En el marco de vigilancia preventiva que adelanta la Procuraduría General de la Nación sobre la ejecución del proyecto del Gobierno de Gustavo Petro "Caminos Comunitarios de la Paz Total", el Ministerio Público llevó a cabo una visita a las oficinas del Instituto Nacional de Vías (Invías), buscando información detallada sobre inversiones y el cumplimiento de los contratos.
"La visita tiene por objeto recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre el asunto mencionado, para lo cual esta Procuraduría Delegada requerirá información y documentación, formulará inquietudes y preguntas, y presentará observaciones, recomendaciones y sugerencias", indicó la Procuraduría, asegurando que la solicitud correspondía a los temas de:
- Manejo y giro de los desembolsos realizados.
- Giros efectuados y rendimientos financieros generados a la fecha.
- Estado actual de los convenios solidarios suscritos con Organismos de Acción Comunal - OAC (en ejecución, terminados, suspendidos y no ejecutados).
- Presuntos incumplimientos de las obligaciones estipuladas en los convenios.
- Publicidad de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.
- Ejecución de los contratos de interventoría, ejecución y cumplimiento de los mismos.
- Los demás asuntos relacionados con la vigilancia preventiva enunciada.
La visita, que se llevó a cabo sobre las once de la mañana de este lunes, fue dirigida por el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, pidiendo la presencia del director general de Invías, Jorge Montenegro Arjona, junto a su equipo de asesores.
"La actuación preventiva se desarrollará en forma independiente de las demás funciones misionales de la PGN. Dicha actuación no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. En esta órbita, la Procuraduría no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia; de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen a los vigilados", indicó el Ministerio Público.
Es importante mencionar que la contratación directa que se estaba realizando entre el Gobierno y las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras comunidades para la construcción o mantenimiento de vías rurales quedó sin efecto, después de que la Corte Constitucional determinara que el presidente Petro no está facultado para establecer un régimen especial en esta materia.
La decisión de la Corte responde a tres demandas que se presentaron contra aparte del Decreto Ley 1961 de 2023, por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir).