Esta semana el presidente Santos hizo alusión a que existía una tendencia negativista en la sociedad colombiana en torno a los beneficios de la paz frente a la continuación de la guerra. Varios expertos lo controvirtieron y señalaron otras razones de fondo para justificar la crítica de muchos sectores al pacto con las Farc

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Casi todas las encuestas de los últimos meses coinciden, con porcentajes por encima del 70 y 80 por ciento, que la mayoría de los colombianos consideran que el país va por mal camino. De igual manera, cuando se interroga por la percepción que se tiene sobre la coyuntura económica, política, social, laboral, de salud, orden público, seguridad urbana, el combate a la corrupción, la marcha de la implementación del acuerdo de paz del Gobierno con las Farc o de las tratativas con el Eln, en muchos de esos ítems las respuestas negativas se imponen sobre las positivas.

Frente a esa percepción tan crítica sobre la realidad colombiana, tanto el presidente Juan Manuel Santos como sus ministros y afines políticos siempre replican que “no se gobierna por, ni para las encuestas” y que la tarea del Ejecutivo es implementar las políticas y medidas que más le convienen al país, sin entrar a considerar qué tan populares pueden llegar a ser. También es recurrente la explicación oficial según la cual no se puede confundir la percepción de la ciudadanía con la realidad de los hechos, esto para sustentar el argumento de que los porcentajes altos o bajos de las encuestas son producto de lecturas subjetivas o parcializadas de los consultados, mientras que “las frías cifras” de las estadísticas sobre resultados de gestión son objetivas y verdaderas.

Es más, en repetidas ocasiones el Gobierno ha dicho que la mala imagen presidencial y de gestión se debe en gran parte a que la opinión pública, altamente polarizada, termina siendo manipulada y desinformada por los sectores de la oposición, sobre todo en temas clave como el proceso de paz.

¿Pesimistas o enfermos?

No es una polémica nueva y en muchas ocasiones el propio gobierno Santos ha recalcado que la forma en que se rajan las políticas públicas en las encuestas es injusta, pues incluso salen muy mal calificados sectores en donde el esfuerzo presupuestal ha sido muy alto (vivienda, por ejemplo).  Sin embargo, el debate volvió a ponerse esta semana sobre el tapete luego de que el Jefe de Estado hiciera eco a una entrevista a un reconocido psiquiatra publicada por El Tiempo.

“¿Qué decía este psiquiatra? Que Colombia tiene una enfermedad, una enfermedad mental. Que solamente permiten ver las noticias malas y no apreciar las noticias buenas. Y que había que afrontar esa enfermedad, tratar de combatirla y curarla”, precisó el Jefe de Estado.

Al preguntarse cómo se cura esta “enfermedad”, el propio Santos indicó que “… con hechos que tengan impacto, con hechos simbólicos, que le muestren a la gente que efectivamente el futuro es mejor de lo que la gente se está imaginando porque hay noticias buenas y que puede apreciar esas noticias buenas”.

Santos trajo a colación una conversación que tuvo dos años atrás con el que describió como “uno de los grandes psicólogos del mundo que vino a Bogotá”, a la Universidad de los Andes para participar de un seminario sobre lo que llamaban “sanidad emocional”.

“Este profesor de la mejor universidad del mundo, de la Universidad de Harvard, me decía: mire Presidente, su tarea es muy difícil, titánica y va a ser todavía más difícil después de que se firme la paz porque Colombia es una sociedad traumatizada, sufre un trauma, porque ninguna persona, ninguna sociedad que viva tantos años de violencia puede dejar de tener ese trauma, que es una enfermedad, una enfermedad que le va a costar a usted muchísimo porque la gente no va a apreciar, inclusive algo que parecería ilógico, pareciera muy raro, la gente no va a apreciar que es mejor estar en paz que estar en guerra”, explicó el mandatario.

Dijo que al pedirle a ese psicólogo una explicación al respecto, le respondió que era un trauma que él como Presidente tendría que afrontar cuando firmara la paz y comenzara el posconflicto. “… Me acuerdo de las palabras que me dijo: el problema suyo, el desafío grande no va a ser económico, ni va a ser social, ni va a ser político, va a ser psicológico. Va a ser poco a poco ir convenciendo a las personas que es mejor vivir en paz que vivir en guerra, algo que para cualquier persona pues parece normal, lógico, mejor vivir en paz que vivir en guerra”.

