La Sala Especial de Instrucción no ha arrancado porque carece de sus seis juristas.

Este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia reiniciará la discusión y votación para la elección de los siete magistrados que faltan para integrar las nuevas Sala Especial de Instrucción y Sala Especial de Primera Instancia, como lo dispuso el Acto Legislativo 1 de 2018, para efectos de garantizar la doble instancia a los congresistas.

La premura por la elección de estos togados radica en que si bien la Sala Especial de Primera Instancia ya está operando con los dos juristas que hasta el momento se han elegido (Ramiro Alonso Marín y Ariel Augusto Torres) y solo le falta un integrante; la Sala Especial de Instrucción no ha arrancado porque le faltan los seis magistrados que la componen.

No obstante, la Sala Especial de Primera Instancia, que ya recibió más de 400 expedientes, suspendió por cinco días, entre el pasado jueves y el próximo miércoles, las actuaciones y los términos judiciales respecto de los procesos sin detenido, porque no cuenta con la logística necesaria ni con el personal suficiente para iniciar el desarrollo de los procesos, tanto de los tramitados por la Ley 600 de 2000, como los impulsados bajo el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004).

En esas condiciones, se puede decir que transcurrido un semestre de ser sancionado el Acto Legislativo 1 de 2018, en la Corte Suprema de Justicia está ‘coja’ la doble instancia en los procesos penales contra congresistas.

Prueba de ello es que la investigación que abrió la Corte la semana anterior, al expresidente Álvaro Uribe y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por los delitos de soborno y fraude procesal, en un supuesto caso de manipulación de testigos, se está adelantando por ahora por la vía de única instancia.

En las salas plenas adelantadas los pasados 5 y 19 de julio, los magistrados integrantes votaron por los nombres de aspirantes seleccionados, pero no se alcanzó el consenso para la escogencia de los togados que restan.

Un total de 194 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema fueron preseleccionados por el Consejo Superior de la Judicatura para ocupar las nueve plazas en las dos salas que fueron creadas para efectos de garantizarles la doble instancia a los congresistas.

Para la Sala Especial de Instrucción, el Consejo Superior de la Judicatura conformó un listado con 130 postulados a magistrado que cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria que abrió el pasado 12 de febrero para las seis plazas creadas; en tanto que  para la Sala de Primera Instancia conformó un listado con 64 aspirantes a los tres cargos creados.

Colombia era de los pocos países que no contaba con la garantía de la doble instancia para sus congresistas investigados en materia penal.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala Penal, a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema, procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte.

Mantiene competencia

Varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia han considerado que se presentó un limbo por esta reforma constitucional que garantiza la doble instancia en los procesos penales a los congresistas, pues el Congreso de la República no tuvo en cuenta un período de transición para los procesos que vienen en marcha.

El exmagistrado Augusto Ibáñez, quien falleció en días pasados, hizo énfasis sobre los efectos por la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018, indicando que “los procesos no se pueden paralizar y la reforma se debe entender hacia el futuro, lo que quiere decir que no se pueden revivir procesos, los trámites que se iniciaron deben culminar con el trámite anterior”.

Frente a estas apreciaciones el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, dijo que “no es esencia de las leyes dar un plazo para empezar a andar”; mientras que el pasado 22 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que no pierde la competencia de los procesos que vienen en marcha mientras que se establece el nuevo esquema.

Así lo indicó la Sala Penal en la reanudación del juicio al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. El togado José Francisco Acuña, ponente en este proceso, explicó que “la Sala va a decir que conservamos la competencia para juicios que ya han iniciado, de modo que esa es la razón por la que estamos nosotros reanudando la audiencia”.