La Defensoría del Pueblo emitió una clara señal de alerta sobre las regiones del país que presentan una amenaza electoral significativa, planteando una seria preocupación ante los comicios que se celebrarán próximamente.

Carlos Camargo, expresó su preocupación por varias regiones del país que presentan un riesgo significativo en el contexto de las elecciones. Entre las zonas identificadas se encuentran el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, Guaviare, el Bajo Cauca antioqueño, la región del Catatumbo, Cauca y Arauca, entre otras. Según Camargo, "existen riesgos altos y extremos de violencia debido a la presencia y actividades de grupos armados ilegales en estas áreas".

La situación se agrava en el litoral pacífico, la zona de la cordillera Nariñense, así como en el Pacífico Nariñense, Arauca, la subregión del Catatumbo y el Bajo Cauca Antioqueño. Estas áreas experiman un aumento en la violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, lo que llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir alertas tempranas.

Carlos Camargo señaló que los actores ilegales intensifican sus actividades y presencia en el territorio, con la clara intención de interferir ilegalmente en el proceso electoral. Para contrarrestar esta amenaza, la Defensoría incrementó su presencia en más de 43,000 mesas de votación, 3,200 puestos de votación, y aumentó su pie de acompañamiento en un 57%.

Además, el organismo estará presente en 88 cárceles y 87 Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional, así como en mesas de justicia. En total, la Defensoría estará presente en 291 municipios para brindar apoyo a los ciudadanos y proteger sus derechos durante el proceso electoral.

Por otro lado, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que hasta la medianoche del día previo a las elecciones, se habían registrado 17 alteraciones del orden público, nueve amenazas a candidatos y a las registradurías, 11 incautaciones y dos homicidios en todo el país. Barbosa también cuestionó la iniciativa del Gobierno de ofrecer recompensas por denuncias de compra de votos, argumentando que presenta dificultades en términos de pruebas y ejecución.

La atención se centra en las alcaldías de grandes ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde los candidatos contrarios a Petro, el primer gobernante de izquierda del país, lideran en las encuestas. Además, la situación del orden público se ha deteriorado en los últimos meses debido a la presencia de grupos armados ilegales, como el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las antiguas FARC, que ha obstaculizado la distribución de material electoral y la llegada del Ejército a ciertas áreas del departamento del Cauca.

El evento más grave de violencia ocurrió en la localidad de Gamarra, en el departamento del Cesar, donde una asonada contra la sede local de la Registraduría resultó en la trágica muerte de una funcionaria de la institución y dejó a dos colegas suyas y dos policías heridos.

La Defensoría del Pueblo y las autoridades colombianas se mantienen alerta en medio de este ambiente de incertidumbre electoral y enfrentan un desafío importante para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y libre de intimidación.