CONTRARIO A lo que se creía que en 2024 no había plata para hacer obras o invertir en programas sociales como lo reclamó el gobierno a gritos, la Administración si contaba con los recursos suficientes, pero prefirió no utilizarlos y, por el contrario, puso toda su atención en aumentar la burocracia y gastar a manos llenas en otras cosas.

Así lo demuestra el informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que le puso lupa al manejo de los recursos durante el 2024.

Según el informe, “la ejecución presupuestal del año pasado, contando la deuda pública, cerró en 83%. Por su parte, sin contar deuda pública, la cifra cerró en 81,9%. Este porcentaje es el más bajo en los últimos 25 años, ubicándose 7,5 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico”.

Señala el análisis, que la ejecución de la inversión fue del 57%, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (77%), siendo el nivel más bajo desde el 2002.

Respecto a la distribución, señala el análisis que los sectores con mayor porcentaje de ejecución son educación (96,4%), Salud y protección social (94%), Fiscalía (93%), y el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR 90,1%).

En contraste, el sector con menor ejecución fue Presidencia, con un 27,7%; seguido de Deporte, con 36%. Figuran también sectores estratégicos como Transporte, con 48,1%; Agricultura y Desarrollo Rural, con 38,6% y Ambiente y Desarrollo Sostenible con 54,7%.

Rezagos

El informe señala que el rezago presupuestal del gobierno alcanzó los $63,4 billones, casi el doble del registrado el año anterior. La ejecución del rezago de 2023 fue del 75,1%, una caída significativa en comparación con los niveles superiores al 97% en años anteriores. Este comportamiento refleja una falta de eficiencia en la gestión del gasto público.

Como se estipuló, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024 fue aprobado inicialmente por un monto de $502,6 billones, donde $308,2 correspondían a funcionamiento, $94,5 a deuda y $99,9 a inversión. Sin embargo, la caída estrepitosa en el recaudo tributario en 2024 complicó la situación fiscal en el segundo semestre del año pasado. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) el Gobierno anunció que disminuiría el nivel de gasto en $43 billones.

En efecto, el Gobierno recortó $28,4 billones del presupuesto de 2024 después de dos decretos de aplazamiento (8,8 en funcionamiento, $9,5 en inversión y $0,1 en deuda).

Las cuentas

“En su momento, consideramos que este recorte era insuficiente para cumplir con la regla fiscal por dos razones. La primera es simple, el recorte es inferior al ajuste del propio Gobierno en su MFMP. La segunda es un poco más compleja: el recorte, para la contabilidad fiscal, es en realidad de $20 billones. Lo anterior ocurre porque $8,3 billones de los $28,3 recortados mediante decreto corresponden a un recurso que estaba destinado al pago de la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Esta deuda no se pagó con recursos del presupuesto, sino que, a través de la emisión de bonos de deuda, se adquirió más deuda para el pago de una deuda no financiera, aplazando el problema para los siguientes años. Esta segunda razón refleja prácticas de una contabilidad que parece tener poca planeación en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)”, sostienen los investigadores.

En concreto, considerando el efecto la apropiación vigente del presupuesto del año anterior fue de $475,2 billones de los cuales $290,2 corresponden a gastos de funcionamiento, $94,4 al servicio de la deuda y $90,6 a inversión. En ese contexto, el MCHP se vio obligado a controlar la caja de las entidades del orden nacional durante el último trimestre del año para que el presupuesto no se comprometiera más allá de lo permitido por la restricción fiscal.

Conceptos

Asimismo, el MHCP publicó recientemente el informe de ejecución presupuestal, en el que se establece que de este monto ($475,2 billones) se comprometieron $456,5 billones (96,1%), se obligó $394,7 billones (83,1%) y se pagó $393 billones (82,7%).

