Con un ambiente tenso y con muchas dudas por una serie de sobresaltos que se han presentado en los últimos días, hoy se realizará en Turbaco (Bolívar), una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz, encabezado por el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y que contará con la presencia de los miembros del componente internacional –el expresidente uruguayo José Mujica y el expresidente del Gobierno español Felipe González.

El motivo para la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz es presentar un nuevo informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz.

Este mecanismo creado por medio del Decreto 1995 de 2016 como parte del Acuerdo de Paz está conformado por representantes del Gobierno nacional, del partido Farc y en el componente internacional, por los expresidentes Mujica y González.

En el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016, las partes escogieron al Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (EU), como veedor y encargado de monitorear el avance del proceso.

Esta semana el presidente Santos reveló algunas cifras de este informe señalando que de los 80 indicadores identificados para cumplir en los dos primeros años, “en un año y cuatro meses, llevamos más del 70%. Y con seguridad se cumplirá el 100% antes de terminar este año”.

Precisó que ha habido “dificultades y retrasos. Pero el balance general es positivo” y citó los aspectos más destacados que se han logrado: seis reformas constitucionales, 42 leyes, 49 decretos, indispensables para implementar el acuerdo que fueron expedidas.

Añadió que todas las reformas constitucionales fueron aprobadas y la de las curules para las víctimas está en curso. En tanto que el 91% de las normas revisadas por la Corte Constitucional ha tenido su aprobación.

Faltan siete leyes que están en el Congreso, con mensaje de urgencia. Entre ellas la ley de reforma forestal, clave para aumentar las hectáreas disponibles para los campesinos.

No obstante diversos sectores coinciden en que la implementación del acuerdo de paz atraviesa una aguda crisis después de la detención del exguerrillero y líder del partido Farc, Jesús Santrich, por presuntamente conspirar tras las firma del acuerdo por enviar diez toneladas de cocaína a EU, según información y pruebas que entregó la DEA a la Fiscalía colombiana, que de inmediato solicitó ante un juez la orden de captura.

Este hecho produjo un fuerte rechazo por parte de dirigentes de Farc, que como Rodrigo Londoño e Iván Márquez aseguran que Santrich es inocente y que se trata de un falso positivo judicial para poner un palo en la rueda de la paz en el país. Además rechazaron que la justicia ordinaria se ocupe de este tema porque el Acuerdo establece que los excombatientes serán cobijados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El fiscal general Néstor Humberto Martínez recordó que los desmovilizados de Farc que recaigan en la comisión de delitos, después de la firma del Acuerdo el 1° de diciembre de 2016 serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria, como quedó establecido.

Hace dos semanas que Márquez se marchó de Bogotá a la zona de capacitación de Miravalle y dijo que no regresará hasta que existan garantías jurídicas para él y los demás integrantes de Farc. Incluso amenazó con no ocupar la curul en Senado que producto del Acuerdo garantiza a esta organización diez escaños en las dos cámaras.

Hernán Darío Velásquez, alias el ‘Paisa’, también abandonó la zona de capacitación de Miravalle protestando por la captura de Santrich.

Incluso en días pasados el diario norteamericano The Wall Street Journal aseguró que la DEA también está investigando a ‘Iván Márquez’, a pesar de que esta semana el fiscal Martínez dijo que no hay tal. Esta versión también fue ratificada por Univisión Noticias.

De igual manera, esta semana se conoció que EU mantiene vigentes las millonarias recompensas contra quince líderes de la ex guerrilla de las Farc, incluidos Timochenko e Iván Márquez.

Además la Fiscalía avanza en una investigación por los supuestos malos manejos que se les han dado a los recursos para el posconflicto; incluso se habrían pedido coimas para la asignación de los contratos.

Violencia

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia en su "Balance general de vulneraciones a los DD.HH. e infracciones contra los pueblos indígenas", denunció ayer que 65 nativos han sido asesinados tras la firma del Acuerdo con las Farc.

"Los pueblos indígenas, siendo el 3,4 % de la población nacional, somos el 2,9% de las víctimas; esto quiere decir que al menos el 20 % de los indígenas del país han sido afectados por algún hecho victimizante", dijo Carmen Guerra, abogada de dicha Comisión.