El cambio de enfoque en la lucha antidrogas en Colombia, que por orden del gobierno Petro ya no tiene la erradicación forzada de narcocultivos como eje central, al punto que en 2023 solo se destruyeron 20.233 hectáreas, una caída drástica frente a las casi 69.000 de 2022, podría tener en estos momentos al país inundado de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola.

En vista de que el año pasado la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, de la Casa Blanca, no emitió su respectivo informe anual sobre la extensión de narcocultivos en Colombia, las cifras más recientes sobre la materia se dieron a conocer en septiembre pasado. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que depende de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), señaló que los sembradíos ilegales habían crecido en 2022 un 13%, pasando de 204.000 hectáreas en el 2021 a 230.000 hectáreas.

Si bien desde el año pasado se ha advertido que hay un auge de narcocultivos en el país, e incluso el propio expresidente Iván Duque llegó a señalar el riesgo de llegar a las 300 mil hectáreas, lo cierto es que no hay un dato oficial sobre el cierre de 2023 en la materia.

Sin embargo, a comienzos de febrero pasado el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri, dio un campanazo al respecto: “Hemos escuchado las nuevas ideas del presidente Petro de cómo pueden combatir el narcotráfico y hemos alineado nuestros programas antinarcóticos con esas nuevas oportunidades, pero tenemos que reconocer que 250 mil hectáreas de coca representan una amenaza y tenemos que buscar la manera de arrancar el programa de sustitución”.

Días antes de esta declaración, el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, Kevin Thomas Murakami, había precisado en EL NUEVO SIGLO que “la erradicación es una de las muchas herramientas en la lucha contra el narcotráfico y creemos que toda la estrategia contra ese flagelo debe tener varios aspectos, no solo la erradicación, sino la interdicción, la seguridad, el desarrollo rural y la lucha contra los crímenes del medioambiente. Sin embargo, la erradicación sigue siendo una herramienta muy importante, especialmente, considerando que el Gobierno de Colombia tiene el objetivo de reducir los cultivos de coca en un 40% antes del 2026. Mi embajador ha hablado sobre esta decisión y creemos que el Gobierno de Colombia debería aumentar el objetivo de erradicación de los cultivos de coca”.

La tesis oficial

El gobierno Petro no ha querido precisar un cálculo sobre la materia, pero sí ha dejado en claro que la política ya no se concentra en la erradicación forzada de pequeños cultivos ilegales, sino en el combate a la cadena criminal del tráfico de drogas, especialmente incautando droga y persiguiendo las finanzas de los carteles.

Es más, frente a las declaraciones de Palmieri, el entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo (hoy canciller encargado), resaltó las cifras de incautación de drogas y otros. “Casi 750 toneladas incautadas, pero, además, está mostrando resultados muy importantes en lo que tiene que ver con la destrucción de laboratorios. Y se han hecho unas inversiones iniciales de cerca de un billón de pesos… Hay un nuevo abordaje en la erradicación de cultivos ilícitos de coca, enfocándose en acuerdos con las comunidades”.

De hecho, estas razones fueron ratificadas el lunes pasado en el encuentro que sostuvieron en Bogotá delegados de los ministerios de Defensa, Justicia, Ambiente y Relaciones Exteriores, así como de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con congresistas de los Estados Unidos, varios de ellos con peso específico en los comités que definen los aportes del presupuesto norteamericano a las autoridades colombianas.

Allí el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que el enfoque establecido por este Gobierno se centra en perseguir las finanzas ilícitas, desarticular estructuras criminales y aumentar la interdicción de estupefacientes, así como los insumos utilizados en su procesamiento.

“Desde el principio del Gobierno se tenía definido que la lucha tenía que ser contra los dueños del negocio y en este punto se ha sido muy eficiente, casi triplicando los resultados del 2023 en comparación con el 2022”, señaló el titular de la cartera castrense.

El alto funcionario fue enfático en cuanto a que la erradicación de hectáreas de hoja de coca no es la prioridad, menos persiguiendo al pequeño cultivador. Por  el contrario, dijo que se busca “mejorar las condiciones materiales de existencia de los campesinos, que no se enriquecen con el cultivo y que inclusive están en una situación de mayor dificultad dadas las acciones de la Fuerza Pública”. 

Resaltó de paso la cooperación antidroga con Estados Unidos e incluso y anunció que durante este primer semestre se recibirán embarcaciones y distintos elementos para fortalecer el control fluvial y la lucha contra el narcotráfico y otros delitos que derivan de la cocaína, como la minería ilegal.

