La Contraloría General de la República reiteró los inminentes riesgos en la prestación del servicio público de energía que tiene el país ante las dificultantes que han tenido las empresas para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable.

El pasado 2 de septiembre, el órgano de control advirtió que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país.

"Como lo hemos venido advirtiendo, si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe  y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos", indicó la Contraloría. 

En ese sentido, el órgano de control se pronunció sobre la reciente intervención del Gobierno a la compañía Air-e.

"La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy Airé, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia", agregaron. 

Intervenciones

Para la Contraloría es importante tener presente que una intervención implica no solo el conocimiento técnico, financiero de la operación sino disponer de recursos del presupuesto nacional.  

"Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al gobierno nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías AIRE y AFINIA, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios", señalaron. 

De igual manera, alertó que la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la Región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta.  

Sin recursos

La Contraloría expresó que "la Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público que, en últimas, corresponde a una de las finalidades de nuestro Estado".

Finalmente, señaló que el no pago oportuno a los prestadores del servicio, desincentiva la prestación del servicio de energía, así como en lo que compete al Caribe Colombiano, pone en riesgo importantes avances en lo que corresponde a la calidad del servicio de energía y cobertura como ya lo había manifestado la Contraloría General de la República en recientes y anteriores pronunciamientos y estudios sectoriales.