Ante la Comisión Primera del Senado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló sobre el proyecto que establece la cadena perpetua para los violadores de menores. 

El jefe del ente acusador aseguró que su preocupación no radica en las penas, sino en la aplicación efectiva de la justicia. 

“Hoy solamente el 5% de las denuncias terminan en condena. Está ocurriendo que, a pesar de que han aumentado las penas, no ha aumentado la eficacia en la aplicación de la justicia", dijo Barbosa.

Barbosa recordó que la pena actual en Colombia para violadores es de 60 años de prisión sin subrogados, pero hay mayor concentración en el aumento de la pena sin que se le de mayores herramientas a un juez para la aplicación de la justicia.

"Consideramos en este caso concreto que, obviamente, en este tipo de proyectos deben buscar mirar a profundidad si existen relaciones de aplicaciones de prisión perpetua, prevención del delito y reducción de reincidencia, en el marco de la efectividad de la pena que está en el 5% de aplicación", explicó Barbosa. 

Igualmente señaló que cuando se imponen penas como la cadena perpetua “difícilmente los procesos empiezan a superar los estadios y muchos jueces ante la particularidad del caso optan por la absolución”.

"Cárcel cuando sea necesario"

Asimismo, el Fiscal en su intervención dijo que la próxima semana expedirá una normativa para todos los fiscales que soliciten la detención carcelaria sólo en los casos excepcionales, esto para disminuir la sobrepoblación carcelaria.

Según Barbosa, lo más importante es que haya justicia efectiva, más no seguir acumulando procesos.

Sostuvo que la política criminal del país tiene que ser integral y que hay problemas estructurales que se deben revisar.

Añadió que en los próximos cuatro años se van a dar todas las garantías a los procesados y que se acudirán a otras medidas establecidas en la ley.

“No puede ser que la Fiscalía siga siendo una entidad que de manera preventiva empieza a tomar decisiones y que esas decisiones representan ya un atiborramiento del 60 por ciento de las demandas por privación injusta de la libertad que han llegado al Consejo de Estado”, dijo Barbosa. 

Por último, el fiscal aseguró que la privación de la libertad debe ser solo “para las personas peligrosas, personas que puedan causar un daño inminente a la sociedad”.