Contrapunteo

Como era apenas obvio, el que el Presidente sugiriera que en Colombia hay una tendencia fatalista y negativista frente a la realidad, y más aún ante el dilema de paz y guerra, generó muchas reacciones.

De un lado, varios psiquiatras y psicólogos terciaron en la polémica en torno a qué se puede considerar como “enfermedad mental” y si esta se puede manifestar en una tendencia colectiva en la que se subdimensionen las buenas noticias y se magnifiquen las malas.

Citando una gran cantidad de teorías, estudios sobre conductas colectivas y patologías individuales en sociedades sometidas a largos conflictos armados internos y altos niveles de victimización por traumas de distinta índole, los expertos chocaron conceptos sobre si el pesimismo nacional es producto de una postura predeterminada sobre el país, el gobierno y la persona del Presidente, o si, por el contrario, la calificación negativa que prima responde a una lectura objetiva y realista de la situación de cada quien.

La única coincidencia entre una parte de los expertos fue una tan básica como categórica: las enfermedades mentales son de naturaleza individual y específica, no se puede, así sea en virtud de la generalización de una conducta masiva por demás no probada científicamente, hablar de un padecimiento colectivo de una estas patologías.

“… Pesimismo, fatalismo, negativismo no caen en ninguna de las categorías médicamente aceptadas de enfermedad mental… Es claro que el Presidente hizo una extrapolación política de un concepto de un psiquiatra, que igual trataba no de explicar una patología determinada, sino de encontrarle una explicación a un clima reinante de pesimismo… Enfermedad mental colectiva es claro que no hay… Es más, recientemente leí un interesante artículo sobre los cambios que los aficionados al fútbol van a percibir en el próximo Mundial, en donde los rusos no tienden a ser muy abiertos ni efusivos, incluso extremadamente adustos para manifestar sus emociones, frente a lo que pasaba cuatro años atrás con los brasileños, extrovertidos, festivos y con una actitud, si es que cabe el término, alegre frente a la vida… No podemos decir que hay una enfermedad mental en Brasil de excesivo positivismo o en Rusia de excesiva frialdad”, precisó un reconocido psicólogo consultado por EL NUEVO SIGLO, quien pidió la reserva de su nombre bajo la tesis de que el debate alrededor de si la sociedad colombiana sufre una “enfermedad mental” no tiene fondo científico alguno, sino que es un ‘capítulo’ más en una sociedad altamente polarizada que arma polémica a “flor de piel” por cualquier cosa.

Los otros… equivocados

Para otros analistas, estos sí políticos, la queja presidencial respecto a que hay un excesivo fatalismo en la opinión pública, no es más que la confirmación de dos elementos puntuales. El primero es el referido a la insistencia del Gobierno de querer  ‘venderle’ al grueso de los colombianos un acuerdo de paz que, evidentemente, no han podido digerir, en especial, por la gran cantidad de gabelas políticas, jurídicas, económicas, sociales e institucionales que se le concedieron a las Farc.

Sería apenas ingenuo negar que el Ejecutivo no ha podido convencer a la opinión pública de que para desarmar a la  guerrilla y que aceptara reintegrarse a la vida civil era necesario y obligatorio otorgarle beneficios tan extremos como la garantía de cero cárcel o la posibilidad inmediata de participar en política.

Aunque Santos y sus partidarios siempre han insistido en que la división nacional se da entre los pacifistas y los guerreristas, lo cierto es que este  argumento no tiene mayor profundidad ni realismo. En el fondo, la polarización de la opinión pública y de muchos sectores nacionales no es, en modo alguno, causada por el falso y absurdo dilema de si es mejor alcanzar la paz o seguir en la guerra, sino que tiene su origen real y tangible en la disparidad de criterios en torno al acuerdo logrado en La Habana y el margen de impunidad que se le dio a unas Farc que venían visiblemente debilitadas militar y territorialmente.

