Uno de los saldos positivos que dejó para los alcaldes del país el reciente Congreso Nacional de Municipios que se llevó a cabo en Cartagena es que los polémicos OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), responsables de la definición de proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, podrían desaparecer en el próximo gobierno.

Por lo menos así lo interpretaron de lo dicho sobre el particular, por los aspirantes presidenciales Germán Vargas Lleras e Iván Duque, que participaron en el encuentro.

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, le indicó a EL NUEVO SIGLO que “creo que los candidatos que nos acompañaron coincidieron en comprometerse con la eliminación de los OCAD para garantizar que los recursos de regalías se ejecuten ágilmente y eficazmente, porque es absurdo que tengamos 5,7 billones de pesos en regalías y las comunidades locales reclamando obras, reclamando proyectos e inversión social que mejoren las condiciones de vida de los colombianos, y no se puedan hacer porque los famosos OCAD son una traba que ha llevado a que un proyecto, como mínimo, se demore dos años para poder ejecutarse. Eso no se compadece con las necesidades que tiene el país. Es un exabrupto que la plata esté en los bancos y no donde tiene que estar: en los municipios generando soluciones sociales”.

El candidato Vargas Lleras ha indicado en diferentes espacios la necesidad de eliminar esta figura. “Los OCAD municipales le cuestan 350.000 millones de pesos al año a la Nación. Para que un proyecto aprobado en un OCAD se haga realidad, pasa más de 1 año y cuatro meses. Eso tiene que simplificarse. (…) Es necesario que los proyectos de interés estratégico de la Nación tengan rango constitucional”, indicó.

Los OCAD, creados por el acto legislativo número 05 de 2011, que reformó el Sistema de Regalías, son los que aprueban o no los proyectos de desarrollo que presentan los departamentos y municipios para ser financiados con recursos que obtiene el Estado por la explotación de recursos del subsuelo.

Los OCAD, en los que tienen asiento autoridades nacionales y regionales, fueron creados como una medida para cualificar el uso de las regalías en proyectos de desarrollo realmente viables y que necesita la comunidad, pues anteriormente fueron muchos los casos en que estos dineros se invirtieron en elefantes blancos cuando se entregaban directamente  a las regiones.

No obstante, alcaldes y gobernadores, especialmente de zonas productoras, han manifestado que es un paso atrás en la descentralización y por ello han propuesto desde hace tiempo la supresión de los OCAD y que las propias regiones definan los proyectos de desarrollo en que quieren invertir lo que les corresponde.

En marzo de 2017, los alcaldes del país reunidos en Cartagena en el Congreso Nacional de Municipios le propusieron al Departamento Nacional de Planeación la eliminación de los OCAD para que los municipios administraran de manera autónoma esos recursos sin depender de ese trámite, que consideran  engorroso.

Plan de choque

El año pasado el presidente Santos manifestó su inconformidad porque más de 13 billones de pesos de regalías estaban en los bancos en lugar de estar invirtiéndose en las regiones.

“Eso es un sacrilegio. Cómo están las regalías en los bancos, y las comunidades pidiendo a gritos los proyectos. A dónde va uno siempre, siempre las necesidades son superiores a las capacidades de los gobernantes bien sean a nivel nacional, departamental, municipal, de suplir esas necesidades. Y por eso es totalmente inaceptable que existiendo unos recursos importantes, disponibles para invertir, no se inviertan”, dijo el mandatario.

Por ello, el Gobierno determinó un plan de choque para ejecutar al menos 7 billones de pesos de los recursos represados, el cual al cierre de 2017 logró que fluyeran 6,8 billones de pesos.

“Entonces iniciamos ese proceso, todas las semanas diciendo cómo vamos. Yo asistí a varios de los OCAD regionales para impulsar, para presionar, además, que se hicieran las aprobaciones lo más rápido posible”, dijo Santos.

Añadió que “estamos haciendo un ejercicio de seguimiento y de competencia, en cierta forma, entre los alcaldes y gobernadores, para que esos recursos que ya fueron aprobados se ejecuten, porque ahí sí el sacrilegio sería doble. Porque los recursos aprobados si no se ejecutan, eso sí es el contrasentido más grande de cualquier gobernante, porque una de las definiciones del arte de gobernar, gobernar es ejecutar. Y si tiene los proyectos aprobados, cómo no los va a ejecutar”.