La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por su papel en la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina. Episodio que tuvo lugar en el año 2002, en medio de la polémica "Operación Orión" realizada en la Comuna 13 de Medellín, como parte del denominado "plan de recuperación social".

Arles Edisson Guzmán, de tan solo 29 años en el momento de su desaparición, fue sacado a la fuerza de un restaurante por dos individuos que se identificaron como paramilitares, bajo la excusa de que un comandante necesitaba interrogarlo. 

El fallo de la CorteIDH establece que el Estado colombiano es responsable de la desaparición, así como de la violación de múltiples derechos fundamentales, entre ellos: el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial, el derecho a conocer la verdad, el derecho a la integridad personal y el derecho a la protección de la familia.

La Organización de derechos humanos sostiene que este crimen es atribuible a los Bloques Cacique Nutibara (BCN), que operaban en complicidad con autoridades estatales.

Este caso se enmarca en el contexto de la "Operación Orión", una estrategia conjunta del Ejército y grupos paramilitares que buscaba recuperar el control territorial en la Comuna 13 de Medellín. Sin embargo, esta intervención desencadenó una serie de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida, amenazas de muerte y desplazamientos de la población local.

La CorteIDH subraya que, posteriormente, los BCN se convirtieron en el grupo hegemónico en la zona, perpetuando expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, así como la ocultación de numerosos entierros clandestinos.

Como parte de las medidas de reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones en curso, intensificar los esfuerzos para encontrar a Arles Guzmán, proporcionar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y producir un documental que aborde este doloroso caso.

Además, se establecieron indemnizaciones económicas destinadas a compensar los daños materiales e inmateriales sufridos por la familia de Guzmán.