La necesidad de evitar que delincuentes judicializados recobren la libertad para continuar al margen de la ley es un clamor ventilado por los alcaldes del país. El debate se reabrió tras el crimen del fiscal Alcibiades Libreros en Cali

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Las capturas adelantadas por el asesinato del fiscal Alcibiades Libreros, en Cali, reabrieron la necesidad de que los criminales no vuelvan a las calles después de ser capturados.

Según dio a conocer el fiscal encargado Fabio Espitia, los presuntos asesinos del fiscal Libreros pertenecían a una red delincuencial dedicada al robo de joyas y ya habían sido capturados pero vueltos a dejar en libertad.

La Fiscalía precisó que Samuel Alvear Ramírez, uno de los capturados, había sido detenido en diciembre portando un revólver no autorizado. Sin embargo, recobró la libertad pues no fue considerado un peligro para la sociedad. Otro capturado, Édinson Fajardo, tenía dos condenas por hurto y porte de armas. Tenía el beneficio de detención domiciliaria.

“Demasiado garantista”

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el exmagistrado Jaime Arrubla consideró que “en Colombia la política criminal se volvió demasiado tolerante, demasiado garantista y prácticamente los criminales están recuperando la libertad muy fácilmente y lo más grave, para volver a delinquir. Lo que hay que hacer es que el Consejo de Política Criminal revise dónde están las falencias, dé las recomendaciones para las reformas legislativas pertinentes y tengamos un sistema que permita la resocialización del delincuente pero no una reincidencia como lo acabamos de ver en este caso”.

Sin embargo, Arrubla advirtió que “el aumento de penas no acaba con la delincuencia. Lo que acaba con ella es la certeza de que se aplique la pena. Esos proyectos individuales deben canalizarse. El Consejo debe ser el que hable al respecto, porque un Congreso legislando a la topa tolondra no conduce a nada”.

Otro expresidente de la corte, Pablo Cáceres, indica que “el sistema penal tiene regulada la reincidencia en Colombia. Lo que se necesita en el país son políticas criminológicas que partan de una estrategia completa, aquí todo lo reducen a modificar una que otra ley pero no hay una política criminal. Yo no he visto una sola política criminal efectiva el consejo no ha funcionado como productor de políticas efectivas”.

El también exmagistrado Jorge Aníbal Gómez le manifestó a este Diario que en Colombia y en el mundo “es imposible acabar con la reincidencia criminal. Eso no es culpa del Derecho Penal. Cuando una persona purga la pena impuesta recupera la libertad, eso es normal, pero la reincidencia es culpa de la persona misma no del sistema penal. Si recupera la libertad por vencimiento de términos o por falta de pruebas, son fallas de la Fiscalía”.

Sobre si la solución son penas más altas para estos delitos, Gómez indicó que Colombia es uno de los países que las tiene así: “Aquí hay un brote de secuestro aumentamos la pena; de extorsiones, igual; como si eso disuadiera, como si eso terminara con el crimen. El Derecho Penal no asusta al delincuente. A él no le importa la pena, porque comete el delito con la esperanza de no ser descubierto y si confiesa se gana la mitad de la pena. Por eso aquí la política criminal no puede ser la de aumentar penas”.

Reincidencia

El 21 de noviembre, el presidente Iván Duque aseguró que en el país debe adelantarse el trámite de una ley que castigue la reincidencia. Según el mandatario, “hay delitos que le duelen al ciudadano: el ‘cosquilleo’, el ‘raponeo’, el ‘fleteo’, los que llevan a que la percepción de inseguridad en los centros urbanos sea muy alta. Y ahí lo que yo espero, ministra Margarita Cabello, altos magistrados, es que podamos sacar rápidamente una legislación que sea efectiva frente a la reincidencia y que tengamos herramientas claras para sancionar a quienes están en estas prácticas”.

Así mismo, el jefe de Estado dijo que “como el delito es mutante y las amenazas son mutantes, necesitamos tomar acciones. Una referencia explícita a cómo enfrentar y derrotar el delito implica ese régimen para la reincidencia y también las modificaciones oportunas del régimen carcelario y penitenciario”.

En su momento, el mandatario indicó que es necesario reflexionar sobre el problema del hacinamiento carcelario, ya que “los cupos que están habilitados a nivel nacional son cerca de 80.000, pero tenemos más de 115.000 personas en las cárceles. Entre otras cosas, porque muchos sindicados, que deberían de estar recluidos en centros para sindicados, con inversión local, terminan siendo trasladados a los centros del orden nacional”.

Por ello, les expresó a los gobernadores y alcaldes del país que “la infraestructura penitenciaria y carcelaria a nivel territorial debe mejorarse y debe mejorarse en función, también, de la sanción oportuna y efectiva a estos delitos que tanto afectan al ciudadano”.

“Nosotros, como Gobierno, esperamos este año dejar no solamente en ejecución, sino de cara a los próximos años, avanzar en un plan de descongestión carcelaria, con infraestructura modular temporal, mientras se va construyendo infraestructura de carácter permanente”, puntualizó.

Prevención

Desde el Congreso también se adelantan acciones para prevenir que los reincidentes vuelvan a las calles. El representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático presentó una iniciativa llamada ‘El que la hace la paga’, por medio de la cual busca castigar a los criminales con cárcel efectiva y aumentar las penas por reincidencia.

“El proyecto que presentamos castiga a los atracadores callejeros, a quienes cometen abigeato y lesiones personales que permite enfocarse primero en la víctima, donde se le indemnizará hasta tres veces el valor del objeto hurtado, de los daños y perjuicios, y todos los daños que haya sufrido”, le dijo Rodríguez a EL NUEVO SIGLO.

Según explicó, “esta iniciativa se enfoca en la víctima para protegerla, donde además el ladrón tendrá que comprometerse a pedirle perdón a la víctima, para protegerla a través de un escrito, e igualmente se compromete a no reincidir. Además el victimario deberá comprometerse a estudiar y trabajar en la cárcel, y pagar una pena pedagógica. Todo esto con penas efectivas en la cárcel hasta un año y dos meses si comete el delito por primera vez. Y si lo vuelve a cometer de dos años y cuatro meses. Y si reincide irá hasta una máxima de 13 años de prisión efectiva. Lo que permite este proyecto es que desde el principio se toma la reincidencia penal”.

Además, Rodríguez indicó que su proyecto permite “cárcel efectiva, trabajo social, pero además un compromiso de no reincidencia para que sea la condena efectiva de prisión intramural de este tipo de delincuentes. El proyecto determina que esto se tiene que hacer en cárceles especiales para este tipo de delitos”. El proyecto aún espera su primer debate.