DESPUÉS DE que la Procuraduría General de la Nación solicitó en una carta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, información precisa sobre la metodología, los análisis y las reuniones para definir el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el próximo año, esta cartera en un hecho inédito recusó para participar en esta discusión a la procuradora Margarita Cabello  y a la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Diana Ojeda, argumentando para ello que han dado conceptos sobre el particular sin sustento probatorio.

El Ministerio solicitó que para este proceso se designe al Viceprocurador General de la Nación y a un Procurador(a) Delegado(a) para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ad hoc.

En medio de la crisis de la salud una de las principales discusiones que se presenta desde agosto del 2023 es por el llamado que han hecho las EPS, en ese momento Compensar, Sanitas y Sura, porque la UPC que entrega el Gobierno por cada uno de los afiliados a los sistemas contributivo y subsidiado no alcanza para cubrir los servicios y medicamentos.

Por su parte, el Gobierno se mantiene en la discusión que se ha dado desde entonces en que son importantes los valores de la actualización que ha hecho de la UPC y que responden a los costos del servicio. Mientras que la Procuraduría ha llamado la atención porque el Ministerio no ha revelado la metodología que ha usado y porque no ha escuchado para ello a las EPS.

A finales del 2023, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social insistió en que para el cierre de ese año se continuaba en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo del UPC para 2024.  

Como consecuencia de la actualización del valor de la UPC para 2025, la Procuraduría en la referida carta al Ministro de Salud le pidió que se realice mediante un “proceso técnico y participativo”.

No obstante para este proceso participativo pareciera que ya no hay tiempo porque si el Gobierno no actualiza la UPC a más tardar el 31 de diciembre, aumentará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimado al cierre del año en un 5,1%. 

En la misiva al Ministro suscrita por la procuradora delegada Diana Ojeda Visbal, indica que “exhortamos al Ministerio a garantizar un proceso de validación activa de la información reportada, asegurando su calidad, suficiencia y representatividad”. 

Añadió el Ministerio Público en su comunicación que “la implementación de un cálculo ajustado y técnicamente fundamentado de la UPC permitirá superar esta difícil situación y garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Respuesta del Gobierno

En respuesta al llamado que hizo la Procuraduría para definir una actualización suficiente de la UPC, el Ministerio de Salud recusó a la procuradora general Margarita Cabello y a la procuradora delegada Ojeda, solicitándoles que se abstengan “de participar, en cualquier calidad, en todo tipo de actuación judicial, administrativa o de cualquier otra índole, que pueda afectar la imparcialidad”.

La cartera sostuvo que Cabello y Ojeda han emitido “concepto, consejos, opiniones y prejuicio sobre la presunta crisis financiera y humanitaria de salud, así como del sistema de salud en general, bajo una serie de juicios de valor sin ningún tipo de sustento probatorio, manifestaciones subjetivas y personales”. 

Gremios de la salud y de otros sectores han solicitado un incremento real de la UPC en 2025 que responda a los costos del servicio para las EPS y la inflación. La ANDI estimó que esta actualización debería ser del 16,9%.

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