En Colombia hay una ley que obliga a sustituir los vehículos de tracción animal (VTA), con el fin de consagrar las medidas que propenden el bienestar de los equinos. Sin embargo, es una medida que no se está cumpliendo a cabalidad, según la senadora Andrea Padilla, en entrevista con EL NUEVOS SIGLO.

Se trata de la Ley 2138 de 2021. Una medida que, aunque les ordena a los municipios y al Gobierno Nacional hacer la sustitución, aún circulan 6.839 caballos y yeguas halando carretas (sin contar con los datos de 19 municipios que no han reportado al DANE), en manos de 6.540 propietarios.

Sustituir los VTA beneficiará a los animales y a las personas que desarrollan la actividad, mejorará la movilidad vehicular y el orden público. Por una parte, permitirá liberar de la esclavitud y del maltrato a miles de caballos y yeguas que, en su mayoría, han estado sometidos a trabajos forzados y a malos tratos durante años.

Por otro lado, impulsará a las personas que hoy viven de la tracción animal a cualificar su actividad y les permitirá mejorar sus ingresos. También se romperá un círculo de marginalidad y de conflictos ciudadanos que suelen causarse por el rechazo que, cada vez más, suscita el uso de animales como medio de tracción, principalmente en las zonas urbanas.

Incumplimientos

No obstante, estos beneficios no se han materializados, puesto que “el Ministerio de Ambiente ha incumplido su obligación legal de crear programas y ejecutar proyectos de sustitución de VTA y que en el Gobierno Nacional ninguna entidad está liderando el tema. La buena noticia es que, en el debate, el viceministro de Transporte manifestó su disposición para buscar recursos que ayuden a financiar o a cofinanciar programas de sustitución en los municipios económicamente menos pudientes, y que el DNP se ofreció a ayudar a los municipios a formular proyectos, con el fin de que el Ministerio de Minas los autorice a usar recursos de las regalías. Todo esto es fruto de la subcomisión que creamos por resolución y que estamos liderando”, dijo la senadora Padilla.

La militante del partido Verde aseguró que, aunque esta ley está vigente desde el 4 de agosto de 2021, “la norma no es clara en cuanto a las fuentes de financiación, lo que ha llevado a que algunos alcaldes de los 203 municipios que aún tienen VTA se escuden en el argumento –en unos casos cierto, en otros no– de que no tienen dinero para hacer la sustitución. Si a ello le sumamos el desinterés de los gobiernos nacionales que han pasado desde entonces, tenemos un panorama sombrío”.

Logros

Recientemente el Valle de Aburrá (Antioquia) se declaró territorio libre de vehículos de tracción animal, al lograr la sustitución de 28 estos transportes por 27 vehículos mecánicos y el apoyo a una idea de negocio en el municipio de Caldas.

“Cambiamos cada caballo por 16 caballos de fuerza. Es un ejercicio muy valioso que muestra cómo este territorio cuida y protege nuestros animales. Estos equinos venían trabajando muy duro. Por eso esperamos que las familias que reciben los vehículos los cuiden, y que las familias adoptantes también cuiden a sus animalitos”, afirmó el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto.

Del mismo modo, en Medellín se logró recientemente la sustitución de vehículos de tracción animal. Y en un acto liderado por el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, la ciudad dio un paso significativo en la erradicación del maltrato animal.

“Es una tarde histórica. Es una nueva página que refleja el progreso, la justicia y el respeto por la vida en todas sus formas. Un paso que marcará un hito significativo. Es una decisión que nos permite avanzar a un modelo de ciudad más justo con nuestros animales. Los caballos y burros deben vivir lejos del maltrato. Era una asignatura pendiente. Hoy damos un paso hacia la liberación de estos animales y a acceder a vehículos más eficientes y menos contaminantes”, dijo Turbay Paz.

Financiación

El tema de la financiación también ha sido otro crudo debate desde que se aprobó la ley. La senadora argumentó que “según las cuentas que sacamos con mi equipo, la sustitución de los VTA pendientes costaría aproximadamente $180.152 millones, lo que representa tan solo el 0,034 % del presupuesto general de la Nación. Este valor incluye los motocarros –aunque también habría que contemplar alternativas como la entrega de capitales semilla–, el trámite de las licencias de conducción y gastos administrativos. Estos costos los calculamos con base en 13 contratos de sustitución ejecutados entre 2020 y 2023, con precios indexados a valores del año 2025. Si el Gobierno entendiera la importancia de hacer este proceso, que costando tan poco beneficiaría a miles de personas y de animales, además de la convivencia, el orden público y la movilidad, quizás lo asumiría. Es lamentable la corta visión que a veces tienen los gobernantes”.

Las trabas en este proceso han sido “la falta de voluntad política de algunos alcaldes y el casi nulo control político que les corresponde ejercer a los concejos municipales y distritales. Además, por supuesto, de la desidia gubernamental, que parece un mal endémico”, dijo la senadora.