En estos momentos el Concejo de Bogotá, como lo ordena la ley, deberá decidir si la capital ingresa o no a la Región Metropolitana de la Sabana, un proyecto de integración que duró décadas en materializarse. No obstante, a su alrededor hay más incertidumbres que certezas, y así se evidenció la semana pasada, cuando esta corporación adelantó dos sesiones de socialización con la ciudadanía.

Por tal motivo, EL NUEVO SIGLO habló con una de las entidades que históricamente ha abogado a favor de que se materialice este proyecto de integración regional, Probogotá, para aclarar dudas. Su presidenta, María Carolina Castillo, explicó qué beneficios traerá la misma y desmitificó varios aspectos a su alrededor.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué lectura tiene Probogotá de la Región Metropolitana de la Sabana?

MARÍA CAROLINA CASTILLO: Para nosotros es muy positivo que la ciudad y los municipios en su entorno cuenten con un instrumento que les permita coordinarse y planificar su desarrollo. La Región Metropolitana de la Sabana no sustituye la competencia ni las funciones de los alcaldes, y está diseñada y concebida para aquellas tareas que los alcaldes solos no pueden hacer.

ENS: ¿Cómo cuál?

MCC: Yo creería que la más importante, apremiante y crítica es el sistema de integración en materia de movilidad. No hay claridad de quién invierte en materia de movilidad en Bogotá y las regiones; no hay un sistema integrado multimodal, no hay integración tarifaria y no hay planeación conjunta de las infraestructuras.

Necesitamos un sistema que funcione como de hecho lo hace en todas las grandes ciudades del mundo: lo tiene Londres, Barcelona, Madrid, París y todas las ciudades norteamericanas en donde el sistema de transporte de los municipios alrededor de la ciudad principal conversan y se integran en lo físico, en la gestión y en lo tarifario. Y eso no lo puede hacer Bogotá sola y no lo hará cada municipio de Cundinamarca solo.

Durante años lo hemos intentado hacer solos a través de los instrumentos ordinarios, con Conpes, por vía de convenios para cada proyecto específico y no lo hemos logrado consolidar. El reto grande aquí es que los sistemas de Metro, Transmilenio y los Regiotram logren integrarse, como todas los sistemas de movilidad grandes en el mundo, y que haya una agencia de movilidad regional encargada de coordinarlo todo.

ENS: Eso en movilidad, ¿cómo incidirá sobre la creación de vivienda?

MCC: Las decisiones de planificación urbana son muy importantes en la mirada de conjunto. Tenemos un crecimiento exponencial de la densificación de los municipios en los últimos años. Esa densificación se está haciendo de la manera menos positiva, porque se están haciendo sin que ellos adapten sus planes de ordenamiento territorial y sin que tengan mejores instrumentos de captura de desarrollo, es decir, mejores plusvalías y mejores impuestos prediales. El efecto de eso es que hoy no hacen una vía nueva, un colegio o un hospital.

Como resultado tenemos un número enorme de nuevas familias en esos municipios, con los mismos servicios que tenían hace 20 años, lo que a su vez aumenta en forma exponencial el número de conmutaciones a Bogotá y van a seguir aumentando. Si no aplicamos de mejor manera las rentas que el desarrollo inmobiliario y urbano genera, a consolidar soportes urbanos, el crecimiento va a ser mucho más crítico que el que tenemos hoy.

ENS: Y frente al tema impositivo ¿qué implicará la consolidación de esta Región?  

MCC: La Ley 2199 de 2022 crea un catálogo de posibles rentas en cabeza de los concejos municipales. Te lo digo con toda la claridad: la Región Metropolitana no puede poner impuestos. ¿Y por qué? Porque en nuestro sistema constitucional solo están habilitadas para crear impuestos las entidades territoriales, es decir, los municipios, los departamentos, las entidades territoriales indígenas y los distritos. Este es un esquema de asociatividad, no es una nueva entidad territorial.

La operación de la Región Metropolitana

ENS: ¿Y cómo va a ser el mecanismo operativo de esta Región?

MCC: Habrá un Consejo Directivo de la Región Metropolitana integrado exclusivamente por los alcaldes tomadores de decisión. Ahí tendrá una silla con voz pero sin voto el Comité Intergremial y se decidirán los hechos metropolitanos a partir de un requerimiento puesto por los propios alcaldes. Ese hecho se estudia técnicamente, se valida y se define si amerita que tenga una planeación general y se definen sus fuentes de financiación, que son de diferente calado.

Entonces, habrá una estructuración técnica y financiera (por ejemplo, en el caso de la movilidad se decidirá si se financia con tarifa, con una aplicación de recursos provenientes de los municipios o regalías), así que en cada caso concreto se definirá si el proyecto, para su cierre financiero, requiere de fuentes adicionales. No es un impuesto lineal para el funcionamiento de la Región; no se va a crear un impuesto para agendarle financiación a la burocracia.

Esta Región necesita financiar sus obras y aquí está contemplada la posibilidad de jalar, en materia de infraestructura de movilidad, la cofinanciación de la nación, 70-30; entonces, si la Región hace un esfuerzo por poner el 30% de los recursos, va a jalar el 70% de la financiación de la Nación, como ha ocurrido con el Regiotram y con el Metro de Bogotá.

ENS: Otra de las preocupaciones de los concejales es que los concejos vayan a perder competencias. ¿Se perderán?

MCC: La norma que les da las competencias a los concejos es el Artículo 313 constitucional. Ese numeral define cuáles son las competencias de los concejos y ninguna fue modificada o tocada. La Región Metropolitana está soportada en una norma específica del 325 que es una norma exclusiva del régimen de Bogotá y, al contrario, en vez de quitarles, les pone.

ENS: ¿Cómo así que la Región Metropolitana les suma competencias a los concejos?

MCC: Les suma competencias porque lo que hace la Ley 2199 es darle una competencia nueva, en este caso al Concejo de Bogotá, y es a que autorice el ingreso de la capital a la Región. Las funciones en materia de ordenamiento del territorio, en materia impositiva, en materia de aprobación de vigencias futuras y fiscales, y presupuesto, siguen siendo competencias de los concejos municipales. Eso no se modifica.

Ahora, se creará un instrumento intermedio, que es el Plan Director, que permitirá que haya una planificación colectiva. ¿Pero quién define si los términos técnicos de esa planificación se ingresan al ordenamiento de Bogotá? El Concejo. Sigue siendo él y eso ya sucede con varios instrumentos como el de la CAR y los Pomca.

ENS: Ya desmitificamos varios preceptos alrededor de la Región Metropolitana pero, ¿cómo explicar qué es y para qué servirá a la ciudadanía?

MCC: Yo creo que la mejor forma de explicarles esto a los ciudadanos es a través de un ejercicio comparado. Hay que entender que en la realidad esta Región ya existe, y en el día a día los ciudadanos se están viendo afectados por la incapacidad de la institucionalidad de poder tomar decisiones en conjunto. No existe la institucionalidad para poder tomar decisiones que permitan resolver los problemas regionales.

Esto, además, permitirá dos cosas adicionales: lo primero, que se podrán idear proyectos de largo aliento para que los convenios no los eche para atrás un nuevo alcalde porque no le gustan. Esta es una institucionalidad aparte de la del gobernador y el alcalde. Y, en segundo lugar, esto nos permitirá tener una visión colectiva de la Región.