En desarrollo del más reciente evento de la Presidencia de la República se percibió un ambiente de distanciamiento entre el primer mandatario, Gustavo Petro, y la ministra de Igualdad, Francia Márquez, luego de las pullas lanzadas por Petro sobre los programas que debe desarrollar el ministerio con los habitantes de calle en distintas regiones del país. En medio del discurso, el presidente arremetió contra la funcionaria y sostuvo que el Congreso no va a aprobar la ley que mantendrá el Ministerio de Igualdad una vez concluya el actual gobierno.
Como se sabe, esta disputa comenzó por el cuestionamiento que hiciera la vicepresidenta a Petro por el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia: “Señor presidente Gustavo Petro, siempre es importante escuchar a nuestro pueblo. Como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad no puedo tolerar la misoginia. Este gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este gobierno".
Razón por la cual Gustavo Petro comenzó a lanzar pullas en contra de la vicepresidente: “Mientras se aprobó el ministerio en el Congreso, mientras se empezaban a hacer los papeles para crear un nuevo ministerio, una decisión de la Corte Constitucional le puso fin al ministerio. Se acaba el 31 de diciembre del 2026 y no veo Congreso para rehacerlo. Dicen, como si fuera verdad, que ese ministerio no se necesita, porque son burocracias, y resulta que ese el ministerio creado no existía en el Estado a nivel nacional para tratar con la señora trabajadora sexual, para tratar con las personas LGBTI discriminados, para tratar con el viejo que ya cumplió y no tiene pensión, para tratar con el habitante de calle y otras poblaciones vulneradas. Es la única instancia en el Estado, a nivel nacional, que podría cumplir cabalmente con la idea de un Estado social de derecho”.
De igual manera, el primer mandatario sostuvo que “mucho se ha dicho que ese ministerio no se necesita y la Corte Constitucional decidió ponerle un final, a menos que el Congreso de nuevo lo apruebe. Y el Congreso lo que está es tumbando las leyes a favor del pueblo. Luego estamos entrampados, queda un año y medio para demostrar que se necesita una instancia del Estado que les dé la mano a las y los más humildes de Colombia”.
No obstante, en medio de sus reclamos el presidente recalcó que “los habitantes de calle son golpeados por la policía, esto ocurre en varias ciudades y ¿en dónde está el Ministerio de Igualdad en esas ciudades? Como no está la ministra (Francia Márquez), le pido al viceministro que a partir del 1° de enero esta población reciba atención de ese ministerio”.
Dudas desde la bancada de gobierno
En medio de una entrevista, la representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, le dijo a la emisora W Radio que el Ministerio de la Igualdad no cumplió con las expectativas y que se debe acabar, así como lo estableció la Corte Constitucional: “Definitivamente se tiene que acabar, porque así lo han dicho las cortes. Considero que la ejecución del Ministerio de Igualdad ha sido contra las expectativas que todos teníamos. Queríamos que este ministerio liderara la política pública en materia de cierre de brechas, pero no se ha conseguido, no se ha logrado. Obviamente que uno no puede tapar el sol con un dedo y ojalá en lo que queda de tiempo se puedan materializar algunas de las ideas que tenemos como proyecto político desde ahí”.
Sin embargo, la representante reiteró a través de su cuenta en la red social X que el audio fue manipulado y que en realidad su explicación al respecto se dio en un contexto mal interpretado: “El audio está en la nota y sé qué dije. Cortaron lo de la Corte para que se entendiera que es mi opinión. Es una falta de respeto la manipulación de esta noticia. Primero me invitan a hablar del salario mínimo y luego me sorprenden con un tema no acordado, respondo y manipulan el titular. Dije que se tiene que acabar porque así lo ordena la Corte y que espero que en lo que viene la ejecución mejore. En el titular tendencioso queda la sensación de que yo estoy pidiendo que se acabe. Les pedí que rectificaran la información”.
Cabe señalar que la congresista Carrascal no ha confirmado si el medio de comunicación al cual le entregó las declaraciones atendió a las precisiones que ella misma hizo sobre el Ministerio de Igualdad, el cual está causando división dentro del Gobierno Nacional por la partida presupuestal que se le ha asignado y el enorme déficit en ejecución. Como se sabe, a finales de noviembre la plenaria del Senado adelantó un debate de control político al respecto y las cifras no fueron nada alentadoras.
El senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, señaló en su momento que “el Ministerio de Igualdad es fallido y nació muerto porque desde que lo presentaron en ponencia quedó viciado cuando se dijo que no se requería de un concepto fiscal y por falta del concepto fiscal y por los vicios de procedimiento es que la Corte Constitucional lo tumbó”.
Luego el parlamentario sostuvo que “este ministerio recibió, en el mes de diciembre de 2023, $500.000 millones. Y esta cartera es ejecutora de dos fondos, el primero es Pacifico, que viene desde la época del gobierno Santos”.
A su turno, el senador Carlos Motoa dijo que “la baja ejecución en el ministerio no se acerca a las metas del cuatrienio que plantea el Plan Nacional de Desarrollo; la ejecución en esta entidad no llega ni al 2 %, a diferencia de entidades como el ICBF, que ejecuta cerca del 60 % del presupuesto. Igualdad solamente llega al 1,6 % de ejecución, este es un hecho que terminó sepultando constitucionalmente a esa cartera”.
El Gobierno defiende la cartera de Igualdad
La vicepresidenta y ministra Francia Márquez dijo ante la Plenaria del Senado de la República que el Ministerio ha dispuesto del 94 % del presupuesto que ya estaba comprometido, lo que demuestra el ritmo de ejecución. "¡Estamos ejecutando! Podemos decirle con orgullo al país que el 25 % del presupuesto (400 mil millones de pesos) ya está siendo utilizado de manera efectiva y el 32 % (512 mil millones de pesos) está en proceso de contratación", expresó.
De igual manera, la funcionaria agregó: “Sólo las desigualdades entre hombres y mujeres, en términos de condiciones laborales y acceso a educación, le costarán a la Nación el 12,6 % del PIB para 2050. Esto significa dejar de producir 196 billones de pesos en los próximos 25 años, lo que equivale a dos años del Presupuesto General de la Nación en inversión. En solo un año creamos una nueva entidad, la pusimos en marcha con programas para la Colombia más vulnerable y excluida", sostuvo.
Luego, explicó que tras la sentencia de la Corte Constitucional que pone fin al Ministerio de Igualdad, debe quedar para los próximos gobiernos la gestión que adelantó la entidad en los territorios más apartados, “seguiremos trabajando decididamente por ellas, y no solo en este gobierno, sino en los gobiernos venideros, porque este no es el ministerio de una persona, no es el ministerio de Francia Márquez, es una institución creada para cerrar las brechas históricas de desigualdad poblacional y territorial”.
Cabe señalar que la Corte Constitucional explicó las razones jurídicas por las cuales declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad: “Con efectos diferidos a dos legislaturas, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad. Sentencia C-161 de 2024. La Sala Plena de la Corte declaró inconstitucional la ley al considerar que en el trámite de su aprobación el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable, toda vez que no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal”.
Posteriormente argumenta el fallo: “Para la Corte, esta determinación viola el artículo 150 de la Constitución al no cumplirse con los requisitos para la creación del ministerio, según las leyes ordinarias y previstos en leyes orgánicas tales como la Ley 819 de 2003, que constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por lo anterior, la Sala Plena difirió la decisión a dos legislaturas, puesto que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos afectaría la implementación de la política pública encabezada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, en poblaciones consideradas por el legislador como vulnerables, tales como madres cabeza de familia y personas en condición de discapacidad”.