La misión de la ONU en Colombia afirmó este jueves que la ola de violencia que ha acabado con la vida de cientos de activistas es uno de los mayores retos para "consolidar" la paz con la exguerilla FARC.

"El aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales", reza el tercer informe de la misión entregado por el enviado de la misión, Jean Arnault, al Consejo de Seguridad.

Arnault aseguró que se siente "profundamente" preocupado por estos asesinatos, que repuntaron "notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales", en mayo y junio, en las que resultó electo el derechista Iván Duque, opositor al acuerdo de paz.

"No cabe duda de que esta tendencia sigue estando relacionada con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las FARC", agregó.

Desde 2016, cuando se firmó la histórica paz con las comunistas FARC, han sido asesinados 326 activistas de derechos humanos, de causas afro, indígenas y campesinas, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman). 

La mayoría de los homicidios, que generaron protestas masivas en plazas públicas del país, ha ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal. 

La misión aseguró, en tanto, que desde agosto de 2017 han sido asesinados 51 miembros del ahora partido de izquierda FARC y 5 más fueron desaparecidos forzosamente.  

El gobierno saliente de Juan Manuel Santos ha desestimado que se trate de una campaña sistemática de eliminación de activistas y ha señalado a narcotraficantes, los rebeldes del ELN y disidentes de FARC como presuntos agresores.

"Sabemos bien que tenemos que seguir avanzando y escalando nuestro aprendizaje para llegar al territorio con el rostro de un Estado que proteje a las comunidades", dijo por su parte el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, durante la presentación del documento.

Duque, ahijado político del expresidente Álvaro Uribe (2002-10), ganó las presidenciales con la promesa de mano dura contra el crimen y de hacer correcciones al pacto que desarmó a 7.000 combatientes.

El mandatario electo se rehúsa a que guerrilleros señalados de cometer crímenes graves participen en política sin antes pagar un mínimo de prisión.

El pacto de paz otorgó diez escaños, en un parlamento bicameral de 280 curules, a los exguerrilleros. 

Arnault también alertó por el crecimiento histórico de los narcocultivos en Colombia -principal productor mundial de cocaína-, duramente criticado por Estados Unidos, por sus repercusiones en zonas deprimidas.

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Alerta por la reincorporación

El enviado de la ONU en Colombia también alertó por el proceso de reincorporación social y económico de los integrantes de la otrora guerrilla comunista.

"El objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a 14.000 excombatientes está lejos de alcanzarse", aseguró.

Y puso como ejemplo la tardanza para oficializar cooperativas y proyectos productivos para los exguerrilleros.

"No se trata solo de consolidar el proceso de paz con la FARC, sino también de generar credibilidad a efectos de posibles negociaciones futuras con otros agentes armados", sostuvo Arnault.

Por otro lado, el jefe de la misión destacó que las pasadas elecciones legislativas de marzo y las presidenciales, en las que triunfó la derecha, fueron "las más pacíficas e inclusivas que se hayan celebrado en decenios" en el país.

"La transición de los exmiembros de las FARC-EP de la guerra a la política fue, sin lugar a dudas, un factor clave en este resultado, que es uno de los beneficios más tangibles del proceso de paz para la sociedad en su conjunto", agregó.

El conflicto armado colombiano ha enfrentado durante medio siglo a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, con saldo de unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.