La plataforma Uber mantiene su posición de demandar a Colombia por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó el cese de su operación en el país.

George Gordon, director de la compañía para América Latina, calificó esta determinación como “arbitraria”. “Sí, estamos pensando en ese movimiento, pero preferimos otro camino como sentarnos con el Gobierno a hablar cómo se debe regular las plataformas. Evaluamos las acciones legales y están en su curso hasta que veamos que algo cambie, como un decreto del Ejecutivo, por ejemplo”, expresó.

El directivo criticó que Colombia sea el único país de la región en el que han tenido que dejar de operar. “No recuerdo un ejemplo en el que la cancha cambie tanto, donde, literal, somos la única aplicación obligada a pagar”, dijo.

Señaló que la compañía siempre ha estado abierta para dialogar sobre una regulación del servicio. “Llevábamos más de seis años en Colombia, desde nuestro inicio, y hemos estado totalmente abiertos para hablar con el Gobierno de una regulación en el servicio, como lo hemos logrado en otros países”, subrayó.

Reiteró que la decisión de retirarse del país no fue “por decisión propia, sino el acatamiento al fallo del juez de la SIC que, pese a haber sido apelado, obliga a la compañía a cesar, exigencia que solo se hace a Uber y no a las demás apps de movilidad colaborativa, creándose así distorsiones en el mercado”.

Por su parte, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, afirmó que en días pasados se reunió con los abogados de la plataforma. Señaló que le manifestaron que van presentar una demanda contra el país por considerar que no hubo un trato equitativo con la sociedad de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio.

“Hace poco nos reunimos con los abogados internacionales. Nos anunciaron la presentación la demanda. Ellos continúan su posición de iniciar el litigio contra Colombia porque consideran que no hubo un trato justo y equitativo a la luz del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos”, expresó.

“Estos seis meses que prevé el TLC permitiría desarrollar una etapa de conciliación sobre la base de las pretensiones que presente Uber en el documento que aún no tenemos y que será presentado próximamente. Ellos inicialmente solicitaron un decreto de emergencia, lo cual está totalmente descartado. No se puede legislar con un estado de excepción a favor de una empresa. El problema no es el caso de Uber sino es el caso una forma nueva de negocio, un tipo de economía colaborativo, que es un fenómeno nuevo en el mundo que necesita tener un nivel de regulación hacia el futuro”.

Rechazó, además, que hubiese un trato “inequitativo”. “Aquí no ha habido un trato injusto ni inequitativo a la luz de lo que el tratado prevé para esos efectos. La decisión de un juez se debe acatar. Colombia tiene unos argumentos que serán discutidos en su momento”, sostuvo.