La Procuraduría pidió a la Armada Nacional, al Ministerio de Justicia, al Inpec y a la administración municipal de Buenaventura que procedan al cierre inmediato del espacio de reclusión ubicado en la estación de guardacostas de esta ciudad portuaria. La solicitud se basa en los hallazgos de una visita realizada por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien documentó una situación alarmante de hacinamiento extremo.

Durante la inspección, Sarmiento observó que la capacidad de alojamiento del recinto es significativamente menor al número de personas detenidas. En el espacio, diseñado para alojar a un número reducido de internos, se encuentran actualmente 26 personas, entre ellas 19 extranjeros y siete colombianos, todos en espera de que se defina su situación jurídica y migratoria.

La Procuraduría subrayó que el hacinamiento ha provocado brotes de enfermedades como paludismo, gastritis, enfermedades respiratorias y alergias en la piel. Estas condiciones son exacerbadas por la falta de ventilación adecuada, zonas de baños deficientes y una alimentación insuficiente. La situación sanitaria es tan crítica que representa no solo una violación a los derechos humanos de los detenidos, sino también un potencial riesgo de fuga masiva debido a la vulnerabilidad estructural del recinto.

El procurador Sarmiento enfatizó la urgencia de trasladar a los internos a un centro de detención transitoria o un establecimiento de reclusión que garantice condiciones mínimas de dignidad y seguridad. "Evidenciamos que este lugar no cuenta con las condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos de los internos", afirmó Sarmiento. "Por ello, hacemos un llamado urgente para que se realicen las acciones necesarias para superar esta problemática".

De acuerdo con la entidad, la situación en la estación de guardacostas de Buenaventura no solo pone en tela de juicio las condiciones de detención en el país, sino que también destaca la necesidad de una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes para evitar una crisis sanitaria y de seguridad mayor. Las instituciones involucradas tienen ahora la responsabilidad de actuar con celeridad para garantizar que los derechos fundamentales de los detenidos sean respetados y que se tomen las medidas necesarias para corregir las fallas estructurales de este centro de reclusión.