La captura de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', por parte del CTI de la Fiscalía generó una nueva disputa entre un sector del Gobierno y las instituciones nacionales, luego de que Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, dijera que la operación de las autoridades fue un “entrampamiento” y la señalara como un “ataque directo a los diálogos de paz”.

La detención de Rojas, líder negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia surgida tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, fue justificada por el CTI en cumplimiento de la solicitud de extradición por parte de una Corte de los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

A pesar de los señalamientos emitidos por Patiño, quien además intentó mediar con la dirección del CTI y la Fiscalía, desde el Ministerio de Justicia la jefa de esta cartera, Ángela María Buitrago, señaló que “cuando hablamos de una orden de Interpol, tenemos una necesidad de cumplir esa orden, porque hacemos parte del sistema. Y eso significa un compromiso internacional ineludible”, palabras en las que respalda el proceso realizado el pasado 12 de febrero.

En este sentido, y dando respuesta al comisionado Patiño, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, también aseguró “que una circular roja de la Interpol solo tiene una respuesta, y es ejecutarla. Y ninguna autoridad dentro de la Fiscalía puede decirle al CTI que no cumpla con esa labor”.

Además, en relación con la acusación del comisionado, quien aseveró que “este fue un ataque premeditado, pensado, con el fin de afectar profundamente el proceso de paz”, la fiscal apuntó que “si esa persona está en una mesa de negociación, como en efecto lo está, no se detengan los diálogos. Los diálogos no tienen por qué detenerse”. Camargo también reveló que en conversación con Patiño le explicó que la solicitud de extradición “es un trámite y un procedimiento legal que tiene etapas”.

¿Extraditarán a ‘Araña’?

En medio de la controversia, la primera claridad que dejaron tanto la ministra Buitrago como la fiscal Camargo es que se debe continuar el debido proceso, comenzando por la legalización. En este sentido, “hay que hacer una petición formal para extradición por parte del país que requiere a esta persona, siendo una solicitud que debe acompañarse con los elementos que puedan permitir a las autoridades que definan su extradición”, aseguró Buitrago.

Además, puntualizó que es la Corte Suprema de Justicia la que determina si se realiza la extradición, a la par que el Gobierno tiene la opción de dar el aval para continuar con este proceso. Camargo agregó que “hubo una lectura distante del procedimiento” por parte del comisionado, y que, en el caso de los negociadores de paz, las órdenes de captura solamente se suspenden a nivel nacional y no las emitidas por otros países u entidades internacionales.

Sin embargo, la fiscal apuntó que, de acuerdo con la Corte Constitucional y la Ley de Paz Total, “cuando se necesita definir los acuerdos y cuando ya se van a sentar en las regiones, el Gobierno debe acreditar el estado de avance, y la Fiscalía debe evaluar que el estado de avance es una realidad, y ya en ese caso, la misma ley permite que la suspensión de órdenes de captura se extienda a las emitidas con fines de extradición”.

Con ello, finalmente las funcionarias explicaron que alías ‘Araña’ seguirá bajo custodia de la Policía Nacional mientras la legalización del trámite en doble instancia culmina. Entre tanto, los demás jefes de la mesa negociadora de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano abandonaron Bogotá, dejando en suspenso la continuidad de los diálogos con el Gobierno.

¿Más capturas?

En relación con posibles nuevas capturas a líderes negociadores de grupos armados con el Gobierno de los diferentes procesos de paz, la fiscal fue clara y aseguró que “la voluntad de paz que se espera es que las organizaciones criminales vayan superando las economías ilegales de las que viven. Uno supondría que una muestra de paz es que no cometan delitos”, dejando así la puerta abierta a más procesos de captura.

Lo propio hizo la ministra Buitrago, quien citó al presidente Petro al asegurar que “las personas no pueden estar generando actividades ilícitas de narcotráfico, o de otra índole, cuando están sentadas en la mesa de paz”.