Uno de los debates más recurrentes desde que entró en vigencia la Constitución de 1991 ha sido la viabilidad o no del esquema de transferencias de recursos desde las esferas del Gobierno Nacional Central a los departamentos y municipios.
Ese pulso ha tratado de ser resuelto a través de distintos mecanismos, siempre teniendo como trasfondo la no menos compleja discusión sobre el andamiaje de la descentralización político-administrativa y el nivel real de autonomía de departamentos y municipios, más aún en un país que, por mandato constitucional, debe propender por el fortalecimiento regional. Esto, claro, bajo la directriz del artículo 1 de la Carta Política: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”.
Como se sabe, tratar de aterrizar ese esquema al día a día del funcionamiento estatal no hay sido nada fácil. De hecho, el Congreso aprobó a finales del año pasado la que es considerada como la reforma más ambiciosa al respecto en las últimas décadas: la modificación del Sistema General de Participaciones (SGP), que define el volumen de los ingresos corrientes de la nación que se pasa a las administraciones departamentales y municipales.
Dicho acto legislativo, frente al cual varios congresistas y distintos sectores anunciaron sendas demandas ante la Corte Constitucional, establece que las transferencias de los ingresos corrientes de la nación a los gobiernos seccionales y locales aumentarán de manera progresiva del 25% actual al 39,5% en doce años. Estos presupuestos deben ser utilizados para fortalecer la autonomía fiscal de los municipios, distritos y departamentos, con una inversión social prioritaria en servicios de educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.
Sin embargo, ese nuevo esquema arrancará cuando el Congreso apruebe y entre en vigencia una futura Ley de Competencias Fiscales que debe establecer los servicios, rubros y gastos que hoy se financian con el presupuesto nacional y pasarán ahora a ser responsabilidad de las gobernaciones y alcaldías. Incluso, la reforma constitucional al SGP fija un plazo perentorio tanto al Gobierno como al Parlamento para redactar, discutir y aprobar esa iniciativa complementaria.
Pues bien, ahora ese escenario puede cambiar sustancialmente: llegó al Parlamento el proyecto de ley que pide convocar un referendo de autonomía fiscal que plantea la posibilidad de que el recaudo e inversión de los impuestos de renta y patrimonio dejen de ser de la nación y pasen a los departamentos y el Distrito Capital.
Los promotores de este mecanismo de participación popular sostienen que, si Senado y Cámara aprueban este proyecto de referendo, para el cual se recogieron más de tres millones de firmas de respaldo el año pasado, de las cuales ya la Registraduría acaba de avalar más de 2,2 millones, los ingresos de los departamentos aumentarían sustancialmente e incluso, mediante la creación de un fondo de compensación, muchas regiones recibirán “mínimo” el doble de lo que hoy perciben vía SGP.
Justifican la iniciativa, que debe comenzar a ser discutida inexorablemente, en que si bien los municipios tienen rentas propias (como el impuesto predial), los departamentos no y sus ingresos más importantes provienen de fuentes arcaicas, como los tributos a licores y tabaco. Esto lleva a que las regiones tengan una alta dependencia de las transferencias de la nación y del criterio coyuntural del gobierno de turno, lo que profundiza el centralismo político, económico y administrativo.
¿Qué pasará ahora con estos tres flancos en paralelo: reforma aprobada al SGP, confección de la futura Ley de Competencias para llevarla al Congreso en próximos meses y discusión obligatoria del proyecto de referendo? Esa es la pregunta.
Mientras que para algunos analistas se trata de asuntos complementarios, otros advierten que hay un evidente cortocircuito funcional en sus alcances, tiempos, impactos fiscales y fuentes de ingresos contempladas. También se discute cuál de los dos caminos garantiza una mayor descentralización y una política eficiente de superación de brechas de desarrollo y progreso entre las regiones con más potencia económica y las más débiles.
De igual manera, no se puede desconocer que este pulso normativo se da en momentos en que comienza un año electoral y los senadores y representantes tienden a tener mucho cuidado con los temas que impactan sus fortines de votos regionales. Y, como si lo anterior fuera poco, este proyecto de referendo ha generado contrapunteo entre el Gobierno y la oposición, al tiempo que aterriza en el Legislativo en medio de una grave crisis ministerial y de gobernabilidad que, por obvias razones, ya está impactando la ecuación de mayorías y minorías parlamentarias en comisiones y plenarias.
Se viene, en consecuencia, un pulso político, partidista y regional de amplio calado que debe ser resuelto de manera responsable y proactiva, más aún en medio de una crisis fiscal sin precedentes en el Gobierno Nacional Central.