No en vano algunas voces uribistas alegan que el Gobierno, como fórmula de defensa efectista y rápida, siempre tiende a descalificar toda crítica a su política de paz por la vía de que los contradictores se equivocan y la verdad está del lado oficial. Se recuerda, por ejemplo, que después del sorpresivo triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, una de las excusas más reiteradas del Ejecutivo fue que muchos de los que votaron por la no refrendación del acuerdo lo hicieron engañados y manipulados por el discurso “engañoso” de la oposición, sobre todo del Centro Democrático y compañía.

Otros análisis que se han realizado en Colombia sobre los desafíos de la llamada “era del posconflicto” coinciden en advertir que el mayor problema del acuerdo de paz con las Farc fue su modelo de negociación, porque no involucró activamente a la mayoría de los sectores políticos, económicos, sociales, gremiales, regionales, locales, étnicos, de minorías e institucionales del país. Por el contrario, se trató de un esquema de negociación cerrado y excluyente entre ambas partes, lo que llevó a que la sociedad colombiana no estuviera al tanto de lo que se estaba discutiendo en la mesa y luego se viera, cuando se anunciaban los acuerdos sobre cada uno de los puntos, sorprendida por hechos cumplidos en temas muy polémicos y de alta sensibilidad, como la cero cárcel para los guerrilleros, la posibilidad que participen en política sin haber pagado ninguna sanción real o incluso que la jurisdicción especial que se creó para procesar a todos los implicados en delitos relacionados con el conflicto armado también pudiera juzgar a los civiles, una facultad que finalmente fue tumbada, en fallo reciente, por la Corte Constitucional. Ese riesgo judicial para los no combatientes fue determinante para que el No ganara el plebiscito del año pasado, un dictamen popular que el Gobierno luego esquivó tras una corta renegociación del pacto y la menos polémica nueva refrendación por vía legislativa.

En este orden de ideas, la referencia presidencial en torno a que la oposición de muchos colombianos al acuerdo de paz puede responder a una “enfermedad mental” se evidencia más como una excusa desesperada de un Ejecutivo que no entiende por qué la opinión pública no quiere aceptar las  razones –válidas para el oficialismo- que lo llevaron a firmar un pacto como el que suscribió.

¿Perdón automático?

De otro lado, no son pocos los artículos y estudios de los últimos años que insisten en que en la psiquis de una gran parte de los colombianos el odio hacia las Farc es muy fuerte. Tras cinco décadas de masacres, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, despojos de tierras y bienes, violencia sexual y otra gran cantidad de atropellos contra varias generaciones de compatriotas, muchas personas  no tienen disposición de perdón ni reconciliación.

Esos mismos estudios han recalcado en que la opinión pública no está en la onda de una cultura de paz ni reconciliación, no solo por el alto nivel de resentimiento frente a sus victimarios, sino porque no ve en estos un real y sincero sentimiento de arrepentimiento, como tampoco disposición a pagar, aunque solo sea en alguna proporción, por la gravedad de sus crímenes.

Sería ingenuo desconocer que muchos de los que critican o no están de acuerdo con el pacto de paz entre el Gobierno y las Farc, si bien reconocen la buena fe y voluntad del Jefe de Estado por sacar al país de una guerra intestina que superó todos los niveles de barbarie, no admiten por ningún motivo que los cabecillas traten de justificar semejante cantidad de sangre y dolor afirmando que eran ‘revolucionarios en defensa de los derechos del pueblo’.

Hay, en consecuencia, un sentimiento colectivo que se traduce no solo en la oposición a que los cabecillas y guerrilleros reciban las gabelas políticas, económicas y jurídicas pactadas, sino en la constante denuncia en torno a que los desmovilizados mienten al Gobierno y el país porque  no han devuelto sus millonarias fortunas ilícitas, todas las armas, los menores de edad reclutados a la fuerza ni quieren confesar toda la verdad sobre sus crímenes…

Visto lo anterior, parecería claro que la referencia presidencial en torno a que Colombia tiene “una enfermedad mental que solamente permite ver las noticias malas y no apreciar las noticias buenas”, sobre todo en materia de las ventajas de alcanzar la paz frente a la opción de seguir en la guerra, fue más un recurso discursivo que un diagnóstico real y probado. Un diagnóstico propio de un Ejecutivo que sigue tercamente sin entender por qué el grueso de la opinión pública tiene más reservas que respaldos frente a lo que se le concedió a las Farc a cambio de desarmarse y reinsertarse a la vida civil.