Por no reconocer responsabilidad por ‘falsos positivos’, a pesar de las pruebas en su contra, la Sala de Reconocimiento remitió el proceso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
La Sala ordenó remitir el proceso del alto oficial a la Unidad de Investigación y Acusación debido a la decisión del general (r) Montoya de no reconocer responsabilidad por su contribución dolosa al surgimiento y consolidación del patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.
La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Antioquia del Caso 03, explicó que “la UIA deberá decidir si acusa al general (r) ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz, donde se llevaría a cabo un juicio adversarial”.
En caso de ser condenado, el general se podría enfrentar a una pena privativa de la libertad de hasta 20 años de cárcel.
“La evidencia del proceso indica que Montoya es penalmente responsable de los crímenes, pues como autor, puso en marcha en la jurisdicción de la IV Brigada, una política de facto de conteo de cuerpos que privilegiaba las “muertes en combate” como único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimaba las capturas como un resultado indeseado y problemático”, dijo la magistrada Catalina Díaz.
Esta política de facto, contraria al Derecho Internacional Humanitario (DIH), creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la población civil y otras personas protegidas, que se concretó en el surgimiento y prolongación del patrón macrocriminal, explicó la Sala de Reconocimiento.
El general retirado sigue bajo investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco de la fase nacional del Caso 03 por los hechos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. que actúa como la fiscalía del tribunal de paz, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial.