Entre las personas confinadas se encuentran comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, quienes han restringido su movilidad

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El confinamiento de al menos 400 familias (más de 1.600 personas) pertenecientes a ocho comunidades de Puerto Asís, Putumayo, debido a combates entre el GAO (grupo armado organizado) La Mafia y disidencias de las Farc, fue informado ayer a través de un comunicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con base en información suministrada por miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) en ese departamento.

Según la OCHA, desde el 28 de julio la presencia y amenazas de grupos armados contra población civil, así como enfrentamientos entre varias estructuras armadas que ejercen control en la zona rural del municipio de Puerto Asís, especialmente el corregimiento de Piñuña Blanco, han ocasionado la crisis humanitaria.

Entre las personas confinadas se encuentran comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, quienes han restringido su movilidad y se resguardan al interior de sus hogares como medida de autoprotección. Se han reportado diferentes necesidades sectoriales (protección, seguridad alimentaria y medios de vida, salud y educación) a causa de las restricciones de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales.

Por la continuidad de los enfrentamientos en agosto, algunos miembros de las comunidades afectadas se han venido desplazando de manera individual entre las comunidades de las zonas rurales, e incluso hacia otros municipios; las comunidades de La Chirpa y Puerto Bello se resguardan en el centro de salud y el internado respectivamente, y el resguardo indígena Siona de Piñuna Blanco se agrupó al interior de la comunidad.

De otro lado, el homicidio de dos civiles (el presidente de la Vereda Campo Ají y un exintegrante de las Farc en proceso de reintegración) ha profundizado el temor de la población afectada.

Entre las necesidades detectadas, informó la OCHA, está la de protección, pues se requiere garantizar la seguridad de las personas en situación de confinamiento y riesgo de desplazamiento. Los enfrentamientos en las veredas del corregimiento de Piñuña Blanco han puesto en riesgo la integridad física de esta comunidad. Pese a la presencia de la Fuerza Pública, preocupa la presencia permanente de otros actores armados que restringen la libre movilidad de las personas en la zona.

Sobre seguridad alimentaria y medios de vida, es necesario asegurar acceso a medios de vida de la población afectada, ante el impacto que causan las restricciones en la economía para el sustento diario de las familias. Las familias también manifiestan que no han podido ir a sus cultivos de pan para recoger alimentos como plátano, yuca o maíz, los cuales son la base de su alimentación, por las limitaciones para realizar actividades como la pesca, generando desabastecimiento de alimentos básicos.

La OCHA informó que a esta situación se suma el riesgo en la seguridad alimentaria de las comunidades vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) que habitan en la zona afectada, quienes manifiestan severos retrasos en los pagos relacionados a este programa los cuales generan ingresos para su sustento.

También hay necesidades relacionadas con agua, saneamiento e higiene. Debido a las restricciones en la movilidad, las familias no han podido acceder a elementos de higiene personal esenciales, situación que agudiza los riesgos de contraer enfermedades como diarrea, etc, especialmente en los niños y niñas menores de cinco años.

Además está el tema de la salud. Se requiere especial atención en salud mental; según información de los presidentes de la Junta de Acción Comunal (JAC), presidentes del Consejo Comunitario y Resguardos indígenas, hay temor generalizado en la población y en particular afectación psicosocial en niños y niñas.

En cuanto a educación, es necesario garantizar el acceso a la educación de al menos 250 estudiantes ya que desde el 05 de agosto los estudiantes tienen vulnerado este derecho por la suspensión de las clases como consecuencia de las acciones de violencia armada reportadas.

El informe divulgado por la OCHA destacó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brindó asistencia humanitaria inicial a algunas de las comunidades afectadas a inicios de agosto.

Hace unos 15 días, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU ingresaron a la zona para verificar las necesidades evidenciadas en este informe.

Un par de días después, una misión conformada por la Alcaldía, la Procuraduría y la Personería entregaron aproximadamente 200 kits de alimentos (para suplir las necesidades urgentes durante tres días), mientras que la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas gestionan asistencia humanitaria.