Aunque ya quedó claro que en el caso puntual de los panfletos amenazantes distribuidos días atrás en Quibdó por un grupo que dijo llamarse “Fuerzas Armadas Mexicanas” se trataría de delincuentes locales y no de una facción criminal extranjera, el eco de la noticia revivió el debate sobre la presencia de las mafias de la nación azteca en suelo colombiano.
El abril de 2018, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sostuvo que “alias ‘Guacho’ se ha convertido en el brazo armado del Cartel de Sinaloa y amenaza con convertir a Colombia en un problema geopolítico en la región”.
Incluso en agosto pasado, uno de los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Samaniego, Nariño, sostuvo que podía “afirmar con seguridad que no eran de la zona, incluso uno de ellos tenía acento mexicano”. También se ha denunciado a presuntas mafias centroamericanas detrás de la escalada de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados en el suroccidente del país.
¿Qué tan real es ese riesgo? En enero de 2019 la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó una investigación que consideró que la palabra “presencia” lleva a los ciudadanos a quedarse con una imagen desproporcionada: como si las organizaciones fueran mucho más grandes de lo que son.
El informe destacó que las organizaciones del narcotráfico mexicanas se adaptan al inestable contexto colombiano con el objetivo de garantizar las condiciones para sus negocios y no para fortalecer a los grupos armados locales.
La FIP reseñó que la conexión mexicana se remonta a las décadas de los 80 y 90, épocas en que organizaciones como el Cartel de Cali convirtieron al Pacífico (en particular Buenaventura y Tumaco) en su corredor de insumos, armas y cocaína, así como una zona de retaguardia, usando jóvenes de la región en su intención de controlar las redes de distribución en Estados Unidos. Aquí los mexicanos se convirtieron en el canal que les facilitó el narcotráfico a las redes colombianas. Con el cambio de siglo, la bonanza cocalera atrajo más a este ilícito a las Farc y a los paramilitares, mientras que en Estados Unidos el mercado pasó de manos colombianas a mexicanas, que establecieron vínculos comerciales con los distintos grupos ilegales de nuestro país, pagando con armas el envío de cargamentos del alcaloide.
Con el rompimiento de las estructuras de las Farc, fruto del proceso de paz, el vacío de control narcotraficante fue llenado en algunas zonas por el ‘Clan del Golfo’, las disidencias de las Farc, el Eln y otros grupos criminales.
Conforme a la investigación de la FIP, la financiación de los Grupos Armados Organizados (GAO), como el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), para mantener el negocio de la droga (armas como pago por la seguridad y los cargamentos), es el eslabón que une a Tumaco con las organizaciones transnacionales (en particular, con el Cartel de Sinaloa).
En Nariño, los carteles mexicanos trabajan indistintamente con todas las organizaciones. Sin embargo, lejos de tener presencia, control territorial e influencia directa sobre los grupos armados de la región, las facciones manitas envían pequeños grupos para cumplir un rol de intermediación con los narcotraficantes locales y los actores armados; asimismo, tratan de asegurar la calidad de la cocaína por medio del envío de agrónomos y químicos que vigilen el proceso de transformación.
Efecto perturbador
En agosto pasado, un informe de la Fundación Paz y Libertad (Pares) señaló que aunque la relación de crimen organizado entre Colombia y México viene de décadas anteriores, protagonizada por los grandes carteles del narcotráfico, en la actualidad la relación se ha dinamizado debido al importante flujo de capital y de armas traído desde el país norteamericano, lo cual ha impulsado el fortalecimiento de GAO como el Clan del Golfo, ‘Los Caparrapos’, ‘Los Pachenca’, ‘Los Pelusos’ (disidencias del Epl, desmovilizado hace 30 años), los grupos armados pos-Farc, especialmente del suroccidente colombiano, entre otros.
Según Pares, el fortalecimiento del crimen organizado colombiano se asocia también con el aprovechamiento de las estructuras armadas ilegales del vacío de poder generado por el fin de las Farc como guerrilla y la imposibilidad del Estado por hacerse al control de estos territorios.
