Con el concurso de mandatarios locales, la Fiscalía presentó ayer al Congreso un proyecto en el que propone sancionar drásticamente a quienes induzcan a los niños al consumo de drogas y los instrumentalicen para el narcomenudeo; pero también pretende crear un estándar claro de la dosis mínima porque la falta de ello sería aprovechado por el microtráfico para su accionar.

Si bien no pretende modificar el límite establecido en la ley, sí establece un tope más allá del cual se debe judicializar al portador. Esta propuesta se une a otra que presentó el Partido Conservador y se espera una más que anunció el Centro Democrático.

La Fiscalía explicó que “ha detectado que los traficantes portan pequeñas cantidades de sustancias fraccionadas y empacadas, y los jíbaros son confundidos fácilmente con personas que, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, consumen sustancias estupefacientes. Esta situación, en algunas oportunidades, implica que no sea posible judicializar a los expendedores de drogas y, en otras, que los procesos penales inicien en contra de personas que simplemente están dedicadas al consumo”.

La norma propone crear un estándar según el cual la dosis de aprovisionamiento no podrá exceder el doble de la cantidad establecida como dosis personal para las sustancias reguladas en la Ley 30 de 1986, y en el reglamento adicional que expida el Consejo Nacional de Estupefacientes, respecto de las nuevas sustancias.

Frente al narcomenudeo, la Fiscalía considera que debería agravarse la sanción en circunstancias en las que se demuestre que una persona funge como cabecilla, coordinador o jefe de una red de tráfico local de drogas, y que debería ocurrir lo mismo para los extranjeros que pertenezcan a organizaciones narcotraficantes y para las personas que comercialicen drogas en medios de transporte y puestos de venta o recurran a caletas, entre otras modificaciones de vehículos, naves o aeronaves para ocultar sustancias ilícitas.

Cuando esto ocurra, las penas se duplicarán en el mínimo y se aumentarán en la mitad en el máximo.

La iniciativa presentada  por la Fiscalía al Congreso propone actualizar la legislación actual y adicionar al tipo penal de tráfico de estupefacientes, las nuevas sustancias, sus cantidades de circulación restringida y dosis mínima, con un mecanismo mediante el cual el Consejo Nacional de Estupefacientes contribuya a judicializar estas nuevas modalidades.

El fiscal General, Néstor Martínez, reveló que el nombre del proyecto “Ollas a la Olla” es porque estos sectores donde están utilizando a los niños y adolescentes del país son un verdadero peligro para la sociedad. “Le hemos decretado la guerra a estas ollas, no solamente policivamente, ahora lo hacemos judicialmente, esa es la esencia de este proyecto”.

Por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que todos los burgomaestres del país están unidos para apoyar el proyecto donde se busca evitar que las estructuras criminales le sigan tomando el pelo al sistema. “Queremos que los que vayan a la cárcel sean los que se dedican al narcomenudeo, quienes están acabando con todas las generaciones, niños y jóvenes”, apuntó.

El proyecto de ley presentado por la Fiscalía busca además sancionar drásticamente a quienes, a través de medios engañosos, suministren cualquier droga a menores de edad, y para esos fines se ubiquen en entornos educativos. El adulto que incurra en este tipo de conductas recibirá una pena de diez a 20 años de prisión y la sanción podría aumentar hasta 30 años si la víctima es menor de doce años de edad.

Asimismo se plantea la creación del delito de favorecimiento al tráfico y consumo de drogas. Esta definición permitirá actuar contra los encargados, administradores o dueños de espacios abiertos al público, escenarios y lugares de afluencia masiva, que toleren la venta de estupefacientes en las instalaciones. En estos casos, las penas serían de cuatro a ocho años de prisión.

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Reincidencia

El proyecto de ley que presentó el fiscal Martínez también propone que la reincidencia sea considerada como una causal especial de mayor castigo penal y que se convierta en un impedimento para conceder beneficios de prisión domiciliaria por tiempo cumplido de condena y el de libertad condicional.

De igual manera, establece medidas para controlar la cibercriminalidad y garantizar la seguridad ciudadana.

Finalmente la iniciativa legislativa plantea la participación de la Fiscalía en las decisiones sobre el traslado de personas privadas de la libertad mediante conceptos emitidos por sus delegados, para evitar se continúe con la comisión de un delito y se prolongue un daño para la ciudadanía.