Entrevista. El segundo a bordo hace un balance de su gestión. Responde a críticas y las fallas en seguridad a los activistas de derechos humanos.

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El segundo a bordo hace un balance de su gestión. Responde a críticas y las fallas en seguridad a los activistas de derechos humanos.  Plantea una revisión total de la política de consumo y demanda de las drogas, respecto a la posibilidad de penalizar la dosis mínima. También apuntó a decir que los ciudadanos no pueden tomar la justicia por su propia mano. 

 

EL NUEVO SIGLO: ¿A un año de su posesión qué opina del cargo de Vicepresidente?

ÓSCAR NARANJO: En particular estoy satisfecho por el papel que cumple y se lo puedo resumir de la siguiente manera. En un año he viajado fuera de Bogotá en 97 ocasiones a visitar 23 departamentos, un poco más 400 municipios y muchas veredas de la Colombia profunda, donde en el pasado la única presencia del Estado era la de un uniformado, un soldado y un policía.

En ese sentido creo que la conexión del Gobierno central con los territorios, en este caso particular, bien ha valido la pena. Por otro lado lo que nos propusimos es que la Vicepresidencia fuera un punto de encuentro, que nos permite presentar un balance positivo posiblemente invisible a los ojos de los colombianos. Han sido reuniones de grandes grupos de personas sobre diez o quince ejes temáticos conflictivos en las que se exploran soluciones y se logran consensos para generar desafíos.

Y también el trabajo alrededor de la implementación del acuerdo para coordinar con el propio Gobierno, a pesar de las dificultades que tenemos, creo que lo valoran tanto institucionalmente los responsables de la ejecución del posconflicto, y también las comunidades a donde hemos llegado.

ENS: ¿No se arrepiente de haber aceptado el cargo, cuando hoy podría estar en la baraja de candidatos presidenciales o vicepresidenciales?   

ON: De ninguna manera; estoy muy orgulloso de participar en este gobierno, que produjo el hecho más histórico en los últimos cincuenta años: ponerle fin a un conflicto armado que dejó 270 mil muertos entre colombianos y colombianas que perdieron la vida durante décadas de violencia.

Líderes sociales

ENS: ¿Qué está pasando con la protección de líderes sociales, está fracasando como lo dice el Procurador?

ON: Estamos haciendo grandes esfuerzos. Lo primero que el Gobierno hace frente a ese desafío es no negar que tenemos un problema, y no incurrimos en el negacionismo. Por el contrario reconocemos el problema, lo visibilizamos y actuamos; lo que hemos pasado de una lógica reactiva del Estado, que simplemente se limitaba a proteger a quien estaba amenazado, o invisibilidad en la muerte de los líderes sociales.

Hoy con este sistema esperamos que sea cada sea más sólido. Cuenta con unos mecanismos preventivos, como el sistema de alertas tempranas, con unos mecanismos de reacción inmediata de la fuerza pública, con particularmente un sistema que empieza con la protección individual a la protección colectiva y es verdad que ahora que estamos aprovechando la oportunidad histórica, sin conflicto, sustituir cultivos ilícitos, tenemos allí narcotraficantes, crimen organizado. El propio Eln que ha tomado venganza contra los líderes sociales que están promoviendo la sustitución. Es verdad que tenemos un problema, pero yo no diría que haya un fracaso; sí hay una situación lamentable que condenamos, pero hay múltiples acciones que en conjunto con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, estamos desarrollando para proteger a estos líderes. Sería una gran  contradicción teniendo la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años que se mantuviera un incremento de asesinato de líderes sociales.

ENS: ¿El Estado se equivocó al no darle la importancia al tema de la disidencia de las Farc?

ON: Lo que se denuncia en cualquier proceso de paz, es que la no totalidad de los que están alzados en armas se incorporan, se reintegran, y hacen dejación de las armas. Era claro para nosotros que frente a las Farc habría un porcentaje que no entraría al acuerdo y hay que reconocer que hace ya quince o dieciséis meses que se firmó el acuerdo, ese porcentaje no superó el 6% comparado con otros procesos en el mundo. Es un porcentaje bajo de disidencias, pero hay que reconocer también que existe  convergencia criminal en unos territorios, motivados por narcotráfico, donde lo que se quiere es mantener la violencia en esos territorios y por esa razón las disidencias son una prioridad. Y por eso el Gobierno lo que ha dicho es que sin ninguna contemplación incrementará la persecución militar, policial y judicial.

