EN LA actualidad cinco de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) están con directores encargados porque la elección de tres de ellos fue anulada por el Consejo de Estado, en tanto que en Corpouraba quien estaba al frente renunció por motivos personales, y en Coralina el proceso para el actual periodo, 2024-2027, ni siquiera ha arrancado. Como consecuencia, en estas entidades se adelanta otro proceso eleccionario para la escogencia de los nuevos titulares.

Las CAR son entes corporativos de carácter público integrados por las entidades territoriales, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, encargados por la ley de administrar en su jurisdicción el medioambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

En la actualidad tienen director encargado Corpouraba (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá); CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindío); Corpomojana (Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge); Corpomacarena (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena); y Coralina (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

Los directores de las CAR fueron elegidos a finales del año 2023 para el periodo 2024 - 2027, proceso que no estuvo exento de polémicas por la forma como se llevó a cabo en algunas de ellas, que incluso llevó a que se presentaran varias demandas ante el Consejo de Estado contra la elección que se hizo; así como porque estas entidades rechazaron lo que consideraron una intromisión del Gobierno.

El entonces director de Asocars, Ramón Leal, gremio que agrupa a las CAR, dijo por esos días que “para efectos de los procesos de elección de sus directores, son los consejos directivos de cada corporación, de los cuales hacen parte la ministra de Ambiente directamente o a través de sus delegados, y un delegado del presidente de la República, los competentes para adelantarlos. No es procedente que el Gobierno nacional a través de otras figuras, instancias o funcionarios, intervenga en actuaciones administrativas, que desarrollan organismos autónomos, cuando además existe el acompañamiento preventivo que viene adelantando la Procuraduría General”.

Con director encargado

En enero de 2024 Alexis Cuesta se posesionó como el nuevo director de Corpouraba, sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve porque en mayo de ese año fue capturado, investigado por presunto abuso sexual con menor de edad.

Como consecuencia, el 24 de mayo pasado el consejo directivo de Corpouraba designó como director encargado a Jorge Tamayo, quien se mantiene hasta el momento en el cargo.

Para el caso de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en julio del año pasado la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de Jaider Lopera Soscué como director general porque el consejo directivo durante la convocatoria no le dio el trámite debido a una serie de recusaciones en contra de algunos de sus miembros.

Por ello, el consejo directivo de la CRQ en agosto pasado designó como director general encargado a Juan Cortés Orozco, quien sigue en el cargo porque para la escogencia de un nuevo titular se deben solucionar antes los trámites que condujeron a la nulidad de la elección de Lopera.

Igualmente, por un fallo del Consejo de Estado se cayó la elección del director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge (Corpomojana), Giovannys Medrano Martínez, atendiendo una demanda que presentaron ciudadanos y el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes argumentaron que hubo desconocimiento del debido proceso.

Así mismo, el Consejo de Estado en fallo del 20 de septiembre del año anterior anuló la elección de Jhorman Saldaña como Director de Cormacarena, producto de una demanda de acción de nulidad electoral que radicó Carlos Alberto López, contralor de Villavicencio, junto con otros ciudadanos.

La demanda prosperó porque el Alto Tribunal encontró que el consejo directivo de Cormacarena no le dio el trámite correspondiente a las recusaciones que se presentaron contra algunos de sus integrantes durante la convocatoria para la elección del director general.

Adicional a ello, el Consejo de Estado tuvo en cuenta que el consejo directivo de Cormacarena realizó dicha elección en una sesión extraordinaria del 12 de diciembre del año 2023, sin antes modificar el cronograma del proceso.

En tanto que Coralina no ha elegido director general para el actual periodo. Por ello, la Procuraduría General de la Nación en septiembre pasado le pidió al consejo directivo reanudar el proceso para tal fin, luego de que se ordenara la suspensión en octubre de 2023.

Refiere el ente de control que a pesar de que el Consejo Directivo expidió el Acuerdo No. 007 de agosto 16 de 2024, el cual modificó el Acuerdo No. 004 de 2023, que reglamentó el procedimiento, dicho proceso debió culminar a finales de 2023, luego de haber sido sometido a recusaciones y acciones legales, de las cuales ninguna prosperó y frente al cual, no hubo evidencia alguna de irregularidad hasta la etapa que se alcanzó a surtir, que fue el cierre de la urna.

En la solicitud enviada, la Procuraduría expresa que salvo que exista decisión judicial que disponga lo contrario y teniendo en cuenta que no hay ningún fallo que ordene retrotraer el proceso, se exhorta a la continuidad de la elección cumpliendo la Directiva 012 de 7 de septiembre de 2023, expedida por la procuradora General de la Nación y el marco vigente establecido para la elección de los directores generales, con especial vigilancia de los principios que rigen la función administrativa.

El 25 de noviembre pasado, Coralina determinó en el Acuerdo 009 facultar a su subdirectora jurídica para que se efectúe la revisión del proceso de elección del director general. A la fecha se está a la espera de que se haga la convocatoria.

CAR Cundinamarca

La Procuraduría llamó la atención esta semana a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- ante la ausencia del representante del sector privado en la mesa del consejo directivo, y cuya elección no ha sido posible.

El Ministerio Público puso de presente que “el consejo directivo de la corporación tiene funciones clave como las de adoptar los estatutos, definir la planta de personal, autorizar créditos y participar en la creación de sociedades. También aprueba la estructura interna, planes de gestión, presupuestos y elige o remueve al director General. Además, designa directores encargados, solicita informes y maneja denuncias. Si no cumple con estas responsabilidades, se pondría en riesgo la eficacia y operación de la Corporación”.

Es por estas razones que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública exhortó a la entidad a cumplir el proceso lo más pronto posible y de esta manera no ver afectado el normal funcionamiento de la corporación.