La exfiscal Ana Catalina Noguera ha sido condenada a cumplir una pena de tres años y diez meses de prisión domiciliaria, tras haber sido hallada culpable de interceptar ilegalmente las comunicaciones de Carolina Vélez López, la novia de su expareja.
Un juez del Juzgado 13 de Conocimiento de Bogotá, determinó que la exfuncionaria, con la ayuda del narcotraficante Ramón Esteban Peña, alias “El Médico”, orquestó la interceptación del teléfono de Vélez para investigar una supuesta infidelidad.
En el proceso, se demostró que la exfiscal utilizó su posición para inducir a otros funcionarios a cometer errores, con el objetivo de obtener información personal y privada de la víctima.
La Fiscalía expuso que Noguera solicitó la intervención del teléfono de Vélez a través de contactos dentro de la Dijín, lo que evidenció la manipulación de recursos del Estado en beneficio personal. "Catalina Noguera Toro es responsable de los delitos de violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales, al haber instruido a otros para realizar esta intervención ilegal", afirmó el fiscal Mario Burgos durante la audiencia.
Además de la pena de prisión domiciliaria, Noguera deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos legales vigentes. A pesar de haber aceptado los cargos inicialmente, posteriormente la exfiscal se retractó, alegando vulneraciones a sus derechos. Sin embargo, el juez no consideró válida esta solicitud y reafirmó la legalidad del proceso.
Cabe mencionar que Noguera no solo enfrenta esta condena, sino que también está bajo investigación por otros delitos relacionados con su función pública. Se le acusa de formar parte de una red criminal que extorsionaba a personas con problemas legales, bloqueando sus extradiciones y aprovechando su cargo para acceder a información confidencial.
El defensor de Noguera ha anunciado la apelación de esta decisión, por lo que el caso será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá. La condena de Noguera refleja un preocupante precedente en el uso indebido de la autoridad y los recursos estatales, subrayando la necesidad de una revisión más profunda de las conductas de quienes ocupan cargos públicos.