Al destacar los resultados del combate al narcotráfico, señaló que el año pasado se incautaron cerca de 750 toneladas de cocaína y en lo corrido de 2024 ya van de 100 toneladas. Además, precisó que los grupos criminales organizados han tenido que buscar otras rutas, desplazándose hacia Ecuador, Brasil, Centroamérica y Venezuela. Esto, puntualizó, exige un mayor control del espacio aéreo colombiano.

A esas declaraciones se sumó lo afirmado el viernes por el presidente Gustavo Petro, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en San Vicente y las Granadinas. No solo calificó de “genocidio” a la "fracasada" guerra contra las drogas, sino que criticó a Estados Unidos por “creer que la lucha contra las drogas (...) se finca sobre la represión, la cárcel, la policía y el asesinato" y no "sobre la prevención y la salud pública”.

Fenómeno complejo

Frente a todo ello, la pregunta continúa siendo qué tanto han crecido los narcocultivos en Colombia en el último año y medio.

EL NUEVO SIGLO habló con un exsubdirector y un exdirector de la Policía y con tres expertos analistas a nivel nacional e internacional.

Para el exsubdirector de la Policía, general retirado Héctor Darío Castro Cabrera, existen cinco eslabones en la cadena del narcotráfico, al tiempo que señala que sí se incrementó la producción de hoja de coca y su precio ya no es atractivo para el campesino.

Destacó que “es necesario tener una información oficial sobre el incremento de los cultivos de hoja de coca, porque no hay cifras para comparar. Lo que sucede es que nosotros debemos tener en cuenta el problema de las drogas ilícitas, en este caso concreto de la cocaína, que tiene varios factores, es decir, es una cadena. El primer eslabón es el narcocultivo; el segundo, el narcoproceso; el tercer eslabón es el narcotráfico; el cuarto, el narcoconsumo, y el quinto es la narcoeconomía. En cualquiera de esos eslabones es que la estrategia en la lucha contra las drogas se debe centrar para cortar esa cadena. El Gobierno actual ha considerado que el eslabón que hay que cortar de esa cadena es el del narcotráfico y se ha orientado todo el esfuerzo a la interdicción de la droga ya procesada y a la destrucción de los laboratorios. Es decir, dos eslabones: el narcoproceso y el narcotráfico”.

Señaló que “en cuanto al narcocultivo es quizás uno de los puntos más difíciles de manejar, porque tiene unas implicaciones de orden social, ya que hay mucha gente que vive del cultivo de la hoja de coca. Pero, según informaciones no confirmadas, la superproducción de hoja de coca, si es que ha aumentado, hace que no sea atractivo para el campesino, porque disminuye el precio de ese producto. Entonces valdría la pena analizar ese momento histórico para ver si es que estamos frente a la mejor oportunidad para la sustitución voluntaria de cultivos, apoyando al campesino para que erradique él mismo la coca y siembre unas plantaciones que le van a generar quizás mayor rendimiento y mayor ganancia”.

A su turno, el exdirector de la Policía, general retirado Luis Ernesto Gilibert Vargas, dijo que “ante la falta de fumigación, que es la estrategia más radical contra las plantaciones de hoja de coca, viene el tema de poder implementar la sustitución para evitar el cultivo ilegal. La única forma de poder aumentar la sustitución es asegurándole al campesino la compra del producto. Eso es un poco difícil, porque muchas veces el producto es de difícil manejo y de difícil transporte. Se sabe que la hoja de coca en los mismos lugares de producción se convierte en base y se transporta más fácilmente”.

Afirmó que “aquí lo importante es que el Gobierno asegurara la compra del producto sustituto y seguramente así, viendo la compra rápida y segura por parte del Ejecutivo de los productos de los cultivos lícitos en los campesinos, las cosas nos pueden funcionar, pero ese es un trabajo duro y se necesita un recurso, un músculo económico fuerte. Como se sabe, a lo largo de la cosecha de hoja de coca los campesinos están recibiendo dinero para insumos y para su subsistencia de parte de los narcotraficantes. De manera que la sustitución necesita un músculo financiero grande”.

Reveló que “en cada región hay un grupo de armados ilegales, antisociales de diferente índole que quieren sacarle jugo al negocio y defienden el cultivo ilegal. Están todos los grupos armados al margen de la ley repartidos en Colombia. El país es muy grande y está inundado de coca. De manera que ellos siguen defendiendo la producción de la hoja y detrás está la producción del clorhidrato de cocaína”.

