El martes de esta semana fue noticia que una juez de Bogotá dejó en libertad a 13 delincuentes (que de acuerdo con la Policía son todos extranjeros entre los 21 y 41 años) que asaltaron e hirieron a varios pasajeros en una estación de Transmilenio.

Esta información fue socializada el martes por el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto. Aunque el jefe de la cartera no explicó el porqué de esta decisión, la noticia fue objeto de indignación en la opinión pública.

No obstante, ayer la jueza 69 de control de garantías que tomó esta decisión justificó a la opinión pública su fallo, lo que desencadenó una línea de críticas que incluyeron un cuestionamiento de la misma mandataria distrital. De hecho, uno de los razonamientos de la jueza frente a los cuales la alcaldesa más llamó la atención, fue la alusión a los costos que le implicarían al Estado tener a estos 13 delincuentes en prisión.

“¿Cuánto le cuesta al Estado mantener a cada uno de ellos en reclusión, lo que incluye alimentación, salud, personal de custodia, entre otros rubros? Aproximadamente $1.876.130 mensuales o $22.513.580 anuales, es decir, $292.676.540 por todos ellos, monto que aumenta si el Estado tuviese que hacerse cargo de sus hijos menores y del parto de la dama que tiene dos meses de gestación. ¿Se justifica, entonces, que los impuestos de todos paguen tan elevado precio solo para cumplir unos aparentes resultados que a la postre no se ven reflejados en la materialización del valor justicia?”, cuestionó la jueza.

Ante este argumento, el monetario, en particular, la alcaldesa Claudia López trinó contrapreguntando lo siguiente: “¿Entonces lo que le sale barato al Estado colombiano es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Que sale más barato una vida menos?”, trinó la alcaldesa al comenzar el día.

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Falta de cohesión en los testimonios

Otro de los argumentos que esgrimió la jueza estuvo relacionado con el uso de armas por parte de los atracadores y la denuncia de la persona que resultó herida.

“Ni en el informe de captura, ni en las actas de incautación, se da uno cuenta de la utilización de armas blancas. Tampoco se dio el hallazgo de un arma de fogueo mencionada por el señor fiscal, o de un elemento menos letal, lo que hace que esta sea una afirmación que cae en el campo de la especulación, la conjetura y la especulación”, precisó la jueza.

Punto aparte, frente a la información que mencionaba que una de las víctimas que intentó huir fue agredida en la cabeza con un arma de fuego, la jueza dijo que “la víctima, aun cuando dijo haber sufrido un golpe que describió como un tachazo en la cabeza, tampoco señalo haber visto un arma de fuego. Tampoco tenemos certeza sobre la posición desde la cual se encontraba el artefacto y se infiere que ese golpe lo recibió por la espalda”, añadió en su explicación la jueza 69.

Intereses estatales por mostrar resultados

Y por último, la jueza involucró directamente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien durante las últimas semanas ha hecho varios llamados de atención a los jueces y fiscales, a quienes ha responsabilizado de la ola de violencia que atraviesa la ciudad.

“No siendo un mero esfuerzo retórico o discursivo, ni un mecánico check list, sino una verdadera carga acreditativa que en el caso concreto se ofrece a ustedes. De manera que esa tensión existente entre intereses estatales y derechos fundamentales, no se soluciona apelando al clamor de las mayorías, ni a la indignación popular, ni a los pronunciamientos de la señora alcaldesa, sino en la aplicación directa de la Constitución y la ley, que suministran las herramientas de ponderación adecuadas, con miras a garantizar las finalidades de las medidas cautelares”.

Añadió que hay un doble rasero en la posición institucional, que emite circulares para que los funcionarios aceleren las medidas de aseguramiento para el cumplimiento de metas estadísticas. Los delincuentes, dicho sea de paso, aunque recuperaron la libertad quedaron vinculados al proceso penal.

La alcaldesa, al igual que el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Fernández de Soto, había cuestionado, desde el pasado martes, esta decisión.

“Trece atracadores capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá con armas blancas y de fuego, en flagrancia tras haber robado y herido a las víctimas, con celulares y otras pertenencias robadas en Transmilenio. El fiscal pidió detención en cárcel y el juez de garantías la negó y los dejó libres”, había dicho la alcaldesa.