Sin gabelas

ENS: ¿Debe dárseles gabelas jurídicas a los disidentes de las Farc para que se sometan a la justicia?

ON: De manera categórica no, así lo ha dicho el señor Presidente. No hay ninguna posibilidad de que esas disidencias, esos grupos residuales interpreten que un proyecto de ley que se ha puesto a consideración del Congreso para facilitar herramientas de imputación colectivas a los delincuentes de bandas criminales, como el clan del Golfo, sea aplicable a los grupos residuales, de ninguna manera.

ENS: ¿Cómo leyó usted que las Farc sacaran menos de 60 mil votos? 

ON: Es el resultado de 53 años de conflicto, es el resultado de quienes han estado en armas y que ahora hacen política, y desde luego deben desarrollar a punta de aprendizaje.  

 “Las disidencias son una prioridad y por eso el gobierno lo que ha dicho es que sin ninguna contemplación, incrementará la persecución militar, policial y judicial.

ESN: ¿El rebrote de la violencia por parte del Eln, las bacrim y el narcotráfico, no pone en duda que estamos en el posconflicto? 

ON: Francamente cuando uno revisa territorio a territorio, habría que hacer la siguiente valoración: cuando las Farc hizo la dejación de las armas estaba en 285 municipios; hoy de esos 285 municipios hay 37 que tienen problemas, pero ese problema no es comparable con las páginas de guerra que Colombia enfrentó años, particularmente con las Farc. Recuerdo a propósito con las elecciones del 11 de marzo que estas elecciones han sido las más pacíficas, las menos violentas y de lejos las que no tuvieron afectación por el comportamiento de esos grupos armados. Y por otro lado, pongo otro ejemplo cuando llego al Putumayo; llega uno a Villagarzón, un municipio donde se presentaba en un año entre 80 y 120 homicidios; hace unos meses estuve allí y le pregunto al alcalde cuántos homicidios tuvo el año pasado y me dice que uno.

Lucha contra la droga

ENS: Se rumora que el informe del Departamento de Estado dice que en Colombia hubo al cierre de 2017, 220 mil hectáreas de cultivos de coca, ¿qué se puede decir frente a este tema? 

ON: El informe que se publicó por parte del Departamento de Estado, no es un informe que mida hectáreas de coca; es un informe que valora los esfuerzos políticos en cuanto a la decisión política de los Estados. En el caso de Colombia, reconoce la decisión de contener la oferta, que es una decisión plenamente vigente. Segundo, ese informe si bien reconoce -y como lo hacemos nosotros- que en  los últimos dos años hubo un incremento de la oferta de cocaína, el Plan que tenemos hoy es un plan de alto impacto y duradero, porque por primera vez tenemos la oportunidad de erradicar con fines de contener el problema. Tenemos la oportunidad de un plan que combina sustitución voluntaria y erradicación forzosa de eliminar los cultivos ilícitos; desde luego debo decir que no es una tarea que se cumpla de la noche a la mañana. Por lo tanto lo que hemos hecho es elevar la atención, la prioridad y las metas claras de erradicar 70 mil hectáreas.

ENS: ¿En qué consiste la nueva óptica de la lucha antidroga que usted propuso en Viena?

ON: Francamente lo que hicimos en Viena al interior del Consejo de estupefacientes de las Naciones Unidas, donde hay cerca de 53 países y cerca de 30 observadores, es que el mundo debería transitar a una medición de desempeño de Estado a Estado, con un enfoque multidimensional. ¿Qué significa eso? La lucha contra las drogas no puede ser valorada por una operación aritmética de cuánto se produce y cuánto se consume.

Lo que hemos dicho es que debería considerarse entre otras las siguientes variables: primero, valorar cuál es la decisión política alrededor de ese problema y cómo se enfrenta ese problema, con decisión; segundo, cómo esa decisión política se traduce en políticas públicas coherentes, duraderas y articuladas entre el Estado y la sociedad; y, tercero, con qué institucionalidad se ataca el problema, cuál es la arquitectura, cuál es la eficacia de esas instituciones.

De otra parte, ¿cuál es la inversión del gasto fiscal que cada Estado compromete en la lucha contra las drogas? Y finalmente, cuál es la relación entre la lucha contra las drogas y la violencia, para concluir que  ésta también debe medirse a la luz de la gobernabilidad democrática; no se puede en función de la lucha contra las drogas arruinar valores democráticos. Eso implica que cada vez más nosotros insistimos que hay una valoración de Derechos Humanos.

