Para que los planes de desarrollo puedan incluir el impacto del COVID-19 en las finanzas territoriales, el contralor Carlos Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo Flórez le pidieron al Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentar, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que permita adecuar los términos para su aprobación en concejos y asambleas.

En carta enviada al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, los jefes de los órganos de control advirtieron que “los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”.

Córdoba y Carrillo indicaron que los proyectos de planes de desarrollo que se presentaron pueden tener un déficit en relación con la lucha contra el brote y la adecuada consideración de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Ante las inquietudes planteadas por los mandatarios territoriales sobre las dificultades para cumplir con los términos de elaboración, presentación y trámite de los planes de desarrollo, debido a la atención que se requiere para contener la pandemia, la aplicación de reglas de confinamiento social y la reducción de espacios de diálogo ciudadano, el contralor Córdoba y el procurador Carrillo pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.

“Dichas dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del Covid-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

Solicitaron al DNP evaluar un término adicional para la aprobación de los planes de desarrollo o valorar la alternativa de una modificación normativa a los instrumentos de planificación territorial, para que los planes se aprueben conforme a los estudios que se logren en relación con el impacto de la emergencia sanitaria.  

Para los entes de control, también se podría habilitar que los órganos de representación departamental, distrital y municipal, en ejercicio de la competencia regulatoria de sus procedimientos, consideraran y aprobaran modificaciones a sus reglamentos con el objetivo de permitir la discusión de los planes y su adecuación al contexto actual.

Recomendaron exhortar a los órganos administrativos de representación popular para que frente a los proyectos presentados se asegure el trámite prevalente y la participación de los ciudadanos, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 de 2020, según el cual las corporaciones pueden sesionar de manera no presencial, razón por la cual se debería asegurar el acceso a medios virtuales y a espacios para materializar este principio.

El procurador Carrillo y el contralor Córdoba enfatizaron en que este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación del planes de desarrollo con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos, y su concordancia con los planes de desarrollo territorial.