Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de la indagación que se sigue por la denominada masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997; y el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998.

De acuerdo con el ente investigador, la diligencia se realizará por solicitud del expresidente Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso, que se sigue en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

La versión libre fue programada para el próximo lunes 27 de noviembre.

Cabe recordar que en las recientes declaraciones del excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este vinculó  al expresidente Álvaro Uribe con la masacre del Aro en 1997.

Esta acusación generó el rechazo por parte del líder del Centro Democrático, quien pidió a sus abogados, que, a su vez, soliciten tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Comisión de Acusaciones que reciban de su parte una versión libre sobre paramilitarismo y versiones de Mancuso.

Las réplicas del mandatario se han viralizado, sobre todo en X, donde ha descalificado los comentarios del exjefe paramilitar, cuyo sometimiento fue aceptado por la JEP la semana pasada, tras la culminación de la Audiencia Única de Verdad, la cual se realizó el 17 de noviembre en Bogotá, con la presencia remota de Mancuso.

“Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-Farc”, manifestó el antiguo jefe de Estado.

Como se sabe, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP emitió un concepto sobre los aportes de verdad de Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, para evaluar su papel como bisagra o punto de conexión con agentes del Estado. La decisión marca un giro respecto a la negativa en 2020, cuando la JEP consideró que Mancuso era un "miembro orgánico de la estructura criminal".