Más de 1.300 personas permanecen confinadas en sus hogares en la vereda Ricaurte, municipio de Páez, Cauca, debido a los combates entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La situación afecta especialmente a la comunidad indígena y ha generado la suspensión de las actividades escolare. Las autoridades locales y comunitarias emiten alertas sobre la crisis humanitaria en la región.

De acuerdo con el secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, los enfrentamientos afectaron directamente a una institución educativa. “Este combate afectó a una institución educativa, tuvieron que refugiarse sobre los salones para evitar que fueran afectados por algún proyectil. Por esta razón, están suspendidas las clases”, afirmó el funcionario.

Las confrontaciones, que se concentran en el corregimiento de Ricaurte, tienen su origen en la lucha por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas. El Ejército Nacional, en un intento por controlar la situación, ha desplegado tropas del Comando Específico del Cauca. Sin embargo, los enfrentamientos continúan, lo que pone en riesgo constante a la población civil.

Las tropas del Comando Específico del Cauca han sido desplegadas en la zona para tratar de restablecer el orden, según confirmó el general Federico Mejía, comandante de esa unidad. "Nos encontramos en el desarrollo de una operación en el corregimiento de Ricaurte, donde se han presentado confrontaciones armadas ilegales entre estructuras del ELN y el Bloque Occidental Jacobo Arenas", explicó el oficial, quien añadió que en la región se han encontrado artefactos explosivos que incrementan los riesgos para la comunidad.

Organizaciones indígenas como la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunciaron la delicada situación que atraviesan los habitantes de Ricaurte y exigido medidas inmediatas. En un comunicado, las autoridades indígenas expresaron su preocupación: “Las confrontaciones iniciaron dejando en medio del fuego cruzado a estudiantes y población en general, generando un alto riesgo para los mismos". Además, insistieron en la necesidad de que los grupos armados respeten los derechos de la población civil, tal como lo establece el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La crisis humanitaria ha generado también preocupación por un posible desabastecimiento de alimentos y medicinas en la zona. Según informes preliminares, las familias confinadas no han podido desplazarse a otras áreas para garantizar su seguridad o aprovisionarse de recursos básicos. Por ello, el CRIC solicitó al Gobierno Nacional medidas urgentes para mitigar los efectos de los combates y salvaguardar la vida de las personas afectadas. "Exigimos al Gobierno las garantías necesarias y urgentes para la atención de la crisis humanitaria", subraya el comunicado de la organización indígena.

Por su parte, la Alcaldía de Páez emitió un comunicado en el que rechaza los hechos de violencia y exhorta a la comunidad a adoptar todas las medidas de protección. “Lamentamos dicha situación e invitamos a tomar todas las medidas de autoprotección individuales, familiares y colectivas”, señaló la administración municipal.

Se presume que el conflicto entre estos grupos armados, se disputa por el control de rutas estratégicas en esta región del Cauca, persiste y mantiene a la población bajo condiciones difíciles, sin que se vislumbren soluciones inmediatas. Mientras tanto, la comunidad indígena y las autoridades continúan esperando la intervención efectiva del Estado para resolver esta crisis.