los Pelusos’ -banda criminal originada en una disidencia del Epl (el frente Libardo Mora), guerrilla desmovilizada en 1991- en donde advierte que el Eln los ha provocado y declarado la guerra. “Queremos que a todos les quede claro que utilizaremos nuestro legítimo derecho a la defensa del ataque propiciado por el Eln”.

Añade: “Queridas comunidades en donde hoy en día se alojan y es acampamiento de los miembros del Eln; queremos de una manera responsable advertirlos a partir de la promulgación de la presente: va a ser una guerra sin cuartel”.

Agregan ‘Los Pelusos’ en el panfleto que “los invitamos a que se refugien en las cabeceras municipales ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado. Al no hacer caso entendemos de su participación, complicidad y colaboración con el Eln”.

Dice también que “la invitación es para la población civil mantenerse fuera. En las veredas donde se produzcan o crean que se pueda producir enfrentamientos, resguardar sus vidas; y si se quedan, entenderemos como un acto de guerra y de complicidad con el enemigo”.

En tanto que el grupo guerrillero aseguró en Twitter el pasado 21 de marzo que ‘Los Pelusos’ “nos declaró la guerra al Eln”.

Esta semana ‘Los Pelusos’ levantaron el paro armado que había iniciado el pasado 16 de abril, lo que provocó temor en la  población y produjo restricciones en el comercio, el transporte y las clases en los colegios. No obstante sigue latente la guerra que se declaró con el Eln por el control de los cultivos ilícitos y la extorsión en esta región del país.

Le puede interesar: Reiteran que hay Bacrim en Ciudad Bolívar.

Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo presencia hace algunos días en los municipios de Tibú y El Tarra, constatando el clamor de los ciudadanos para que los actores violentos respeten sus derechos.

Negret manifestó su rechazo a todas las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de la subregión del Catatumbo, en el marco de la disputa armada entre las estructuras del Eln y ‘Los Pelusos’.La Entidad ha venido advirtiendo que desde finales de 2017 se presenta una disputa entre los miembros de las dos estructuras armadas que han copado los espacios dejados por las Farc en la zona. “La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado especialmente, desde enero de 2018, varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, indica la Defensoría.