Uno de los indicios anotados por Pares es la captura de ciudadanos de nacionalidades centroamericanas por porte y fabricación de estupefacientes y también por lavado de activos, ya que durante las últimas dos décadas los carteles mexicanos se han fortalecido expandiendo su accionar a lo largo del triángulo del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Para Pares, se identifican dos formas de relacionamiento entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos tras el fin de las Farc como guerrilla: financiación y articulación. La primera se da a través de la inyección de grandes capitales y armas, que sería el caso de ‘Los Caparrapos’ o ‘Caparros’ en la subregión del Nudo de Paramillo. La segunda se da a través de la búsqueda del trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización de la cocaína, como sería el caso de la relación construida entre el Cartel de Sinaloa y el ‘Clan del Golfo’ en el Bajo Cauca antioqueño y en Magdalena.
Alarma en Chocó
Por lo pronto, el presidente Iván Duque anunció ayer, al término de un Consejo de Seguridad en Quibdó, un conjunto de medidas para fortalecer la seguridad en la capital chocoana y el resto del departamento, de forma tal que se neutralice la actividad de las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico, al narcotráfico y la extorsión.
“Hemos reforzado lo que se conoce como el ‘Cartel de los más buscados en el departamento del Chocó’ y vamos a hacer muchísima presión para dar con alias ‘Edward’, alias ‘Fórmula’, con alias ‘Pimpollo’, con alias ‘Jane’ y con alias ‘Chili”, precisó, señalando que por cada uno de esos cabecillas las recompensas se aumentarán de $5 millones a $50 millones.
A su turno, el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, descartó que la banda autodenominada “Fuerzas Armadas Mexicanas”, que hace presencia en la ciudad, tenga relación alguna con narcotraficantes y carteles centroamericanos.
Sánchez añadió que sus integrantes no son más que jóvenes locales que son fanáticos de los carteles y series mexicanas.
“Los jóvenes son chocoanos. Se denominan así porque son hinchas y ven series de los carteles. La mayoría de estos jóvenes son hijos de personas en condición de desplazamiento que no tuvieron oportunidades y cayeron en manos de esas bandas. Son jóvenes que les gustan las series de carteles mexicanos. Las investigaciones que han hecho la Fiscalía y la Policía arrojan que no hay influencia de carteles mexicanos en Quibdó”, puntualizó.
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El grupo delincuencial entregó el fin de semana pasado panfletos en los que advertían que los habitantes que se encontraran en la calle después de 6 de la tarde serían declarados objetivo militar.
En la capital de Chocó, además de los pretendidos ‘mexicanos’, hacen presencia otras redes delincuenciales como ‘Los Kennedy’, ‘Los Palmeños’, ‘Los Rapados’ y ‘Los Locos’, dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
Aun así se recuerda que en agosto del año pasado, el entonces gobernador Carlos Alberto Palacios alertó sobre la presencia de carteles mexicanos que estaban generando, entre otras cosas, el reclutamiento de menores de edad.
Por esos días, Pares consideró que la situación denunciada por Palacios agudizaba la violencia en el departamento y mantenía en vilo a las comunidades que son objeto de las hostilidades de los grupos armados que se disputan el territorio. De hecho, Palacios resaltó que por parte de los carteles mexicanos había un interés por la utilización de rutas del narcotráfico debido a la cercanía con la zona fronteriza con Panamá. De esta forma, hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome cartas en el asunto.
De otra parte, aunque la dimensión no llegó a ser significativa o determinante para el sistema electoral, Pares detectó la intervención de carteles mexicanos en la financiación indirecta de algunas campañas regionales (los comicios fueron en octubre del año pasado) por medio de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC, más conocidas como ‘Clan del Golfo’), ‘Los Caparrapos’, las disidencias y el Eln, en Bajo Cauca, Urabá antioqueño y Sur de Córdoba, así como posiblemente en la región de Pacífico nariñense.
Para el caso específico de Córdoba, en enero de 2018, el entonces defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó una alerta temprana en la que advirtió sobre la financiación de narcotráfico del Cártel de Sinaloa al ‘Clan del Golfo’ en Tierralta y municipios aledaños del sur de Córdoba, teniendo en cuenta que ese grupo fue en esa región el actor hegemónico en la ocupación de los vacíos de poder dejados por las Farc. Sus diferentes estructuras tienen relaciones de negocios con todos los cárteles mexicanos.