Al abordar el vital tema de la competitividad de las empresas en América Latina y el Caribe, generalmente se debe considerar como mínimo, dos aspectos estratégicos: (i) que sólo en las empresas, en sus diferentes tipos organizativos y funcionales, se produce la riqueza; y (ii) que en particular en la región latinoamericana un tema recurrente en los análisis es el reconocimiento de que existe “heterogeneidad estructural”.

Esta heterogeneidad se refiere, normalmente, respecto a las economías de los diferentes países, a que las mismas presentan grandes contrastes o diversidad en términos de tamaño de las empresas, sectores productivos y niveles de desarrollo. Esta heterogeneidad dificulta la generalización de políticas y estrategias para mejorar la competitividad, de manera que las políticas deben ser específicas, focalizadas.

Como se sabe, las empresas grandes en un extremo, dependen usualmente de la solvencia, de capitales fijos –lo que puede hacer muy viable que, ante un problema coyuntural de liquidez, puedan acceder a los sistemas bancarios tradicionales-.  Estas empresas grandes también pueden llegar a desarrollar posiciones hegemónicas o dominantes en los mercados; pueden llegar a establecer precios, “price makers”.

En el otro extremo, las empresas micro, pequeñas y medianas, dependen fundamentalmente de la rotación de inventarios, tienen escasa solvencia y con ello poco capital fijo. Con base en ello, su acceso a los sistemas bancarios tradicionales es muy limitado. Estas empresas son tomadoras de precios “price takers”, y presentan significativos niveles de vulnerabilidad.  Se estima que un 90% de ellas -que constituyen un 97% del total- no sobreviven más allá del 7º. año de estar en operaciones.

Aun reconociendo esa heterogeneidad estructural es posible puntualizar que son seis, los grandes desafíos que debe enfrentar la aspiración de competitividad en la región: (i) inestabilidad política e incertidumbre económica; (ii) infraestructura física; (iii) corrupción; (iv) desigualdad económica y social, como indicador en déficit de demanda efectiva interna; (v) falta de capital humano calificado; y (vi) limitado acceso a financiamiento.

La inestabilidad, tanto económica como política, afecta de manera diferente a los países.  Entre Uruguay y Venezuela o Haití, cabe casi el total de naciones de la región. De manera específica, estas incertidumbres generan, a su vez, volatilidad en los mercados. De allí muchas veces, el aparecimiento de iniciativas de renta inmediata relacionadas con empresas de poco activo fijo (i.e. maquilas) y operaciones de capitales golondrina.

A esta condición de inestabilidad se une otro factor generalizado y clave que frena la competitividad: contextos regulatorios muy complejos. Tienden a operar aquí regulaciones muchas veces cambiantes y niveles sofocantes de burocracia que va en contra de la creación, competitividad, perdurabilidad de empresas.

Nótese que en este punto especialmente se tienen elementos relacionados con carencia de certeza jurídica. Muchas veces son totalmente aletargados los procedimientos legales, con lo cual no se atraen con facilidad capitales de inversión en particular en los circuitos de la economía real -la que tiene ver con la producción de bienes, servicios y empleo-.

En cuanto a la infraestructura física deficiente, la misma incluye muchas veces las carencias en cuanto al acceso a banda ancha y la utilización de tecnologías más productivas.  Es imprescindible reconocer que el mundo ha cambiado y lo ha hecho de manera dramática, en particular ahora con inteligencia artificial que debe promover competitividad.

Esta infraestructura, a su vez, afecta las cadenas de suministros, los elementos de logística y transporte.  Es innegable el reto que tienen muchos países de la región en cuanto a resolver problemas de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. Esto aumenta, desde luego, los costos de producción y distribución. Como parte también de la infraestructura física se tiene la cobertura, acceso y sostenibilidad de energía de los países.

Es normal poder observar que las condiciones de corrupción entorpecen procesos de cumplimiento de fases productivas. Una corrupción generalizada tiene a incrementar costos; proliferan estas prácticas relacionadas con la obtención de permisos o bien de aprobación de contratos. El eficiente, eficaz y oportuno uso de los recursos públicos es algo no presente en muchos países de la región, por ejemplo, para citar sólo algunos casos: Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y hasta cierto punto Bolivia, Guyana y El Salvador.

El generalizado déficit de demanda efectiva interna en los mercados de los diferentes países camina de forma paralela e intrincada con la brecha de ingresos. Se trata de un problema persistente en la región que muestra el limitado poder adquisitivo de grandes grupos sociales. Esto se encuentra correlacionado con falta de acceso a educación y salud de calidad, además de otros servicios que limitan las capacidades humanas.

Dinámicas surgidas de los factores señalados desembocan en falta de capital humano calificado. Operan bajos niveles de calidad en los sistemas educativos, hay escasez de talento humano en áreas como ingeniería -en contraste con la notable cantidad de abogados, por ejemplo-. La falta de capacitación limita la productividad. A ello se suma el acceso restringido a financiamiento especialmente de empresas micro, pequeña y medianas. Los costos de acceso a financiamiento son elevados y se tiene mucha exigencia en las garantías.

Existe consenso sobre algunos aspectos estratégicos: la generación de bienestar y desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe debe transitar por la promoción y fortalecimiento de la competitividad empresarial. Es un tema insoslayable. Los desafíos actuales incluyen -entre otros- tópicos relacionados con transformación digital y diversificación de matrices productivas.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Escuela de Administración de la Universidad del Rosario