Las acciones de distinto nivel para que esta garantía vital se cumpla a cabalidad en Colombia, empezando desde el entorno de conocimiento individual del sistema. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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Según la definición de 1948 de la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, para el médico colombiano Alejandro Jadad, el nuevo concepto de salud, acuñado en 2008, “se enfoca en la capacidad de las personas o las comunidades para adaptarse, o para autogestionar los desafíos físicos mentales o sociales que se les presenten en la vida”.

Paradójicamente, a mitad de camino entre estos dos pronunciamientos, el ministro de salud canadiense, Marc Lalonde, publicó en 1974 el informe "Nuevas perspectivas sobre la salud de los canadienses", documento que los estudiosos de los sistemas de salud conocemos como "The Lalonde Report". Su teoría de los determinantes sociales de la salud es la base de muchos modelos de este sector en el mundo, incluido el de Colombia.

En los términos más simples, Lalonde afirma que la salud está influenciada por condiciones sociales y económicas, enfocadas en cuatro categorías a las que les asignó porcentajes de representación o impacto sobre la salud de las personas y, para ir más allá, comparó estas cifras con el porcentaje de asignación de recursos para su gestión y desarrollo, según se ilustra en la tabla que acompaña este artículo.

Ahora, si nuestro modelo de salud está basado en la teoría de los determinantes sociales y el sistema de salud representa solo 11% de la influencia para conservar o mejorar el estado de salud, ¿por qué en Colombia los problemas del sistema de salud se perciben tan altos, mientras que desde afuera la mirada de expertos nos tiene tan bien calificados?

La explicación podría centrarse en la falsa ilusión de que el cuidado de la salud es una responsabilidad única de los sistemas de salud, como si la teoría de Lalonde funcionara al revés.

Y si lo anterior fuera cierto, hace aún más graves las consecuencias del desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud, como un “contrato” entre el afiliado y su aseguradora (Empresa Promotora de Salud) y de nuestro rol de usuario o cliente; con derechos definidos, amparados, protegidos, reforzados y deberes un poco más difusos.

Tal desconocimiento no hace distinción de condición social, económica o cultural.

El objetivo

La Procuraduría General de la Nación cuenta con un amplio anecdotario de situaciones que ilustran claramente esta afirmación; sin perder de vista el derecho a la igualdad, estudia de fondo cada caso persiguiendo en cada situación de vulneración al derecho a la salud, la falla estructural que lo origina y lo replica en otros individuos.

A lo largo de la historia de reformas legislativas complejas, las preocupaciones de los tomadores de decisiones y hacedores de políticas se concentraron en la financiación de los servicios orientados a atender los individuos enfermos (recordemos la tabla de Lalonde). Todas estas acciones, respaldadas por una inversión importante de los recursos disponibles, desconocen los determinantes sociales de la salud.

En el segundo semestre del año 2019, la Procuraduría ciudadana se propuso ofrecer a la población la orientación y asesoría para identificar la ruta de acceso a los servicios de salud que se consideraban vulnerados. Solo en esa primera interacción, eminentemente informativa y pedagógica, se resolvieron de inmediato el 76% de las solicitudes.

En 2020, el reto será en primera instancia informar y formar a todos los funcionarios de la entidad que, en su condición de ciudadanos y afiliados al sistema de salud, también enfrentan barreras de acceso a los servicios y deben conocer su funcionamiento, con un doble propósito: 1. Su bienestar personal y el de su entorno y 2. La trasmisión del conocimiento adquirido en favor de la construcción y cuidado colectivo de la más relevante política pública del país en los últimos 25 años.

Bases del sistema

Nuestro sistema de salud, en un ejercicio legítimo de equidad (que no es para mí, más que proporcionar al individuo lo que necesita para lograr la igualdad) fundamentó su equilibrio financiero en el principio de solidaridad (quien más tiene, más aporta).

Los logros y los mayores retos de esta política pública radican en la solidaridad. Las normas en las que se basa la contribución y la financiación del sistema de salud y el uso los recursos, han sido vulneradas en múltiples formas que afectan el bienestar de muchas personas, entre ellas las poblaciones más frágiles, deslegitimando el propio sistema desde las conductas de sus actores, todas ellas persiguiendo la satisfacción individual en detrimento de la materialización de los derechos colectivos, afectando el principal activo del ser humano: la salud. Como ciudadanos comprometidos con la ética pública, debemos afianzar estas capacidades, que son el fundamento para que la legislación y el sistema de salud cumplan su misión desde el plano que les corresponde.

La conciencia de la corresponsabilidad en el cuidado del sistema de salud es uno de los objetivos de la Procuraduría, que motiva la participación ciudadana a través de la campaña “Todos tenemos que ver”. Si hay alguna situación en el curso de la vida que sitúa a los seres humanos en el mismo lugar, es la enfermedad. Esto porque es ineludible la pérdida del equilibrio del bienestar y probabilidad de enfermar muchas veces, a lo largo de su ciclo de vida.

Así pues, si el sistema de salud, con esa pequeña participación porcentual en la garantía de la salud de las personas, es la esperanza de la recuperación del bienestar, la invitación de la Procuraduría es a relacionarse con él en circunstancias favorables que propicien la toma de decisiones informadas y conscientes, que primen sobre las decisiones de terceros calificados en una sala de urgencias. 

Todo lo anterior, sin olvidar que el estilo de vida es el responsable de casi la mitad de las probabilidades de enfermar y de aquí la relevancia de la educación en salud y del cuidado del entorno, del porqué de las conductas que se convierten en hábitos de vida saludable y materializan el derecho fundamental a la salud más allá del acceso a los servicios del sistema de salud.

* Profesional de enfermería, administradora de servicios de salud, asesora del despacho del Procurador General de la Nación...