CON LA  presencia testimonial del presidente encargado y ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las sesiones extras en Cámara de Representantes retomaron la discusión de la reforma a la salud. El proyecto avanzó en su debate en esta corporación, a pesar de las denuncias realizadas por varios miembros, incluidos los dos vicepresidentes Jorge Rodrigo Tovar y Lina María Garrido, al presentarse un presunto fraude procesal en la convocatoria a estas sesiones.

El principal tema de la jornada se centró en el bloque de artículos referidos a la financiación del sistema, los recursos y el ordenamiento que tendría el sistema de salud en caso de ser aprobado. En ese sentido, la Cámara aprobó, gracias a las grandes mayorías del Gobierno en la corporación, 7 artículos, los comprendidos entre el numeral 21 y 27, y entró en debate otro bloque de 12 normativas entre el numeral 9 y el 21.

Al respecto, la mayor preocupación expresada por los parlamentarios fue la falta de un concepto claro por parte del Ministerio de Hacienda sobre el costo de la implementación de esta reforma y los recursos que ella demandará, pues en la actualidad no han sido atendidas las necesidades mínimas en el sistema de salud, lo que lo tiene al borde del colapso.

Según dijo el representante Hugo Lozano a EL NUEVO SIGLO, “la reforma a la salud cuesta 144 billones de pesos, de acuerdo con los expertos. La reforma pretende entregar superpoderes a la Adres para que administre más de 80 billones del sistema. Esta superentidad no va a tener la capacidad en un año, de pagar y girar a más de 12.000 hospitales y clínicas del país, y tramitar las más de 800 millones de facturas que se generan al año”.

Lozano aseguró que el proyecto se encuentra sin el respaldo justo del ministerio de Hacienda, hecho al que también se refirió el parlamentario Eduard Triana con este Diario. “A hoy no hay un concepto claro sobre su impacto fiscal. Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Ha habido proyectos de ley muchísimos menores que no pasan por no tener este concepto”.

No obstante, para el miembro del partido Liberal Carlos Felipe Quintero, dijo que “de momento no es posible que el Ministerio de Hacienda pueda determinar cuánto pueda costar la reforma. Eso sí, es necesaria una reforma y tiene que meterse la mano al bolsillo al Estado. Hay que avanzar en los programas de prevención de la enfermedad”.

Nuevas funciones a la Adres

Dentro del bloque articulado que quedó en discusión, la reforma otorga diversas funciones a la Adres, entre ellas el manejo de los recursos y los giros tras la prestación de servicios, que, de acuerdo a algunos parlamentarios, abriría una puerta grande a la corrupción en esta entidad y otras entidades de salud.

“Los ponentes aseguran que habría auditorías del 100% de facturas. Eso será solo si las gestoras (hoy EPS) lo hacen, a pesar que se debilitan los incentivos que tienen para evitar gastos innecesarios y sobrecostos. Hay una posibilidad contemplada en el proyecto y es que no haya gestoras en algunos territorios. En ese escenario, la auditoría quedará a cargo del ente territorial o del Centro de Atención Primaria en Salud, y ahí habrá un colapso total”, dijo el representante Andrés Forero a EL NUEVO SIGLO.

Además, Luz Pastrana, representante por el Huila, agregó que “resulta inaudito que a la Adres se le entreguen superpoderes. No hay claridad de cómo se va a hacer la inspección, vigilancia y distribución de los recursos y lo que nos dicen es que el sistema de salud va a quedar en manos de solo un organismo, lo que llevaría a un acabose de la Salud en Colombia”.

Lo anterior, fue respaldado por Piedad Correal, quien apuntó que “el sistema de Salud queda totalmente a la deriva. Antes se sabía a quién se debía entutelar. Ahora ¿se va a entutelar a un gobernador, un alcalde, al ministro de Salud, a la Adres?”. Correal también apuntó que “se está permitiendo que no haya control ni vigilancia, pues no hay conceptos por parte de la Contraloría en los cambios de un rubro a otro”.

Recusaciones

A pesar de estar en medio de la discusión de un bloque de 4 artículos, a la mesa directiva de la Cámara se remitieron dos recusaciones que dieron por finalizada la sesión. La primera fue contra el Partido Liberal, que, según fuentes de EL NUEVO SIGLO en esa colectividad, refería a posibles vínculos de miembros del partido con el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo. Enseguida fue presentada otra recusación, esta vez contra los miembros del partido Alianza Verde, lo que llevó al presidente Jaime Raúl Salamanca a finalizar la jornada.

Las acusaciones fueron remitidas a la Comisión de Ética de Cámara, donde serán evaluadas las impugnaciones, y desde allí se determinará si se podrá continuar con el avance de la reforma a la Salud en las extras de Cámara.

Desacato de Minsalud

Además de su ausencia en el debate, otro de los focos de crítica durante la sesión fue el incumplimiento del ministro Jaramillo a los ordenamientos de la Corte Constitucional por pagar los Presupuestos Máximos adeudados de 2022 y tres meses del año 2024. En ese sentido, el representante Hernán Cadavid presentó una denuncia penal contra el jefe de esta cartera por desacato ante la corte, quien además aseguró en EL NUEVO SIGLO que “tanto él (Jaramillo) como el ministro de Hacienda (Diego Guevara) se han negado a cumplir las órdenes de la Corte”.

Al respecto, Mauricio Parodi del Cambio Radical aseguró con este Diario que “no solamente el ministro incumple con las órdenes de la Corte Constitucional en la UPC, sino también en una crisis sin precedentes de medicamentos. Ya se han presentado múltiples casos de personas que han fallecido por no tener acceso a los medicamentos de sus enfermedades de alto costo”.

Sin embargo, desde la cartera se hizo público un comunicado de manera simultánea que la sesión de Cámara se desarrollaba, en la que aseguró que “el Ministerio de Salud y Protección Social aclara a la opinión pública que NO se encuentra en situación de desacato NI de incumplimiento respecto de los Autos 2049 de 2024 (Sobre presupuestos máximos) y 007 de 2025 (Sobre UPC), toda vez que los mismos NO están en firme”.

Allí argumentan, entre otros, que “se ordena pagar los presupuestos máximos de julio a octubre de 2024 antes de finalizar la vigencia de ese año. Sin embargo, la notificación del auto se realizó en enero de 2025, cuando dicho plazo ya había expirado”, agregando además que “la orden de pago de los presupuestos máximos dentro de los primeros 15 días de cada mes en 2025 no tiene en cuenta el procedimiento establecido en la Ley 1955 de 2019 y en la Resolución 067 de 2025, lo que podría generar conflictos en su aplicación”.