ENS: ¿Se debe volver a penalizar la dosis mínima? 

ON: Ya la Corte se ha expresado, comienza un debate, posturas que ha expresado el señor Fiscal. Lo acompaña un sector de la política, y uno lo que diría sobre ese tema es que Colombia ha pasado a ser un consumidor intermedio de drogas, y que la política alrededor del consumo tiene que ser mucho más integral, atender eslabones básicos, como por ejemplo, el de la prevención y el de la rehabilitación de los consumidores problemáticos. Ahí yo estimo que el país en función de la triste realidad, tiene un creciente consumo interno de drogas; entonces hay que revisar toda la política.

Seguridad urbana

ENS: ¿Qué opina de los casos donde las víctimas se defienden de los victimarios como ocurrió en Medellín o en Bogotá?

ON: Estamos frente al caso típico donde la lucha contra la impunidad, para que no haya una señal que el Estado es permisivo con el delincuente, es lo que produce estas reacciones. Lo que diría es que son las autoridades judiciales, la Fiscalía y la propia policía las que pueden asegurarse de que haya efectividad total en la prevención y en la penalización del delito; creo que abrirle paso a las formas de justicia privada, o delegar a los ciudadanos para que se defiendan es un gran error del Estado que es el llamado a mantener el monopolio de las armas.

ENS: ¿Por qué se ha incrementado la violencia en las ciudades?   

ON: El aumento de la violencia en algunas zonas del país se debe en parte al regreso de 25 narcotraficantes que fueron extraditados en la década del 2000 hacia EU y que ya pagaron sus penas. Muchos de ellos están de regreso a Colombia, pero no todos se están comportando bien. La verdad es que estamos notando que esa segunda oleada de regreso de esos llamados extraditables, en casos como Cali y Medellín, está generando enormes dificultades con el tema de los homicidios. Porque han llegado a tomar venganza frente a sus colaboradores, han llegado a recuperar tierras y activos que tienen testaferros. En ese sentido sé que las autoridades están trabajando para neutralizarlos.

ENS: ¿Qué se espera de la Justicia Especial para la Paz?

ON: En Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz ha empezado a funcionar. Y apenas empiece a tomar sus primeras decisiones, como lo está haciendo hoy, se acaba el mito de que éste es un proceso basado en impunidad, porque evidentemente hay justicia. Hay por lo menos 38 magistrados que están ya posesionados en sus cargos y que están estudiando casos de 6.900 excombatientes de las Farc para resolver su situación jurídica en cualquier sentido. Veníamos en los 80 y en los 90 con el pronóstico de que Colombia transitaba a convertirse en un Estado fallido, y veníamos a hablar en España de cómo no perder la guerra. Hoy ustedes me dan el privilegio, en nombre de 50 millones de colombianos, del Gobierno del presidente Santos, de venir para que hablemos ya no de cómo ganar la guerra sino de cómo construir y asegurar la paz.

ENS: ¿En qué consiste el Pacto Nacional por la Vida?

ON La firma de este documento tiene como propósito que la terminación del conflicto se traduzca en menos violencia, más tolerancia, seguridad y tranquilidad para los ciudadanos. De hecho, el año pasado se alcanzó la tasa más baja de homicidio en 42 años (24 por cada 100.000 habitantes), en 295 municipios no se registró un solo asesinato y en lo corrido de 2018, en 674 municipios no se han contado este tipo de hechos. Lo que se busca con esta iniciativa es atacar este delito para proteger a las personas en todo el país, pues el 50% de los muertes violentas ocurren por acciones de sicariato, el 36% por intolerancia social derivada de riñas y el 14% restante por otras causas. El Pacto Nacional por la Vida funcionará a través de cuatro componentes para articular los esfuerzos del Estado: Inteligencia, Fuerza, Cultura y Ciudadanía. El primero se ha denominado Inteligencia de Vida porque volcará toda la capacidad de inteligencia e investigación a las calles. Para esto se implementarán ocho equipos élite de investigación de homicidios integrados por ocho fiscales, 24 investigadores, 16 analistas, 16 criminalistas y más de 40 especialistas. Estos grupos, que intervendrán 60 municipios, tendrán a cargo operaciones para desmantelar redes de delincuencia. Esas ocho zonas priorizadas son Costa Caribe, Santanderes, Bogotá y Soacha, Zona Sur, Antioquia y Chocó, Eje Cafetero, Valle y Pacífico Sur.