Procuraduría alerta por incumplimiento en reparación de víctimas | El Nuevo Siglo
​​El órgano de control presentó el ‘Sexto informe al Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz’. / Foto: Misión de la ONU en Colombia
Viernes, 3 de Enero de 2025
Redacción Política

Tras la entrega al Congreso de la República del sexto informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que aún persiste el incumplimiento de las metas de reparación colectiva a las víctimas, así como de reubicación de la población desplazada como consecuencia del conflicto armado.

El documento analizó el avance de los seis puntos del Acuerdo entre abril de 2023 y marzo de 2024, y en este el órgano de control indicó que las víctimas siguen encontrando dificultades para acceder a las ofertas de reparación destinadas para ellas en las zonas rurales dispersas.

Dentro del análisis, la Procuraduría reitera en la importancia de la articulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las medidas necesarias para la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, puesto que solo el 0,5 % de las iniciativas propuestas en el PDET se cruzan con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.

Además, también existen serios problemas en la reparación de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas que son reconocidas como víctimas del conflicto, puesto que los programas de reparación no permiten reconocer en su totalidad las orientaciones sexuales e identidades de género de los beneficiarios.

Dentro de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr), relacionados con el proceso de reincorporación social y económica, el órgano encontró inestabilidad en los contratos de vivienda suscritos e identificó un alto número de procesos que no han sido ejecutados al enfrentar obstáculos de carácter administrativo o de seguridad en los territorios.

En el desarrollo del informe, la Procuraduría evaluó el impacto de 451 recomendaciones emitidas por el Ministerio Público en el quinto informe, las cuales estuvieron dirigidas a cerca de 80 entidades e instancias responsables de su ejecución, de las cuales el 49 %, equivalentes a 177, fueron acogidas totalmente, mientras 121, el 33 %, fueron aceptadas parcialmente y el 18 % no fueron acogidas.