Fracaso

El experto en temas de seguridad estratégica Néstor Rosanía afirmó que la lucha antidrogas en Colombia ha sido un fracaso.

“Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial y el referente es que hoy hay más coca que cuando comenzó el Plan Colombia. Cuando se inició el Plan Colombia eran más o menos 170 mil hectáreas de hoja de coca y hoy vamos en 230 mil. Frente a esto, el mismo Barack Obama y Juan Manuel Santos se pronunciaron en el sentido de que no eran posibles esos resultados después de semejante esfuerzo económico y en término de vidas. Así, como un primer punto, hay que decir que la lucha antidrogas ha sido un fracaso, en términos generales. Lo segundo es que en términos de erradicación se intentó en su momento con el glifosato, pero Colombia, con el herbicida y todo, no dejó de ser el primer productor”, explicó.

Rosanía advirtió que “se produjo un círculo vicioso de fumigación y un alto nivel de resiembra. Mientras los gobiernos en su momento daban partes frente a la fumigación con glifosato, no se hablaba de las hectáreas de resiembra. Era un círculo vicioso, porque fumigaban y, al mismo tiempo, los cocaleros resembraban. Entonces, el concepto de la erradicación manual, digamos que es como una expresión muy popular, tampoco funcionó. Y tampoco funcionó con el glifosato. Lo que se demuestra que, sea lo uno o lo otro, el problema sigue activo, porque mientras las ganancias sean tan altas, va a ser difícil de erradicar. Y lo tercero, ahora hay un aumento, pero el tema del fentalino sí puede a futuro y a mediano plazo cambiar el fenómeno de la cocaína”.

Ojo a la demanda

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), el problema de la cocaína está en la demanda.

“En realidad un exceso del insumo no es una buena noticia para los productores y para el tráfico de cocaína, porque el valor de la pasta de coca en la producción de cocaína es algo relativamente marginal. No me parece que esa sea una razón de preocupación. En general la política antidrogas debiera preocuparse más por la producción, el tráfico y, sobre todo, el consumo de drogas”, explicó.

Agregó Restrepo que “pensar que porque haya una sobreproducción de hoja de coca o de pasta de coca eso signifique que hay un mayor consumo, es pensar que el tráfico de narcóticos lo determina la oferta y no la demanda. El problema de la cocaína está en la demanda, no está en la oferta. Mientras exista la demanda en los países consumidores y aquí en Colombia, va a seguir existiendo una oferta. Me parece que la obsesión por la producción de hoja de coca en la política y la priorización en la política de la producción de hoja de coca es un gran error”.

“El gobierno de Petro tomó la decisión correcta en el sentido de que debemos concentrarnos en detener el tráfico de cocaína, en perseguir la plata de los traficantes, en llevar a la justicia a las organizaciones criminales que usan la violencia para el tráfico de drogas y en mantener la persecución por décadas. La vuelta de Mancuso, por ejemplo, muestra que lo que hay que hacer es perseguirles la plata”.

Finalmente, el exdirector del Observatorio de Armas y Drogas Ilícitas de la Universidad del Rosario, Óscar Palma, dijo que por el incremento de la hoja de coca se puede producir más cocaína.

Palma señaló que “ya era conocido que Colombia estaba en el punto más alto histórico de hectáreas cultivadas de coca. La preocupación sigue estando allí. Por supuesto que es un panorama preocupante para el país, debido a que entre más hoja exista, más producción potencial de cocaína existirá”.

Dijo que “los esfuerzos no han funcionado. Hay preocupación porque algunas cláusulas de lo que es el Acuerdo de Paz con las Farc realmente no han avanzado lo suficiente en materia de drogas y en reemplazo de los cultivos ilícitos. En general, es una gran preocupación”.

Y agregó que “los Estados Unidos siempre han considerado las drogas como una amenaza social a su país. Desde la década de los 70 con Richard Nixon, cuando se acuñó la frase de ‘la guerra contra las drogas’,  existe esa idea de la cocaína como amenaza grave para el país. Tal vez con algunas variaciones, porque en este momento el fentanilo ha comenzado a ocupar un mayor lugar de preocupación para Estados Unidos, aunque esto no quiere decir que la cocaína deje de existir como amenaza”.