EL CONSEJO de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar las afirmaciones que hizo en su cuenta de la red social X el pasado 8 de octubre, sobre la supuesta participación de Enrique Vargas Lleras en el sorteo en el cual su hermano, Germán Vargas Lleras, fue designado como árbitro en un proceso que enfrenta a las sociedades Equipo Universal SA y Castro Tcherassi contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
La Sección Cuarta del Alto Tribunal resolvió así una acción de tutela que interpuso Enrique Vargas Lleras por considerar que el jefe de Estado violó sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre, por haber publicado un trino en el que lo vinculaba a él con la inclusión de su hermano en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que conocerá de este litigio y por otras afirmaciones contenidas en la publicación.
Frente a la concreta afirmación sobre la supuesta responsabilidad del demandante en esta designación como integrante de la Corte Arbitral de la Cámara, el Consejo de Estado concluyó que se trata de una información que carece de veracidad. Contrario a lo afirmado por el primer mandatario, el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá no contempla que el organismo que él mencionó esté a cargo de esos sorteos para la designación de los árbitros.
Para el Consejo de Estado se hizo evidente que el presidente Gustavo Petro “no cumplió con el deber mínimo de diligencia que le asistía antes de publicar esta información. De ahí su decisión de amparar los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Enrique Vargas Lleras, ordenando al presidente rectificar estas afirmaciones en su cuenta de X. Debe hacerlo en un máximo de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela”.
El jefe del Estado escribió en su perfil en X que “miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública. Desde aquí juegan al golpe de estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos”.
Vale señalar que la elección de árbitros al interior del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá está sujeto a la auditoría externa de la empresa BakerTilly, que señaló en informe de septiembre de 2024 que en los sorteos de ese mes “no se presentó ninguna afectación al correcto funcionamiento del proceso”.