Precisa el Observatorio, que “antes que nada, es necesario reiterar la definición de algunos conceptos relacionados con el proceso de ejecución presupuestal. Una vez un gobierno sabe con cuánto dinero cuenta para un año determinado (apropiación vigente), empieza el proceso de ejecución en el cual se asignan recursos para el cumplimiento de cada tarea del estado (compromisos), se reciben los bienes y servicios estipulados en cada compromiso (obligación) y posteriormente se realiza el pago (pagos)”.

En ese orden de ideas, la apropiación vigente hace referencia a las autorizaciones máximas de gasto que el Legislativo aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Así, los compromisos son las actuaciones administrativas realizadas por las entidades del orden nacional que conforman el PGN para cumplir su misionalidad. Por ejemplo, una de las formas de comprometer el presupuesto es celebrando un contrato estatal.

Ahora bien, el concepto de obligación hace referencia al monto adeudado en cumplimiento de los compromisos adquiridos. Esta medida es la más aproximada a la “ejecución” del gasto, debido a que es equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás obligaciones exigibles que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación pública. Adicionalmente, se entiende por pagos el monto acumulado de los pagos realizados a la fecha, con la respectiva autorización del ordenador del gasto.

Con corte de 31 de diciembre, los recursos que se hayan alcanzado a comprometer, pero no se hayan obligado constituyen las reservas presupuestales. Por su parte, los recursos que se obligaron, pero que no se han pagado se convierten en cuentas por pagar. La suma de estos elementos se conoce como rezago presupuestal o deuda flotante del gobierno, y, en la práctica, son recursos de la vigencia fiscal anterior que se ejecutarán durante la vigencia actual.

Los recursos de la apropiación vigente que no se hayan ejecutado al cierre del ejercicio fiscal expiran y no pueden comprometerse o transferirse, técnicamente se les conoce como pérdida de apropiación.

Menor recaudo

Aunque la baja ejecución presupuestal ayudó a cumplir la regla fiscal en 2023 al reducir el gasto total, los ingresos tributarios del año pasado fueron menores a lo esperado. Por lo tanto, pese a que con la estrategia de control de caja adelantada por el Gobierno se registró una pérdida de apropiación de $18,7 billones, sigue vigente el riesgo de cumplimiento de las metas fiscales.

Precisan los investigadores que “desde el Observatorio Fiscal quisiéramos llamar la atención que, si bien las cifras presentadas reflejan un nivel de ejecución bajo tanto por tipo de gasto y sectores, es clave dejar sobre la mesa que, al comparar la ejecución presupuestal con el presupuesto inicialmente aprobado, el desempeño del gobierno es aún peor. En concreto, la inversión experimentó la mayor caída relativa, pasando de $99,9 billones presupuestados inicialmente a una ejecución de $51,6 billones”.

Señalan que “este desfase entre el presupuesto inicial y ejecutado de tales magnitudes supone promesas incumplidas del Gobierno nacional con sus ciudadanos, menos oferta de bienes y servicios públicos, así como menos programas sociales. Las inconsistencias en la programación de los gastos terminan castigando siempre la inversión pública, con consecuencias económicas y sociales negativas, por ende, hacemos un llamado de atención para ajustar la gestión presupuestaria a la realidad fiscal del país”.

Insostenibilidad fiscal

Para 2025, el Plan Financiero expedido por el Gobierno la semana pasada proyecta una reducción del déficit a 5,1% del PIB. Aunque ello implicaría una mejoría sustancial frente a 2024, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal persisten no solo porque se trata de un déficit superior al que se preveía cuando se presentó el Presupuesto General de la Nación, sino porque se presenta a pesar de que supone un crecimiento muy fuerte de los ingresos tributarios, 17,4%, cuya viabilidad ha generado inquietudes a varios analistas. Además, aún si se cumplieran esas proyecciones de ingresos, la deuda neta del gobierno permanecería a final de 2025 por encima de 60% del PIB, un nivel similar a los máximos históricos que alcanzamos en el marco de la crisis del Covid en 2020 y 2021 y claramente superior al 55% del PIB que la Ley de la regla fiscal consideró sostenible y adoptó como ancla de referencia para esa regla.