EN EL Congreso de la República aumentan las preocupaciones por las medidas económicas del Gobierno que algunos parlamentarios consideran regresivas para el país.
EL NUEVO SIGLO consultó sobre los recortes presupuestales, el cumplimiento de la regla fiscal, y los impuestos permanentes que el Gobierno pretende establecer con la conmoción interior.
Al respecto, el senador Liberal Mauricio Gómez explicó en relación con el aplazamiento presupuestal que “aplazar las partidas presupuestales es, en la práctica, un recorte disfrazado que afectará a sectores clave, paralizando inversiones, retrasando obras y afectando directamente a millones de colombianos. La improvisación con la que manejan las finanzas públicas es alarmante y demuestra su absoluta falta de planeación”.
El senador Miguel Uribe del Centro Democrático dijo también que “la decisión de aplazar 12 billones de pesos en partidas presupuestales generará un recorte permanente en el Presupuesto General de la Nación de 2025, como respuesta a la difícil situación fiscal que enfrenta el país. Los problemas de caja, el bajo recaudo, el excesivo gasto burocrático y un déficit fiscal que en 2024 alcanzó el 6,8% del PIB −superando ampliamente la previsión del 5,6%− evidencian la gravedad del panorama fiscal. Particular preocupación genera el impacto de este aplazamiento en el Consejo Nacional Electoral, cuyo presupuesto se verá reducido en 600.000 millones de pesos, lo que equivale a un recorte del 56%”.
Posteriormente, la presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano de Alianza Verde, señaló que “no se puede hablar de aplazamiento, sino que el recorte de $12 billones ya se sabían y es muy grave, es una cosa dramática para el país, para las regiones. Uno de los proyectos que se está viendo afectado es el Metro de Bogotá, pero el presidente no puede creer que por su “cizaña política” va a tumbar este proyecto. El Distrito tiene los recursos para con esfuerzo asumir el flujo de caja de este año de la nación, pero el Gobierno está en la obligación de cumplir con la economía del país y con los compromisos de la nación en estas inversiones”.
Una nueva reforma tributaria
Los parlamentarios fueron concretos en advertir que esta iniciativa del Gobierno no tiene asidero en el Congreso de la República, la senadora Lozano afirmó que “aún no se conocen los decretos de conmoción interior y el Gobierno pretende dejar como ley los impuestos que se van a decretar bajo el amparo de una conmoción interior, pero no existe tal decreto. No podemos especular con esta situación que es muy seria y no veo que se pueda ni se deba poner en el bolsillo de los colombianos más impuestos”.
A su turno, el senador Gómez Amín expresó que “se mantiene la línea de ser “una dictadura fiscal”. No respetan la institucionalidad democrática ni fiscal del país. Es un camino peligroso y antidemocrático, ya que está estableciendo impuestos en un Estado de excepción, sobrecargando el tejido empresarial y sin recortar el excesivo gasto burocrático. No hay que olvidar que este Gobierno, en 2023 y en 2024, los presupuestos aumentaron en 71 y 80 billones de pesos, respectivamente, frente a su año anterior. Entre otras razones gracias al comportamiento resiliente del sector privado, pero esos recursos no se ven, no se ejecutan, no se traducen en bienestar. La plata se gasta en burocracia no en inversión”.
A posteriori, el senador Miguel Uribe manifestó que “en diciembre del año pasado, en el Congreso rechazamos la reforma tributaria debido a la creciente presión sobre el bolsillo de los colombianos. Aumentar la carga impositiva significaría asfixiar aún más la economía y el bolsillo de los colombianos. Una de las medidas propuestas es la creación de una contribución especial sobre las exportaciones de crudo y carbón. Esta iniciativa resulta preocupante, ya que el sector extractivo atraviesa una recesión: entre enero y septiembre de 2024, su actividad económica se contrajo un 4,2%, se han perdido aproximadamente 20.000 empleos, y Ecopetrol reportó una caída del 26% en sus utilidades durante los primeros tres trimestres del año”.
Riesgos de incumplir la Regla Fiscal
Los congresistas le dijeron a EL NUEVO SIGLO que, en relación a perder la calificación en inversión, el país tendría problemas para asumir la deuda externa. El senador Mauricio Gómez señaló que “el gobierno ha persistido en hacer cuentas con un recaudo inflado, sobre la base de unos ingresos inexistentes, para justificar el incremento del gasto en burocracia y el sostenimiento de bodegas. Si el Gobierno no recorta el presupuesto en 40 - 50 billones de pesos la regla fiscal no se cumplirá este año. Y este es un tema, que no solo afecta el cumplimiento de una regla numérica de presupuesto, todo colombiano debe saber que más déficit fiscal es igual a más inflación. La falta de control, de gerencia pública, la pagamos todos con nuestros impuestos”.
Igualmente, la senadora Angélica Lozano dijo que “nos preocupa que según el informe que está por publicar el Comité de la Regla Fiscal (CARF), con base en el plan financiero que publicó el Ministerio de Hacienda muestra que el hueco fiscal es mayor a 60 billones de pesos adicionales, no hay Gobierno ni el actual ni ninguno que pueda aplicar tal recorte. Lo que muestra el desplome del recaudo de la economía, entonces es muy serio y estamos hablando de una bomba de tiempo la que se agranda con más deuda”.
Por su parte, el senador Uribe Turbay advirtió que “para cumplir con la regla fiscal, es imperativo un ajuste de 40 billones de pesos. Sin embargo, este recorte debe centrarse en la reducción del aparato burocrático y la optimización del gasto corriente, en lugar de afectar la inversión en infraestructura, educación, salud y sectores productivos, que son clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Un ajuste mal direccionado pondría en riesgo el desarrollo del país y agravaría la crisis fiscal sin resolver sus causas estructurales”.
Duro ambiente fiscal enciende las alarmas en Cámara
Los representantes Oscar Darío Pérez del Centro Democrático y Álvaro Monedero del Partido Liberal, explicaron a este Medio que, aunque la situación no es fácil, no se puede hablar de crisis económica en Colombia, por ahora.
El representante Monedero destacó que “el Gobierno tiene la opción de una ley de financiamiento para suplir el déficit, ha sido duro el castigo para muchas entidades porque esos $12 billones se fueron en inversión y no en funcionamiento. Otras medidas que puede tomar el Gobierno, dependiendo del avance en la economía nacional. Hay que esperar el decreto del Gobierno sobre los impuestos de la conmoción interior porque aún no los conocemos, siempre y cuando no manden a la ilegalidad a los sectores económicos, podría pensarse en dejarlos temporales o ajustarlos en caso de sean muy altos”.
A su turno, el congresista Oscar Darío Pérez sostuvo que “la determinación del Gobierno implica posponer el gasto dependiendo de cómo se comporten los recaudos tributarios. Si fueran suficientes se reactivan esos gastos congelados. Si no se pospone la congelación o se aplazan en forma definitiva. El Gobierno presentó tres decretos con fuerza de ley para recaudar impuestos, los juegos de azar pagan impuestos, y las apuestas por plataformas, esto sumado a los juegos de suerte y casinos que se realizan con apertura al público. Sin embargo, no hay ambiente político para que el Congreso apruebe la extensión de permanencia en esos decretos para que se creen más impuestos”.