Avanza en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de reforma a la salud en su segundo debate, y aunque varios de los congresistas de oposición insisten en la improcedencia de la iniciativa, la discusión continúa bajo el entendido  de que algunos parlamentarios pretenden hacer cambios al articulado.

En este aspecto, EL NUEVO SIGLO consultó con las distintas bancadas de Cámara para conocer cuáles son las posibilidades que tiene el proyecto de sobrevivir al segundo debate.

Inicialmente, el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, explicó que “el proyecto de reforma a la salud en su totalidad es muy complejo, porque al final busca estatizar el sistema. Por supuesto, contiene unos artículos que nos generan más incertidumbre y riesgos, uno de esos puntos críticos es la financiación y operación de la Adres como único pagador. Es fundamental garantizar que haya un modelo único de recursos eficientes sin riesgo de corrupción o politización y con una auditoría previa y posterior a la prestación del servicio y del pago del mismo”.

A continuación, López añadió: “Otro tema clave es la infraestructura para el servicio de salud en las regiones. No se puede aprobar una reforma que no es la realidad de los territorios en cuanto a la falta de hospitales y especialistas. La salud de los colombianos no puede estar sometida a un experimento sin garantías, es importante que el Gobierno sea transparente con el tema de los recursos, debido a que el sistema necesita mejoras, pero no una improvisación que lo haga colapsar. Tampoco se le puede negar el dinero que necesita el sistema con el pobre aumento de la UPC que hemos denunciado, es imposible reformar un sistema de salud de la manera como lo tiene financiado este gobierno”.

En relación con los cambios al proyecto, el congresista dijo: “Hemos insistido en que la reforma debe mantener un rol clave del sistema y la articulación del servicio, evitando que el Estado asuma una carga que no está preparado para manejar. También, contener una estructura que blinde el sistema de cualquier riesgo de corrupción y burocratización, exigiendo mayor transparencia y control en la administración de los recursos. Así como un fortalecimiento de la red hospitalaria pública y privada que garantice inversiones reales, y una transición ordenada sin afectar la prestación del servicio. Nos oponemos a que esta reforma convierta la salud en un modelo estatizado e ineficiente. Son necesarias las mejoras sobre lo que funciona y no destruyendo el actual modelo de salud que ha salvado vidas”.

Cambio Radical y Alianza Verde advierten 

La representante Catherine Juvinao cargó de nuevo contra el Gobierno en medio de la discusión de la reforma a la salud: “Promovieron la destrucción del sistema de salud para ahora decir que es mejor mantenerlo porque no hay quien responda. En lugar de corregir lo que no servía y construir sobre lo que sí, se dedicaron a implosionar todo por caprichos ideológicos. Ahora no saben qué hacer. Desde finales de 2023 venimos denunciando el billonario ‘mico’ a las EPS pactado a puerta cerrada con el gobierno de Gustavo Petro. Hoy los petristas están amando a las EPS por reunirse a puerta cerrada a hacer acuerdos con el Gobierno. Acuerdos sin pacientes y sin médicos, entre los empresarios. Por algo el Gobierno les prometió el 5,8 % de la UPC sin hacer nada. Pero la Corte Constitucional reiteró que el Ministerio de Salud debe arreglarlo urgentemente y de manera inmediata”.

En consecuencia, la congresista Juvinao añadió: “El Gobierno no ha entendido lo vital: la UPC no es para las EPS, es para atender a los pacientes. Que los dineros se usen bien es corresponsabilidad del Gobierno mismo, que controla el 57 % del sistema con giro directo. La ineptitud y la corrupción no la pueden pagar los enfermos. Por fortuna para Colombia este gobierno no pudo aprobar la nefasta reforma a la salud. Los artículos más complejos quedan por discutir. El Gobierno mantiene la elección corrupta de gerentes en hospitales públicos; le mienten al talento humano en salud con una supuesta formalización laboral para la que no apropian un peso en el concepto fiscal; no se avanza un ápice en resolver los problemas de la salud en la ruralidad. Pésima reforma que no debe pasar”.

Por su parte, la representante Luz Ayda Pastrana, de Cambio Radical, señaló: “Esta reforma le está aprobando de manera inaudita a la Adres unos superpoderes que la convierten en amo, dueño y señor del sistema de salud, entonces no se requiere de un Ministerio de Salud cuando todo lo va a manejar la Adres. La Cámara ha solicitado al director de la Adres los superpoderes que les van a pasar por este articulado, pero no tenemos respuesta”.

Seguidamente, la representante agregó: “En este caso debe realizarse una inspección de los recursos del sistema de salud, una vigilancia sobre la distribución de estos dineros, pero esta reforma está dejando en manos de una sola entidad el manejo del sistema de salud y les está dando gabelas a las EPS con sus funciones a gestoras de salud”.

Acto seguido, Pastrana subrayó: “Hemos presentado varias proposiciones para que se eliminen los artículos que no permiten ejercer control sobre los recursos del sistema, que perjudican la estructura del actual modelo, y que se les quiten los superpoderes no solo a la Adres, sino a las gestoras en salud. Lo que nosotros queremos es que efectivamente haya un sistema de salud que tenga claridad financiera y jurídica con un eje central que sean los pacientes, el mejoramiento de la infraestructura en salud y un mejor acceso al servicio”.  

Partido Liberal sienta su posición 

La representante Piedad Correal afirmó que por el momento esta reforma no soluciona las falencias del sistema y por el contrario aumenta las preocupaciones sobre lo que será la financiación del sistema: “No hay claridad en relación con la financiación, como lo hemos establecido. Yo como representante a la Cámara he venido votando no a esta reforma a la salud. No hay concepto de aval fiscal. Le cuelgan una serie de obligaciones al sistema y en cambio el Gobierno no ha podido darles cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional de actualizar el valor de la UPC y pagar los presupuestos máximos que adeudan a todo el sistema de salud. ¿Cómo pretenden que se apruebe esta reforma, cuando no se cumplen los fallos judiciales, ni tampoco se da claridad sobre la funcionalidad de este modelo de salud estatizado? Entonces continuaré votando negativo a esta reforma, que tiene muchos vicios de trámite, que debió haber sido estatutaria y no ordinaria, ya que propone el cambio total del sistema de funcionamiento”.

La congresista añadió: “Esta iniciativa debe ser archivada, por tratarse de una reforma a la salud que no está concertada con todos los principales actores del sistema. Las tutelas contra las EPS intervenidas han aumentado. Les deben altas sumas de dinero a los hospitales públicos y privados. La UPC resultó insuficiente y la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud concertar el aumento con los sectores. Se quita la libre elección de los gerentes de los hospitales. Se diluye la responsabilidad de la atención, poniendo obstáculos a la acción de tutela”.