Prohibir el porte de drogas y alucinógenos es un tema que le tocará afrontar al Congreso que se inicia el 20 de julio, pero que ya empezó a ser polémico entre los distintos partidos. 

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Crece la polémica en el Congreso entre las diferentes bancadas frente a la posibilidad de penalizar la dosis mínima de drogas y alucinógenos. Sin embargo, no existe una opinión unificada frente al tema.

Este medio hizo una ronda de opiniones entre los diferentes legisladores quienes explicaron sus posturas. El senador Jaime Amín del Centro Democrático opinó que “hemos dicho que este tema de la despenalización es un problema mayúsculo, que golpea duramente el seno de la familia colombiana, al haber la posibilidad de que los jíbaros hagan su ejercicio criminal de venta libre de alucinógenos, con las cargas de la prueba invertida; es decir, hay que probarle que el producto del ilícito es superior a las dosis mínima aprobada en la sentencia de la Corte”.

Expresó que en un eventual gobierno de Iván Duque se prohibiría la dosis mínima personal, que ha aumentado el consumo de sustancias alucinógenas.

Lineamientos

Entre tanto, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Roosvelt Rodríguez, aseguró que se debe seguir por los lineamientos que la Corte Constitucional ha dado sobre este tema, “permitir el porte de la dosis mínima no puede convertirse en un delito y si a alguien se sorprende con una mayor cantidad, es al organismo investigador al que le corresponde la responsabilidad de demostrar que lo que se tiene es para la comercialización y no para el consumo”.

El Congresista del Partido Liberal Juan Manuel Galán señaló que se debe crear una política que permita regular todo el uso de sustancias de acuerdo a su toxicidad, la dosis que se debe autorizar, la calidad, el acceso, el precio, una regulación integral de todas las sustancias que hoy son ilícitas.

“El Estado es el que debe controlar todo ese tema y no los criminales que generan violencia, delincuencia y todo tipo de problemas de salud pública frente a los derechos humanos”, dijo Galán.   

Por su parte Hernán Andrade, director del Partido Conservador sostuvo que “hay que volver a los límites normales; no se puede decir que una tonelada es el consumo mínimo, hay que volver a un límite  razonable como en otrora se legislaba; no vamos a cambiar nuestra forma de pensar”.

Por su lado Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical anotó que “esa es una discusión que tiene muchas aristas; hay una posición que se ha venido adoptando en la Corte Constitucional que respeto y es el valor superior del libre desarrollo de la personalidad y lo que eso conlleva a establecer el criterio de aceptar la dosis mínima”.

Manifestó que penalizarla mediante un proyecto de ley va en contra de lo que la Corte Constitucional ha venido mantenido como línea jurisprudencial, “pero preocupa lo que viene ocurriendo en muchos barrios, en muchas localidades, y en muchas escuelas sobre el tráfico de drogas; los jíbaros se escudan sobre esa dosis personal para cometer ese tráfico ilegal”.

El senador electo por el Partido Liberal, Horacio José Serpa considera que “es un tema difícil. El microtráfico está haciendo de las suyas y está permeando todas las grandes ciudades de Colombia. En este momento no estaría tan seguro de que la legalización de la droga sea la salida”.     

Proyecto de ley

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, anunció que radicó en el Congreso un proyecto de ley que establece sanciones como arresto por 24 horas, trabajo social y rehabilitación para aquellos que consuman y porten sustancias psicoactivas en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público.

Lara explicó que la medida tiene como fin proteger a los menores y adolescentes del microtráfico, un fenómeno que ha incrementado su impacto en las ciudades colombianas y, en los últimos años, ha centrado su accionar en los jóvenes de los barrios y localidades más vulnerables.

“No habrá dosis mínima tolerable en los parques, en los entornos de los colegios, en las  zonas comunes de los conjuntos residenciales. Le voy a devolver estos espacios a las familias y a los niños de Colombia. Los parques y colegios se convirtieron recientemente en el principal escenario de consumidores y expendedores de drogas ilícitas, y es allí donde día a día las mafias buscan enviciar a los jóvenes y luego reclutarlos para sus actividades delictivas”, aseguró.

Derechos

“Es nuestro deber como congresistas proteger a los menores de las drogas, haciendo respetar sus derechos como lo establece la Constitución Política en su artículo 44, que señala que todos los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre los demás. Por tanto, le corresponde a la familia, la sociedad y el Estado asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, explicó.

“No estamos penalizando ni suprimiendo el uso de la dosis personal. Pero sí estamos prohibiendo su uso en parques, polideportivos, colegios y zonas comunes de los conjuntos. Vamos a recuperar los parques para devolvérselos a las familias colombianas”, señaló el Congresista.

Para el Presidente de la Cámara, “portar o consumir sustancias psicoactivas e incluso la dosis personal o cualquier sustancia alucinógena que afecte su salud dentro del perímetro de centros educativos, centros deportivos, parques y zonas comunes de propiedad horizontal, afecta la integridad de los niños, niñas y adolescentes”.

Más sanciones

En ese sentido el proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Policía y el Código de la Infancia y Adolescencia, establece el aumento de sanciones, la obligación de participar en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, la remisión a un Centro de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Fármaco dependencia, así como el arresto por veinticuatro horas.

Igualmente, establece en el Código de Policía como comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos los siguientes: consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo; tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancia; consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas –incluida la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro y tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas –incluida la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante a la institución.

Modificaciones

También modifica el Código penal en su artículo 381 al establecer prisión de seis  a quince años para quien suministre, administre o facilite a un menor cualquier tipo de droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla.

De acuerdo con la iniciativa, la Policía deberá adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o cortopunzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación. Para lo cual, especialmente en centros educacionales, deportivos y recreativos, deberán instalar cámaras de seguridad para perseguir a los expendedores de drogas y proteger a nuestros jóvenes.

Algunos reportes sugieren que, desde 2014 se evidencia que el 17% de los jóvenes de colegios públicos y privados venden drogas en el colegio y que el 28% de ellos venden en los entornos cercanos. Lo preocupante es que en el 30% de los colegios públicos encontraron que sí se vendían drogas y una tercera parte de los estudiantes manifestaron que habían visto a algún compañero de su curso consumiendo dentro del colegio.