Un fallo conocido del Tribunal Superior de Bogotá tumbó la absolución que apenas hace 2 meses hizo un juez de conocimiento a los exsecretarios Jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, de la Presidencia de la República durante la administración de Álvaro Uribe, por las denominadas ‘chuzadas’ del DAS a magistrados, periodistas y opositores de ese gobierno. Ahora los exfuncionarios fueron condenados a 5 años y tres meses de privación de la libertad.
El magistrado a cargo de dichos procesos, Dagoberto Hernández Peña, negó la suspensión de la ejecución de la pena y consideró que Del Castillo puede pagarla en la modalidad de casa por cárcel; pero César Mauricio Velásquez debe ser recluido en centro carcelario, debido a que se encuentra residenciado en Roma, Italia. A su vez, ordenó su captura y que sean puestos a disposición del Inpec, una vez quede en firme la decisión.
En el fallo el togado Hernández dio cuenta que las valoraciones que hizo el juez de primera instancia de las evidencias fueron precarias y que sí hubo una organización criminal para afectar la imagen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la defensa de los condenados anunció que acudirán a la impugnación especial de la decisión.
Cabe recordar que el fiscal delegado del caso, Omar Bernal, dijo que el material probatorio evidencia que existió un concierto criminal por parte de Velásquez y Del Castillo, con otros funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, para cometer acciones ilícitas para deslegitimar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Agrega el fallo que los implicados por este proceder "lesionaron el bien jurídico de la seguridad pública" y que, a su accionar, también se juntaron "otros funcionarios del DAS, de la UIAF, abogados, desmovilizados de las autodefensas y particulares".
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El caso
Hace cuatro años, un mes de junio, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Edmundo Del Castillo y a César Mauricio Velásquez por el delito de concierto para delinquir.
Por el mismo caso ya fueron condenados el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, así como otros exfuncionarios de menor rango.
De acuerdo con el ente acusador, es claro que hubo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno nacional y funcionarios del DAS, cuyo fin primordial fue desprestigiar o desacreditar a altos funcionarios del Estado, concretamente a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, periodistas y en general opositores del Gobierno a quienes se catalogó y trató como blancos políticos”.
En el escrito de acusación se relata lo sucedido en un desayuno llevado a cabo el 12 de septiembre de 2007 en el Club Metropolitan entre el secretario general de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
En ese desayuno, según los investigadores, Moreno transmitió a Hurtado instrucciones para que mantuviera informado al alto Gobierno sobre cuatro aspectos específicos: la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
Para la Fiscalía, Velásquez y Del Castillo “conocieron y participaron en las ilícitas actividades ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución del propósito criminal”.
En el documento se indica que Velásquez y Del Castillo “fueron receptores o consumidores de la información recaudada por el DAS, la UIAF y algunos particulares y además intervinieron en su posterior divulgación”.
Igualmente, el fiscal del caso señaló que los actos cometidos por Velásquez y Del Castillo, “claramente desbordaba sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias”.
En junio pasado el expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró como testigo en el juicio contra Del Castillo y Velásquez, oportunidad en la que reiteró que su gobierno no persiguió magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni ordenó interceptaciones o seguimientos ilegales.
Aseguró en esa oportunidad el exmandatario que Del Castillo y Velásquez no cometieron delito alguno y que, por ejemplo, en el caso de Velázquez entre sus funciones tenía comunicarse con todas las entidades del Estado.